El gobierno de la provincia de Buenos Aires multaría a un viajero que ingresó al país este jueves y decidió realizar el aislamiento en su domicilio y no en un hotel, tal como lo establece la normativa vigente que obliga a las personas que hayan salido luego del 1 de julio del país que a su regreso -si tienen residencia en territorio bonaerense- deben hacer un aislamiento de cuatro días en uno de los más de 90 hoteles disponibles para el confinamiento y luego estar tres días más en su domicilio.
Este jueves el durante el operativo de seguimiento epidemiológico que realiza el gobierno bonaerense a personas que regresaron del exterior, se detectó que una de ellas -de quienes no trascendieron nombre ni lugar de residencia- no se encontraba en el hotel que había declarado como lugar de aislamiento para los primeros cuatro días de su regreso al país.
“Han llegado muy pocos pocos turistas a la provincia. Nueve bonaerenses han vuelto a nuestra provincia, ocho de ellos certificaron que estaban cumpliendo el aislamiento en hoteles y uno no. Vamos a hacer una fiscalización física y en el caso de que esa persona no se encuentre estaremos labrando el acta y aplicando una multa de 4 millones trescientos mil pesos y una denuncia penal por atentado a la salud pública”, expresó el jueves por la noche el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, ante la consulta de Infobae. Bianco, junto a todo el gabinete bonaerense y otras figuras del gobierno, acompañó al gobernador Axel Kicillof en el acto por el Día de la Independencia que se celebró en la gobernación bonaerense.
Pero en la mañana de este viernes, según supo Infobae, personal del ministerio de Salud bonaerense se hizo presente en domicilio de la persona que ayer no se encontraba en el hotel declarado y, efectivamente, el viajero estaba en su domicilio llevando adelante el aislamiento. Al ponerse en funcionamiento la medida del aislamiento en hoteles, la provincia abrió un registro de establecimientos que al día de hoy es de 95 lugares, que van desde hoteles boutiques a grandes cadenas pasando por aparts o cabañas.
Desde la administración de Axel Kicillof se adelantó que se le labró un acta por incumplimiento de la resolución de Jefatura de Gabinete 192/2021 que establece el protocolo de aislamiento al regreso al país y fija como sanción, la posibilidad de elevar dos denuncias penales. Una, amparada por el artículo 205 del Código Penal que establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”, y otra encuadrada en el artículo 239 también del Código Penal que advierte que “será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”. En este caso, igualmente, se avanzará por la sanción económica. Una penalidad que puede llegar a los 500 salarios básicos de la administración pública, una cifra superior a los 4 millones de pesos.
El gobierno bonaerense decidió este tipo aislamiento al detectar que de las personas que ingresaban al país y vivían en la provincia de Buenos Aires había un 38% no se encontraba realizando el aislamiento en los domicilios declarados. Luego, en acuerdo con la Dirección Nacional de Migraciones, se definió ajustar los controles y desde el primero de julio se dispuso el aislamiento obligatorio en hoteles.

En la última semana, las autoridades bonaerenses notaron una baja en el incumplimiento del aislamiento y apenas el 5% de las personas que ingresaban al país con residencia bonaerense no se encontraba haciendo el aislamiento.
“Estamos preocupados por el ingreso de la variante Delta, por eso establecimos el sistema de aislamiento mixto con cuatro días en hoteles y tres en domicilio. Lo tuvimos que hacer obligatoriamente porque muchas de las personas que se tenían que aislar en sus domicilios íbamos a tocar el timbre de su casas y no estaban lo que constituye un peligro para toda la población, un atentado a la salud pública me animo a decir”, explicó Bianco.
Por su parte, gobierno nacional prorrogó la resolución que impone un límite de 600 plazas en los vuelos que llegan desde el exterior, pese a que la semana pasada el presidente Alberto Fernández analizó la posibilidad de flexibilizar ese número a 1000 o 1200. Ayer, el ministerio de Salud de la Nación anunció que se detectaron dos casos de la variante Delta de coronavirus en dos personas que habían arribado de España y Estados Unidos.
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