Casal se prepara para el embate en el Congreso: “No se dan cuenta del daño institucional que provocan”

El procurador interino Eduardo Casal recibió esta semana decenas de llamados y mensajes de apoyo. Fiscales de todo el país, amigos, y algunos jueces, se solidarizaron por la embestida política en su contra. En el Congreso, el oficialismo se movió rápido pese a la pandemia. La Bicameral del Ministerio Público citó a la fiscal Gabriela Boquín, quien denunció una persecución en su contra. Es solo el comienzo. Al mismo tiempo, la comisión de juicio político comenzará a estudiar una docena de presentaciones. Algunas muy similares, incluso con párrafos copiados. Sin las mayorías necesarias, los embates políticos contra el Procurador parecen encaminados a desgastarlo y forzar su salida.

Casal asumió como procurador interino en diciembre de 2017, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó. Arrancó como una suplencia y lleva dos años y ocho meses en el cargo, todo un récord. Superó ampliamente al interinato de Luis Santiago González Warcalde, que estuvo apenas cuatro meses.

Durante este tiempo, Casal aprendió a convivir con la sombra de un “reemplazante”. Primero fue la candidata de Mauricio Macri, Inés Weinberg de Roca. Y ahora el juez Daniel Rafecas, con quien mantiene buen diálogo.

La transición avanzaba por los carriles naturales hasta que el Gobierno, o un sector, puso en marcha un “operativo desgaste” desde el Congreso. Las espadas legislativas del oficialismo activaron la Bicameral de Ministerio Público para que desfilen ONGs y fiscales descontentos con la gestión de Casal.

El procurador interino está convencido de que las denuncias no tienen sustento. “Estoy plenamente convencido de la seriedad con la que he cumplido mi función. El trabajo que se ha llevado durante este tiempo no merece los cuestionamientos que tan livianamente se realizan. No se dan cuentan del daño institucional que provocan”, le dijo a Infobae.

Casal no tiene diálogo con el Gobierno. Ningún funcionario se sentó en su escritorio para pedirle que se vaya. Tampoco llegaron emisarios. Sus asesores intuyen que la maniobra es impulsada por el ala dura del kirchnerismo. Casal repite que no piensa renunciar. Mientras tanto, en la intimidad se queja del tiempo que le insume su defensa técnica.

El miércoles pasado, el procurador siguió cada minuto de la exposición de la fiscal Gabriela Boquín, a cargo de la causa del Correo Argentino. Convocada a última hora, Boquín denunció una campaña de “persecución” en su contra. ¿El motivo? Hace diez días el Procurador le inició un sumario por denuncias de maltrato y acoso laboral en base a un dictamen de un Consejo Evaluador. En la Procuración destacan que ese mismo Consejo analizó la situación del fiscal Carlos Stornelli. Su composición refleja la amplitud de criterios: entre sus integrantes están el fiscal Alejandro Alagia, vinculado a Justicia Legítima, y la actual subsecretaria de Justicia, Adriana García Netto.

En mayo pasado, ese Consejo recomendó la apertura del sumario luego de analizar todos los testimonios. Casal podía elegir el momento -“quizás no fue el más oportuno”, reconocen en su entorno- pero estaba obligado a avanzar.

Segundo dato. Boquín fue acusada por dos ex empleadas de su Fiscalía, una acompañada por el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITraju), muy cercano al kirchnerismo. Luego se sumaron seis testigos. Las acusaciones enumeradas por el Consejo Evaluador son muy graves y variadas: maltrato laboral, castigos a los subordinados, corte de la comunicación vertical, gritos, reprimendas, prohibiciones desmedidas y/o absurdas como atender el teléfono o ir al baño, y hasta amenazas.

La fiscal habló en el Congreso de testigos “guionados y coaccionados”. ¿Se puede guionar a ocho personas?, se preguntan en la oposición. La teoría del complot pierde peso.

Visiblemente molesta y por momentos desencajada,la fiscal lanzó una grave acusación para intentar desprestigiar a una de las denunciantes. Dijo que “le entregaba documentación de la causa Correo al diputado Pablo Tonelli”, que actuaba como abogado en el caso del Correo Argentino. Más tarde, ante un comentario de la diputada ultra K Vanesa Siley, la fiscal aclaró que no tenía pruebas sobre esa acusación: “Me lo comentó una persona cercana a ellos, yo no lo vi”.

