Clases presenciales: el juez Furnari rechazó la apelación de los padres y envió la causa a la Corte Suprema

El juez en lo contencioso administrativo federal Esteban Furnari rechazó hoy la apelación que un grupo de padres presentó contra su fallo en el que esta semana le ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no cumpla la resolución por la cual la Justicia porteña le ordenó el fin de semana que las clases sean presenciales.

Así lo decidió el magistrado en una resolución en la que además dispuso pasar la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se tramita el expediente que el Ejecutivo porteño inició para que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 241 del gobierno de Alberto Fernández que suspendió las clases presenciales del 19 al 30 de abril.

El magistrado sostuvo que los padres -los mismos que iniciaron en la Justicia de la ciudad la causa en la que se ordenó que las clases sean presenciales- no son parte del expediente ni pidieron serlo y por lo tanto sus apelaciones “no encuentran recepción legal en la norma de rito” y los rechazó por improcedentes. También mandó el expediente a la Corte: “Elévense -sin más trámite- las presentes actuaciones a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Furnari aceptó el martes pasado un planteo del gobierno nacional que fue presentado tras el fallo de la Justicia porteña. El juez aceptó la inhibitoria planteada por el Estado nacional y declaró la incompetencia del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Y le ordenó al gobierno porteño que no haya clases presenciales, lo que la administración de Horacio Rodríguez Larreta no acató al entender que el magistrado no era competente y seguía vigente el fallo de la ciudad.

El juez mandó todo el expediente a la Corte, pero el máximo tribunal le devolvió el caso porque un grupo de padres había apelado y debía darle trámite a esas presentaciones.

“La intervención del juez (Furnari) estaba limitada a pronunciarse sobre su competencia para conocer en los procesos que tramitan ante el fuero local (Contencioso Administrativo, Tributario y de las Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), existiendo única y exclusivamente dos alternativas: declarar su competencia o rechazar el pedido de inhibitoria efectuado”, se sostuvo en las apelaciones.

Y continúa: “Resulta llamativo que el magistrado interviniente haya obviado incluso el hecho de que el GCBA, conforme lo manifestó la Procuración General en medios masivos de comunicación, pusiera en su conocimiento -antes de que dictara el fallo- tal situación, avanzando de todas formas del modo en que lo hizo, contrariando toda regla de Derecho”.

La presentación también sostuvo que “el fuero federal no actúa como instancia de apelación o fuero superior a otro. Es un fuero, que entiende en determinada materia y asuntos reglados por la Constitución y normas infraconstitucionales. Si se admitiera su ubicación por encima de otros, sin hesitación alguna, habría que imponer como verdad legal irrefutable que estaría alterando el sistema de organización judicial, tal y como se encuentra diagramado en nuestro país”.

Pero el juez Furnari entendió que los padres no tenían facultad de apelar y rechazó sus planteos. Ahora los padres podrían insistir con una apelación ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

Este expediente ahora pasó a la Corte Suprema. Allí se ponen todas las miradas para una decisión final sobre la discusión planteada. El próximo martes a las 9:30 vence el plazo que el máximo tribunal le dio al gobierno nacional para responder la demanda de Rodríguez Larreta. Luego, la Corte puede pedirle opinión a la Procuración General de la Nación sobre el fondo del conflicto para luego decidir.

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