Un juez federal ordenó a la Ciudad que suspenda las clases presenciales hasta que defina la Corte

Aunque la Corte Suprema aceptó este lunes su competencia en la demanda presentada por la Ciudad de Buenos Aires sobre las clases presenciales, un juez federal decidió fallar esta tarde ante un planteo del Gobierno nacional. El magistrado Esteban Furnari, del fuero Contencioso Administrativo Federal, admitió parcialmente la inhibitoria planteada por el Estado nacional y declaró la incompetencia del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.

Tras la decisión judicial, la Ciudad confirmó que finalmente hoy habrá clases. Es que como la Corte ya aceptó el caso y le dio una plazo de cinco días al Gobierno nacional para que conteste, en el Gobierno porteño consideran que “no corresponde que un juez tome el caso en estas condiciones”, dijo una fuente de la Procuración minutos antes que se conozca el fallo de Furnari, un juez nombrado durante el gobierno de Cristina Kirchner.

En su resolución, Furnori dispuso que la causa se remita a la Corte Suprema, “haciéndose saber a la Sala IV de la Cámara de Apelaciones y al Juzgado 1 de aquel fuero que deberán instrumentar la remisión ordenada”.

En la misma resolución, el juez que había sido sorteado ante la demanda presentada ayer a la mañana por la Procuración del Tesoro dejó sin efecto la resolución cautelar dictada el domingo por la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad.

“Hay que ver si la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo acepta la competencia de Furnari. Si no la acepta, la decisión queda en manos de la Corte”, advirtió una fuente de la Ciudad.

En el final de la resolución, Furnari se refirió a la trascendencia social detrás del debate jurídico: “Quiero dejar claramente asentado que no está en el ánimo del suscripto generar mayor incertidumbre en la sociedad, sino -muy por el contrario- arrojar luz respecto de cuestiones que debieron permanecer al margen de una confusión de estas características y trascendencia, suscitadas por una decisión para la cual no había espacio y que, bajo la apariencia de un acto jurisdiccional regular, receptara apenas el sentir popular de una parte importante de aquélla, llevando efímeras expectativas a sus integrantes”.

El lunes, la Corte Suprema de Justicia aceptó su competencia originaria en el caso ante la acción declarativa de certeza presentada por el gobierno porteño y le corrió traslado al gobierno nacional para que conteste y aporte pruebas.

El fallo, al que accedió este medio, fue dictado con el voto de los ministros Carlos Rosenkrantz, Carlos Maqueda, Horacio Rossatti y Ricardo Lorenzetti. Elena Highton se expresó en disidencia porque considera que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “no es un sujeto aforado a la jurisdicción originaria” del tribunal.

El conflicto ahora podría postergarse hasta la próxima semana. Ocurre que la Corte tiene la facultad de pedirle opinión nuevamente a la Procuración General sobre el fondo del asunto. El viernes, en tiempo récord, la procuradora fiscal ante la Corte, Laura Monti, ya se había manifestado a favor de que la Corte tomara el caso. “La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el mismo puesto que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales y, por lo tanto, el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostuvo Monti.

El viernes, minutos antes del encuentro en la quinta de Olivos entre el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno, el Gobierno de la Ciudad presentó un acción declarativa de inconstitucionalidad contra el decreto 241 que suspendió las clases presenciales en el AMBA del 19 al 30 de abril por el aumento de casos de coronavirus en esa región.

Un detalle que no es menor: la Ciudad solo objetó el artículo 2 del DNU, que dispone la suspensión de las clases presenciales. No cuestionó la totalidad del decreto. ¿Por qué se tomó esa decisión? “Hay una arbitrariedad manifiesta en la decisión de cerrar las escuelas, ya quedó bien claro que no es el remedio, lo demostramos con las estadísticas, pero alguna restricción era entendible (en el caso de los bares y restaurantes). Por eso se decidió concentrar el reclamo en las clases, no queríamos perder el foco”, explicó un alto funcionario porteño.

Traducido: fue una decisión política, que terminaron acatando los abogados de la Ciudad. Dentro de la Procuración, igualmente, hubo debate sobre los avances del reclamo. “Todo el DNU es inconstitucional, al no plantearlo dejamos el antecedente que el Presidente pueda volver a tomar medidas de la misma naturaleza sobre la Ciudad”, fue una de las posturas disonantes.

De hecho, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, presentó ayer un amparo contra todo el DNU, también en el fuero Contencioso Administrativo Federal. En la Ciudad le restaron importancia a esa movida. Creen que es parte de la puja de poder con el ala dura de Juntos por el Cambio.

La batalla judicial por las clases representa un nuevo capítulo del enfrentamiento político que están protagonizando el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, esta misma tarde la Procuración del Tesoro presentó hoy un planteo de incompetencia ante la Corte en la causa por la coparticipación federal, apenas 24 horas antes de la audiencia de conciliación convocada por el Máximo Tribunal.

El fallo completo:

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