La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) publicó un informe en el que denuncia “agresiones contra periodistas y ataques contra medios” en lo que va del año en Argentina, entre ellas, las “restricciones importantes a la libertad de prensa en este período” que llevó adelante el gobierno de Formosa.
El reporte señala, además, el “acoso judicial con la intención de criminalizar la labor periodística” para lo que pone como ejemplo a los periodistas Daniel Santoro, Diego Cabot e Irene Benito.
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“Denuncias infundadas desde sectores afines al poder o jueces alineados con el kirchnerismo impulsan causas para criminalizar la labor periodística o neutralizar investigaciones”, apuntó la organización empresaria.
El texto recoge la situación vivida en la norteña provincia de Formosa en donde, se afirma, que hubo “restricciones excesivas a la circulación, impidieron el ingreso de la prensa a la provincia y se limitaron las coberturas de periodistas locales sobre hechos de violaciones de derechos humanos en centros de aislamiento por COVID-19”.
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La mención apunta a lo ocurrido el 5 de marzo pasado, cuando una manifestación pública contra las restricciones a la circulación terminó con una represión policial, donde la policía hirió con balas de goma a un periodista y detuvo a otra de manera arbitraria, durante varias horas.
La SIP hizo referencia al proceso de “lawfare” -el mecanismo conocido como el uso del Poder Judicial para interferir en la vida política- que denuncian dirigentes argentinos como la vicepresidenta Cristina Kirchner. Acerca de ese punto, la entidad expresó su malestar porque “bajo ese argumento de confabulación entre prensa y justicia, se organizó un seminario sobre ‘guerra mediática’ en la Universidad de Buenos Aires, con la participación -ejemplo de víctima del lawfare- de un ex vicepresidente condenado por corrupción”, en relación a la presencia de Amado Boudou en el encuentro académico.
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Además, la organización criticó la “creación de un observatorio estatal de medios en la provincia de Santa Cruz, con naturaleza y objetivos similares a los de Nodio”, el organismo propuesto por la Defensoría del Público de la Nación y cuya creación ya había sido “rechazada por la SIP” y otras entidades representativas del periodismo.
Por último, el informe se refirió a los aspectos económicos de la actividad periodística, donde se concluye que “la prensa argentina enfrenta desafíos crecientes para su sustentabilidad”. De acuerdo a este análisis, el sistema de medios “carece hoy de los subsidios estatales con los que contó en los primeros meses de la pandemia en 2020 y sufre un gravísimo deterioro de sus ingresos en el marco de una profunda recesión y un horizonte sanitario complejo”.
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“Periodistas y medios, no obstante, cumplen con su rol, con coraje y entrega encomiables”, finalizó el reporte.
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