En los barrios más postergados, el consumo problemático deja de ser una preocupación que aparece en la adolescencia y empieza a asomar, según quienes trabajan en el territorio, a edades cada vez más tempranas. Las cifras atribuidas a un informe de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) de 2025 y los recorridos de organizaciones sociales dibujan un escenario en el que alcohol, vapeadores, marihuana y psicofármacos conviven con la falta de cuidados, servicios y respuestas estatales.
Fabián Messina, director de Posada del INTI, puso ese diagnóstico en el centro de la discusión. Desde la ONG, que acompaña procesos de prevención, asistencia e integración de personas con consumos problemáticos y padecimientos de salud mental, sostuvo que la ciudad expresa situaciones que se repiten en otros puntos del país y advirtió en Infobae Al Mediodía que “los consumos no pueden pensarse solamente desde la sustancia o desde la seguridad”.
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Consumo de alcohol en el 47% de estudiantes de hasta 14 años
Un relevamiento de Sedronar indicó que el 47% de los estudiantes de 14 años o menos consumió alcohol durante el último año. Para Messina, esos números exigen correr la mirada de las respuestas tardías: “Hay que llegar antes, cuando todavía se pueden construir condiciones de cuidado con los chicos, las familias y las instituciones”.

El mismo informe consignó que el 22,4% de los estudiantes de esa franja etaria utilizó vapeadores o cigarrillos electrónicos, mientras que el consumo de tabaco alcanzó al 14%. Messina señaló que la naturalización de esas prácticas entre niños y adolescentes obliga a revisar los dispositivos de prevención: “No alcanza con decir que no consuman; hay que saber qué les está pasando y qué red tienen alrededor”.
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Según los datos expuestos durante la conversación, la marihuana apareció con un 6,3%; los tranquilizantes, con o sin receta médica, con un 5%, y los consumidos bajo prescripción, con un 3%. Al referirse a esa combinación, el director de Posada del INTI remarcó que “detrás de cada consumo hay una historia, una familia y condiciones de vida que no se pueden dejar afuera”.
La nómina incluyó también solventes e inhalables, con casi un 3%, y cocaína, con un 2,6%. En conjunto, el 10,6% había consumido alguna sustancia psicoactiva en el último año, siempre de acuerdo con las cifras atribuidas al estudio de Sedronar. Messina consideró que “los porcentajes sirven para dimensionar el problema, pero en el territorio se ve el rostro concreto de ese desamparo”.
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Hay inicios de consumo desde los ocho años
En los sectores populares, relató Messina, se encuentran niños de ocho y nueve años con consumos de marihuana, alcohol y psicofármacos. El referente vinculó esas situaciones con conflictos familiares, problemas de salud mental y trayectorias de exclusión que, según dijo, atraviesan a veces a más de una generación: “Cuando una red se rompe, no se rompe de un día para otro y tampoco se recompone con una intervención aislada”.

También alertó sobre la circulación de una cocaína fumada similar al crack, que diferenció del paco. De acuerdo con su descripción, se trata de una sustancia que golpea con fuerza en los sectores de mayores carencias, aunque empezó a advertirse asimismo entre grupos de clase media. “Está apareciendo en lugares donde antes no la veíamos”, afirmó el director de Posada del INTI.
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Para Messina, el inicio precoz se enlaza con la ausencia de redes de contención y con hogares atravesados por el desempleo, la precariedad y dificultades de salud mental. Por eso planteó que las políticas públicas deben mirar la vida cotidiana de cada comunidad: “No se puede separar al pibe de su barrio, de su familia ni de lo que le falta todos los días”.
Esa perspectiva, insistió, desplaza el foco exclusivo de la sustancia y de la respuesta punitiva. “Hay que poner a la persona en el centro”, sostuvo Messina, al reclamar abordajes que contemplen los vínculos familiares, la escuela, el acceso a la salud y las condiciones sociales que rodean a cada niño o adolescente.
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Un recorrido por la periferia mostró escenas de consumo y desprotección
Messina contó que, mientras fue a buscar delantales a un barrio periférico de Mar del Plata, vio a chicos de entre ocho y diez años que fumaban cocaína cerca de las 17. “No es una imagen que uno espere encontrarse cuando va a retirar delantales”, relató, y precisó que aquella escena lo llevó a insistir con la necesidad de intervenciones urgentes y sostenidas.
En ese mismo lugar, dijo, advirtió la presencia de adolescentes que calculó de 13 y 14 años. Algunas de ellas le insinuaron un ofrecimiento sexual, según su relato. “Lo que vi habla de un nivel de desamparo muy profundo”, expresó Messina, quien evitó convertir el episodio en una asociación entre pobreza y delito.
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Después de aquella visita, el director de Posada del INTI aseguró que activó contactos con organismos municipales, provinciales y universitarios. Su intención, explicó, fue poner en conocimiento de esas instituciones las situaciones detectadas y promover una respuesta conjunta: “No alcanza con que una organización llegue; el Estado tiene que estar donde las cosas pasan”.

En esos barrios, añadió, las dificultades no se reducen a los consumos. Messina enumeró problemas de acceso a la atención sanitaria, la falta de espacios de acompañamiento y carencias básicas, como iluminación, agua potable y recolección de residuos. “Cuando faltan esas condiciones elementales, la vulnerabilidad se vuelve parte de todos los días”, afirmó.
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Presupuesto para salud mental y prevención
El reclamo de Messina se concentra en la falta de recursos para prevenir los consumos problemáticos y asistir a niños y adolescentes. A su entender, las políticas requieren presencia territorial, equipos interdisciplinarios y financiamiento permanente, no intervenciones esporádicas: “La prevención no se hace desde una oficina; se hace estando en los barrios”.
El dirigente mencionó además la Ley de Salud Mental y señaló que su artículo 32 establece una asignación equivalente al 10% del presupuesto sanitario para salud mental y adicciones. Según sostuvo, ese porcentaje nunca superó el 2,2%. “La ley marca un horizonte que todavía está muy lejos de cumplirse”, cuestionó.
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Messina comparó, además, los recursos disponibles para Sedronar con los destinados a seguridad. Según su planteo, la secretaría dispone de USD 20 millones anuales para cubrir las 24 provincias, frente a USD 1.500 millones destinados a seguridad. “Con esa diferencia de presupuesto después se pretende resolver en la calle lo que no se atendió a tiempo”, sostuvo.
La prevención, concluyó, debe empezar antes de que los consumos se instalen y alcanzar también a las familias y a las instituciones que acompañan las infancias. “Hay que trabajar con chicos de cuatro, cinco y seis años, con sus padres, con la escuela y con el barrio”, planteó Messina, al reclamar medidas tempranas que impidan que la falta de asistencia se transforme en una urgencia mayor.
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