
El procurador interino Eduardo Casal no se sorprendió ante el nuevo embate del Gobierno, ahora en la voz del flamante ministro de Justicia Martín Soria, quien dijo que “está atornillado” al cargo y lo colocó nuevamente en el centro de la pelea por el rumbo de la Justicia. Casal sabe que esas declaraciones son la antesala de una nueva ola de intentos para forzar su renuncia. En la intimidad ya dio a entender que seguirá en su puesto. Es más, en las últimas horas rechazó la intimación de la ANSES para empujar su jubilación, según pudo saber Infobae de fuentes oficiales.
Casal es uno de los 200 magistrados que recibieron en febrero una intimación de la ANSES para que presenten su renuncia en 30 días y dejen el cargo. La nota señalaba que si no lo hacían se procedería a rever el régimen con el que se jubilaron.
Ente los magistrados intimados figuran los jueces de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Taiano, y el juez de Casación Federal Eduardo Righi, entre otros.
El procurado interino contestó en los últimos días la intimación de la ANSES pero la novedad trascendió recién hoy, ante un nuevo embate del Gobierno en su contra. En la intimidad, Casal repite que no piensa renunciar. “Se tienen que poner de acuerdo y nombrar a un procurador”, suele decir a sus allegados. De hecho, la propuesta del presidente Alberto Fernández para que el juez federal Daniel Rafecas sea el nuevo jefe de los fiscales está hace un año en el Senado y hasta ahora no fue tratada.
El procurador interino sabe que es uno de los principales objetivos del Gobierno, no solo por su responsabilidad institucional, como jefe de todos los fiscales, sino también por sus dictámenes ante la Corte Suprema sosteniendo la acusación. En su entorno recuerdan su actuación reciente en los casos de Milagro Sala, Amado Boudou y los jueces Bruglia y Bertuzzi, por citar algunos ejemplos. Proyectado en el tiempo, ese rol puede ser determinando en las causas que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Las declaraciones de Soria fueron leídas en la Procuración como una nueva etapa en la embestida que comenzó hace casi un año con una catarata de pedidos de juicio político contra Casal en el Congreso. Cerca del procurador creen que el nuevo ministro intentará conseguir los votos en Diputados para avanzar con la reforma de la Ley de Ministerio Público.
El proyecto que ya tiene media sanción del Senado establece que para nombrar al procurador se necesitará solo una mayoría simple de votos, dejando de lado los dos tercios. Otro cambio es que el mandato del procurador pasa a ser de cinco años con la posibilidad de un nuevo nombramiento consecutivo del mismo período.
“El método de designación que plantea el proyecto aprobado por el Senado genera que decisiones trascendentales, como la investigación de causas de corrupción, narcotráfico, trata de personas, contrabando, terrorismo y violación a los derechos humanos (entre otras), queden en manos de organismo liderado por un funcionario debilitado y condicionado por el poder de turno”, opinó Juan José Benitez, ex secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, en una columna publicada recientemente en una revista especializada.
La iniciativa que espera su aprobación en Diputados también modifica el sistema de juzgamiento a los fiscales inferiores. Actualmente el jury está conformado con un representante del Poder Ejecutivo, uno del Senado, uno de las universidades nacionales, dos abogados y dos fiscales. El proyecto con media sanción pasa a un representante del Poder Ejecutivo, tres de la Comisión Bicameral (dos de la mayoría y uno de la minoría), uno de las universidades nacionales, un abogado y un fiscal.
“Si se aprueba este proyecto, el kirchnerismo estará en condiciones de remover a cualquier fiscal que lo incomode con sus investigaciones. Así fue el intento frustrado de destituir al fiscal Campagnoli por haber investigado en el caso que finalmente terminó con la condena de Lázaro Baez, entre otros”, concluye un documento que publicaron en forma conjunta la Fundación Pensar, Fundación Alem y el Instituto Hannah Arendt.

Casal asumió como procurador interino en diciembre de 2017, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó. Arrancó como una suplencia y lleva más de tres años en el cargo, todo un récord, superando ampliamente al interinato de Luis Santiago González Warcalde, que estuvo apenas cuatro meses.
Ante las dificultades para elegir a un sucesor, a mediados del año pasado el Gobierno activó un “operativo desgaste” contra Casal desde distintas comisiones del Congreso. Hasta se evaluó la posibilidad de iniciarle un jury como si fuera un fiscal más. Pero nada le dio resultado.
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