El tema volvió a aparecer ante la intervención de la senadora Silvia Elías de Pérez. En ese momento, Boquín intentó aclarar sus dichos y generó mayor confusión: “Puede ser que me haya equivocado y en ese caso me retracto, (la empleada) no me entregaba la documentación referida a Pablo Tonelli”.

En pocos minutos, pasó de denunciar una filtración de información a decir que no se la mostraba a ella. Casal no le dio entidad a las denuncias de Boquín. “Esta todo en orden”, minimizó ante sus asesores.

En la Procuración admiten que Boquín tiene una personalidad “conflictiva”. Apenas asumió Casal, la fiscal le mandó un mail con reclamos pendientes de la gestión de Gils Carbó. El Procurador la invitó a su despacho y se ocupó de cada detalle. Pero Boquín nunca cesó con sus pedidos.

En plena pandemia, Boquín llegó a reclamar que la Procuración se haga cargo de los gastos para el traslado de un ordenanza. Uno de esos mails llegó a una casilla oficial cerca de las 22 horas. Sin embargo, Boquín se quejó ante la Bicameral que el Procurador la llamó el miércoles 29 de julio a las 21:13 para avisarle que había firmado la apertura de sumario.

Boquín es la primera fiscal que declara contra Casal pero habrá otros. En las tres primeras reuniones de la Bicameral surgieron los nombres de Juan Pedro Zoni y Leonel Gómez Barbella, dos de los fiscales que estaban en Comodoro Py y fueron trasladados a otros destinos.

También se mencionó al fiscal federal Carlos Stornelli. El kirchnerismo acusa a Casal de haberlo protegido. “Por ese caso se iniciaron dos sumarios administrativos, uno se tornó abstracto cuando se presentó a declarar y el otro sigue abierto a la espera de la causa penal”, dicen allegados al Procurador.

Por el caso Stornelli, Casal fue citado a la Bicameral el 4 de junio del año pasado. Allí expuso durante 4 horas y respondió una batería de preguntas y cuestionamientos que le hicieron los legisladores del Frente de Todos. Nunca más lo citaron ni le pidieron explicaciones.

La avanzada contra Casal se dan en un contexto especial, con la reforma judicial rodando en el Congreso, la “comisión Beraldi” para evaluar cambios en la Corte Suprema y en el Consejo de la Magistratura, y el plan oficial para desplazar a diez jueces federales.

Además de presionar a través de la Bicameral, el oficialismo tiene previsto activar la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, donde se giraron doce presentaciones contra Casal. A los asesores del Procurador les llamó la atención las similitudes entre esas denuncias, incluso con párrafos copiados.

Hasta ayer no había una fecha concreta para la primera reunión de la comisión. “El protocolo de la Cámara venció esta semana, lo quieren apurar pero no hay una convocatoria concreta”, respondió anoche un diputado opositor que integra esa comisión.

El oficialismo tendría los votos suficientes en la comisión para impulsar el juicio político, pero en el recinto se topará con el mismo límite que le impide nombrar a Rafecas: no tiene los dos tercios. Por eso, el Procurador está convencido de que se puso en marcha un operativo de desgaste para que se jubile. Su reemplazante momentáneo sería Victor Abramovich, ex director del CELS y actual procurador ante la Corte Suprema. La relación entre ambos es cordial.

El kirchnerismo duro, que responde a la vicepresidenta Cristina Kirchner, trata de buscar una salida a ese encierro. El plan, todavía en etapa de testeo, es tratar de iniciarle un Jury como si fuera un fiscal más. “No fue elegido por los dos tercios”, argumentan en las filas del oficialismo.

Ese plan no depende del Congreso. Implicaría iniciar un sumario dentro de la Procuración, citar al Consejo Evaluador y pasar por todas las instancias. “Es un disparate, Casal está cumpliendo con las funciones de Procurador y le corresponden las garantías del cargo”, aseguran en las oficinas de la Procuración.