Gobernadores del PJ le advirtieron a la Corte que un fallo a favor de Larreta por la coparticipación sería “un precedente de graves consecuencias”

Después de la reunión de ayer organizada por la Casa Rosada con los caciques del PJ en el interior del país para sumar apoyos contra Horacio Rodríguez Larreta en la pelea por la coparticipación, 19 gobernadores ejecutaron lo que habían prometido ayer, con discursos enfurecidos, en la explanada de la Casa de Gobierno: elevaron una cargada carta a la Corte Suprema, donde apuntaron contra el monto de los fondos por el traspaso de la policía que dispuso Mauricio Macri en 2018, denunciaron “una verdadera violación al federalismo”, y advirtieron que un fallo a favor de Larreta sería “un precedente de graves consecuencias”.

La misiva ya fue enviada por los gobernadores a la Corte Suprema y luego el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, que los recibió junto Alberto Fernández ayer en la sede del gobierno nacional, hará lo propio en el informe que envía al máximo tribunal semanalmente, en el marco de la causa por la cautelar que interpuso CABA luego de la quita de un punto de la coparticipación que dispuso en 2020 Alberto Fernández y que despertó la alarma del gobierno porteño.

“En este contexto, es de trascendental interés para las provincias argentinas reafirmar la dimensión histórica de la decisión que debe adoptar el Máximo Tribunal en la presente causa”, le dijeron los gobernadores a la Corte. Y agregaron que es “indudable” que “si convalidara (el aumento), ya sea con el dictado de una medida cautelar o al momento de decidir sobre el fondo de la cuestión, estaría sentando un precedente de graves consecuencias para el federalismo y consolidando un paradigma de desigualdad que desde el 10 de diciembre de 2019 se intenta revertir con el accionar coordinado entre los gobiernos provinciales y nacional”.

El documento lleva la firma de Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) Alberto Rodríguez Sáa (San Luis); Gustavo Melella (Tierra del Fuego), y Arabela Carreras (Río Negro).

No fueron de la partida los jefes provinciales opositores, que a pesar de sus enfrentamientos internos con Larreta y de que por momentos están más cerca del Presidente que del alcalde porteño, prefieren mantener las aguas calmas en ese terreno. Así, los radicales Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdes (Corrientes) y Rodolfo Suárez no asistieron ayer al cónclave organizado durante el fin de semana por Interior en Balcarce 50, ni se sumaron a la misiva de hoy.

Tampoco se sumó el cordobés Juan Schiaretti, peronista disidente, distanciado de la Casa Rosada prácticamente desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández, que considera que “el tema ya está en la Justicia” y “no tiene nada para agregar”, según dijeron en su entorno. “Él tiene una mirada más amplia respecto a la distribución de fondos, que también aplicó a la postura sobre los subsidios de la Nación a las provincias”, aseguraron. En febrero, el cordobés, cuando se discutía el tema, había pedido “una ley que establezca con parámetros objetivos cómo se reparten los subsidios para las 24 jurisdicciones”.

Los gobernadores recordaron que Macri, a través del Decreto 194/16, elevó el coeficiente del esquema de distribución de recursos al 3,65 por ciento y remarcó que esto se produjo “sin brindar mayor justificación que permita desentrañar las razones por cuales gozaría de ese beneficio”. Y señalaron que “apenas un mes más tarde”, vía otro decreto, indicaron que los recursos serían destinados a atender las funciones de seguridad pública, a través de un convenio. Se quejaron, entonces, de que no se informó sobre los motivos, cálculos o estimaciones realizadas para a determinar esa masa de recursos, “todo lo cual expresa la irregularidad con que se llevaron a cabo tales actos”, dijeron. Y volvieron a rechazar, como lo habían hecho en una solicitada conjunta en 2020, la exclusión del Congreso para aprobar la medida.

La jugada del Gobierno con los gobernadores tuvo un doble objetivo para la Presidencia: sumar respaldo en la pelea contra Larreta por los fondos coparticipables, y agrupar a los gobernadores afines bajo una causa en común en el marco de la interna del Frente de Todos tras el acuerdo con el FMI. Todo esto, con la articulación de De Pedro, el ministro camporista por excelencia que, a pesar de las disputas del primer mandatario con sus jefes, Cristina y Máximo Kirchner, trabaja en recomponer el vínculo con Alberto Fernández para continuar con un pie firme en la gestión nacional.

Ayer, De Pedro les informó a los gobernadores, en un encuentro en el salón Eva Perón de la Casa Rosada que se prolongó durante dos horas, sobre los montos que se entregarían este año a la Ciudad en concepto del manejo de la Policía, que según el Gobierno triplican los recursos que le corresponden por ley y afectará directamente las erogaciones de fondos para sus provincias. Les dijo que el excedente a favor de la CABA en 2021 fue de 82 mil millones de pesos; y que este año, con los aumentos por inflación, podrían llegar a los 122 mil millones, cuando el año pasado, destacan, el costo de la gestión de las fuerzas de seguridad fue de menos de 30 mil millones.

Los gobernadores, en suma, le pidieron a la Corte que tengan en cuenta una serie de señalamientos que detallaron en el documento de dos páginas, con fecha de ayer. “Quienes suscribimos la presente solicitamos a los Señores Ministros que al momento de resolver tengan en consideración los argumentos reseñados precedentemente, coadyuvando a la construcción de un federalismo justo y equitativo”, culminaron.

El texto fue elevado al Tribunal mientras corre el período de 30 días hábiles que ordenó la Corte para que las partes lleguen a una solución política en la disputa por los fondos que le transfirió la Nación a CABA, que vence el 26 de abril. En caso contrario, el Máximo Tribunal podría dar de baja la quita, hasta tanto resuelva el tema de fondo, para lo cual no hay una fecha límite y podría llevar años. Un escenario que preocupa al Gobierno en un contexto de falta de divisas para hacer frente a los gastos de la administración nacional en el marco de la crisis.

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