El director de Fundación Faro planteó cómo sostener las reformas más allá de Milei: “Un cambio cultural”

La discusión sobre las reformas de Javier Milei atraviesa la economía cotidiana, desde la presión impositiva y el empleo hasta la educación, mientras el Gobierno busca consolidar un rumbo que sus impulsores consideran pendiente desde hace décadas. En ese escenario, la continuidad política aparece como una condición para sostener los cambios económicos e institucionales, bajo la premisa de que los resultados no se agotan en la coyuntura.

Martín Krause, director académico de la Fundación Faro, planteó en Infobae Al Amanecer que el debate debe correr el foco de las urgencias inmediatas y concentrarse en la duración de las transformaciones. Para el economista, la Argentina atraviesa “un proceso de cambio estructural” y la evaluación de ese proceso dependerá de que las medidas sobrevivan a la actual administración.

El académico sostuvo que el objetivo no debería quedar atado a una figura política ni a un período de gobierno. Al referirse al rumbo que propone el oficialismo, señaló que hace falta un cambio institucional, político y económico “que se sostenga en el tiempo más allá del liderazgo de quien lo lleva adelante”.

Krause ubicó allí una de las principales dudas para las empresas que analizan desembolsos de largo aliento. Las decisiones de inversión, explicó, no se basan únicamente en el escenario electoral más próximo: “Las inversiones son a largo plazo”.

Esa mirada también lleva a revisar el punto de partida de la economía argentina. Frente a quienes todavía no perciben mejoras en su actividad o en sus ingresos, el director académico de la Fundación Faro pidió considerar el deterioro previo: “Que tenga memoria de dónde estábamos, cuál era la situación, a dónde iba el país hace tres años nada más”.

En materia de precios, Krause afirmó que la desinflación no se resuelve de forma automática ni en pocos meses. Al comparar el proceso con antecedentes de América Latina, indicó que en otros países la estabilización demandó “entre dos y cuatro años”, y en algunos casos incluso más.

La baja de impuestos convive con la meta de déficit cero

En cuanto a la la transición entre sectores que avanzan —como energía, minería y agro— y otros que enfrentan menor actividad, Krause rechazó que la respuesta sea volver a las asistencias estatales para actividades que perdieron competitividad y propuso “ir cuidadosamente aliviando la carga sobre todos esos sectores”.

Esa reducción de impuestos y regulaciones, sostuvo, debe convivir con la disciplina de las cuentas públicas. Para el economista, el Ejecutivo no debería abandonar “esa ancla” vinculada a la ausencia de déficit fiscal y a una menor emisión monetaria.

El planteo se extiende a las administraciones subnacionales, que manejan tributos propios como Ingresos Brutos. Sobre la política tributaria nacional, Krause afirmó que el Gobierno “ya ha eliminado muchos impuestos, ha bajado otros”, pero consideró que provincias y municipios deben revisar también sus presupuestos y sus cargas fiscales.

Los gobernadores suelen mencionar educación y salud entre las razones que limitan esa rebaja impositiva. Krause recordó que ambas áreas están bajo control provincial desde hace tres décadas y sostuvo que las jurisdicciones “podrían haber adecuado sus presupuestos a eso”.

La reforma laboral aparece como el siguiente frente

El empleo fue otro de los ejes. Para el titular de la Fundación, los cambios laborales aprobados hasta ahora son insuficientes para modificar el funcionamiento del mercado de trabajo y advirtió que “lo que se ha hecho hasta ahora es un primer paso, pero hay muchísimo más para hacer”.

Su propuesta apunta a reducir el costo laboral sin recortar los salarios, ampliar las posibilidades de contratación y revisar las cargas sociales obligatorias. En ese marco, cuestionó un esquema en el que los aportes no siempre se traducen en beneficios elegidos por los trabajadores: “Hay que dar más libertad”.

La inversión depende de reglas que duren varios gobiernos

Para Krause, la incertidumbre sobre un eventual giro político condiciona especialmente los proyectos de mayor escala. Al describir esa inquietud utilizó la expresión “riesgo Cuca”, con la que aludió al temor de que se reviertan las políticas actuales después de una elección.

El horizonte de los inversores, dijo, es más extenso que el de un mandato presidencial. “Vos tenés que tomar un panorama más largo: cuatro, ocho, doce, veinte años. ¿Qué va a pasar?”, planteó al explicar por qué una ley, por sí sola, no alcanza como resguardo si una administración posterior puede derogarla.

El economista situó la discusión en el terreno de los acuerdos básicos sobre propiedad, contratos y previsibilidad. Más que una garantía normativa, sostuvo que el país necesita que esas pautas se afiancen en la sociedad: “La única garantía final es un cambio cultural”, afirmó.

Krause prefirió, de todos modos, evitar la idea de una confrontación permanente. En lugar de hablar de una “batalla cultural”, propuso un “mercado de ideas” en el que los consensos se construyan desde la opinión pública y no exclusivamente entre dirigentes.

Desde esa perspectiva, señaló que los valores compartidos por la ciudadanía son los que pueden sostener las reglas aun cuando cambien los gobiernos. “Que los valores de la gente sean esos y entonces después va a seguir eso”, expresó.

La educación queda en manos de las provincias y abre el debate por los vouchers

En el plano educativo, el director académico de la Fundación Faro se refirió al proyecto de Ley de Libertad Educativa presentado por el Gobierno. Dijo desconocer el estado parlamentario de la iniciativa y reconoció que hay otras prioridades legislativas, aunque insistió en que las provincias deben ocupar un lugar central porque administran la educación primaria y secundaria.

Krause sugirió que una jurisdicción tome la iniciativa y pruebe una transformación propia, con la posibilidad de contrastar resultados antes de replicarla. “Que haya alguna provincia que se anime y lleve adelante una reforma educativa”, propuso.

La idea incluye más margen para que escuelas y familias elijan contenidos y metodologías, junto con un sistema de financiamiento orientado a los alumnos. “Buscaría un sistema de ayuda o subsidio por el lado de la demanda y no por el lado de la oferta”, afirmó al defender el modelo de vouchers.

También se manifestó a favor de habilitar la educación en el hogar para quienes opten por esa alternativa, aunque precisó que sus cinco hijos asistieron a la escuela. “Creo que los que quieran hacerlo tienen el derecho de hacerlo”, dijo.

El cuestionamiento de fondo, según Krause, apunta a la uniformidad del sistema. A su juicio, la coexistencia de experiencias permitiría determinar qué enfoques alcanzan mejores resultados, frente a un modelo en el que “todos vamos a un molde común”.

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