En Panamá la norma que limita el cobro del impuesto por uso de la energía solar vence en diciembre

El vencimiento de una norma clave podría dejar sin reglas claras el cargo que pagan los hogares con paneles solares en Panamá.

La regla transitoria que hoy limita ese cobro expira el 31 de diciembre y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) todavía no tiene lista la propuesta que la reemplazará, según confirmó el organismo por escrito en agosto a la publicación especializada Nexo.

El dato llega en paralelo a otro cambio de fondo en el sector eléctrico panameño. La ASEP aprobó nuevos pliegos tarifarios de distribución y comercialización de energía que entraron en vigor el 1 de septiembre y regirán hasta el 31 de agosto de 2030.

Respecto al impuesto al sol, la publicación reconoce que el término genera confusión, pero no hay tal tributo sobre la luz solar. Lo que está en discusión es un cargo por el uso de la red eléctrica: los postes, cables y transformadores que llevan la electricidad hasta cada vivienda.

Una casa con paneles solares, indica, inyecta energía durante el día y la retira de esa misma red por la noche, como si funcionara de batería. Hoy paga únicamente la diferencia entre lo que saca y lo que entrega, sin un cargo adicional por el uso de la infraestructura.

La red cuesta lo mismo la use o no un cliente con paneles, y casi todo ese gasto se traslada a la factura por kilovatio consumido.

Si quien tiene paneles paga menos por usar la misma infraestructura, ese costo no desaparece Y lo terminan asumiendo los demás clientes, aunque en Panamá no existe todavía una cifra pública de cuánto representa ese traslado.

En 2024, agrega Nexo, los clientes con paneles solares bajo la tarifa BTS (hogares y pequeños comercios) retiraron 38,8 gigavatios hora (GWh) de la red y devolvieron 27,1 GWh.

La proporción equivale a que, por cada 10 kilovatios hora (kWh) tomados, regresaron siete.

Hoy ese grupo suma apenas 7.812 clientes, según los datos que la ASEP entregó al medio, por lo que el traslado de costo hacia el resto de los usuarios resulta todavía reducido.

La norma vigente establece un tope de 5% del consumo y 16% de la demanda por distribuidora. Nexo recordó además que, en 2019, la ASEP ya había descartado crear un cargo específico por uso de red, lo que deja abierta la pregunta sobre qué fórmula aplicará a partir de 2027.

En Panamá no se trata de un tributo sobre la energía solar, sino del cargo que algunos países y expertos proponen para que los hogares con paneles paguen por usar la red eléctrica, incluso cuando inyectan energía durante el día y la retiran por la noche.

A enero, el autoconsumo solar en Panamá superó la barrera de los 7.000 usuarios y alcanzó una capacidad instalada de 192 megavatios (MW), de acuerdo con los registros que monitorea la ASEP.

La cifra confirma la aceleración de la adopción de energías renovables tanto en hogares como en comercios.

Ese crecimiento se apoya en el marco regulatorio de la Ley 37 de 2013, que habilitó la generación distribuida en el país. Para las empresas, instalar paneles se volvió una herramienta para reducir costos operativos y mejorar sus indicadores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

La consolidación de este mercado abre además oportunidades de negocio en instalación, financiamiento y mantenimiento de equipos fotovoltaicos.

El aumento sostenido de los llamados prosumidores, usuarios que a la vez consumen y producen energía, está cambiando las reglas del sector eléctrico panameño y plantea nuevos desafíos para la modernización de la infraestructura de distribución.

Frente al nuevo esquema de pliegos vigente desde septiembre, el Ministerio de Economía y Finanzas adoptó medidas para que el ajuste no recaiga sobre los hogares.

El Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) cubre a todos los clientes con consumos de hasta 300 kWh, mientras que el Fondo Tarifario de Occidente (FTO) beneficia a gran parte de los usuarios de las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro.

Debido a los aportes estatales a ambos fondos, la mayoría de los clientes no tendrá ningún aumento en su factura entre septiembre y diciembre de 2026. Para el resto, que sí podría registrar un incremento en ese período, el Estado otorgará un aporte adicional que cubre la diferencia y evita un mayor pago en la factura, se indicó.