El gobierno nacional aseguró que los cupos restrictivos para los argentinos que regresan al país no estarían vigentes si las provincias hubieran dispuesto cuarentena obligatoria en hoteles para los viajeros.
“Lo mejor, lo ideal, es lo de los hoteles. El que llega se aísla y se acabó. No habría cupo. Podrían entrar todos, aislarse en un hotel y luego seguir con su vida normal”, aseguró la directora de Migraciones, Florencia Carignano, en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.
La funcionaria aseguró que el gobierno nacional le trasladó esa propuesta a las jurisdicciones, que tienen la responsabilidad primaria de control, y que hubo sólo tres que decidieron avanzar con medidas en ese sentido: las provincias de Buenos Aires, Salta y San Juan.
“El Ministerio de Salud explicó la importancia de que no ingrese la variante delta en un zoom con todas las provincias, luego sacó una resolución administrativa para que informen cómo iban a aislar a los que vienen y sólo tres respondieron”, reiteró Carignano.
Actualmente rige un límite de 750 personas por día que pueden ingresar al país a través del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. De acuerdo a la última resolución administrativa del gobierno nacional, el número irá aumentando gradualmente en las próximas semanas. No obstante, la restricción genera inconvenientes a miles de argentinos que viajaron sin conocer los planes del Poder Ejecutivo y se encuentran varados por el mundo.
El principal argumento del oficialismo para impedir el ingreso de personas a la Argentina es sanitario: dicen que pretenden retrasar lo máximo posible el ingreso de la variante delta de coronavirus, actualmente presente en los Estados Unidos y en otros países que atraen el turismo local.
Hasta el momento, el Ministerio de Salud detectó 15 viajeros que contrajeron esa mutación del virus. Uno de ellos, residente de CABA, abandonó el aislamiento obligatorio, denuncia el Gobierno. “El 29 empezó con síntomas leves, el 1° fuimos a constatar su domicilio, que no estaba completo en la declaración jurada, hablamos con el portero, tocamos timbre, llamamos a su teléfono celular y no atendió. Nosotros no perseguimos a la gente, hicimos un acta y se la dimos a un juez para que defina si es un delito o no”, relató Carignano.
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