El sindicalista Marcelo Balcedo fue beneficiado por la Justicia uruguaya y recuperó más de 2,5 millones de dólares producto de la corrupción

“Devolverle plata al autor confeso de lavado, es como devolverle el arma al homicida; ese dinero es el medio por el cual se cometió el delito”. La sentencia, que suele escucharse en los tribunales federales de Comodoro Py, se aplica como anillo al dedo a Marcelo Balcedo, el sindicalista y empresario millonario condenado en Uruguay por lavado de activos, contrabando y tráfico de armas.

Esto es así porque jueza especializada en Crimen Organizado de Uruguay, María Helena Mainard, decidió liberar los USD 2.635.335 que le fueran incautado entonces titular del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME) y a su esposa, Paola Fiege, durante su detención, ocurrida en su lujosa chacra “El Gran Chaparral” ubicada en Cerro del Burro, el 4 de enero de 2018.

Según se lee en la documentación a la que accedió Infobae, el gremialista autorizó a un apoderado a retirar esos fondos depositados en la cuenta judicial número 10521559739 del Banco República. En cambio, la misma magistrada dispuso que continúen embargados 26.555 pesos uruguayos -unos 600 dólares.

El beneficio al ex dueño del Diario Hoy de La Plata llegó poco después de llegar a un acuerdo con la justicia. Allí reconoció la autoría de los tres delitos que se le imputaba.

Fiege, por su parte, se hizo cargo de haber participado en las maniobras junto a su esposo y fue condenada por “asistencia al lavado de activos”.

El acuerdo con la fiscalía -homologado por la jueza- concedía que ninguno de los dos volverán a la cárcel, ya que se les descontará la prisión preventiva que cumplieron.

El empresario argentino cumple, según el acuerdo judicial “un régimen de libertad vigilada intensiva” que implica lo siguiente: durante el primer año estará bajo “arresto domiciliario total” y en los otros dos estará obligado a “presentarse una vez por semana” en una seccional y tendrá “prohibido salir de su casa por las noches”, es decir un arresto domiciliario nocturno.

Su esposa, en cambio, cumplirá una pena de libertad vigilada y deberá concurrir una vez por semana a una seccional, durante el año que dure la pena.

El cumplimiento de las medidas son garantizadas por embargos a la mansión de Punta del Este de la pareja y a la flota de autos de lujo que le fueron decomisados en ese país, entre ellos una Ferrari, un Porche Broxte, un Chevrolet Corvette, una camioneta Range Rover, una coupé Mercedes y un Mc Laren.

La fastuosa propiedad está ubicada a casi tres kilómetros de la chacra El Gran Chaparral, lugar donde la pareja cumple la prisión domiciliaria, se llama Sounión y tiene vista al mar. La mansión ocupa 2172 metros cuadrados cubiertos y está compuesta por un mirador con ascensor.

El gremialista millonario también es dueño de un camping “ecológico” de 10 hectáreas. Está ubicado sobre la Ruta Número 10 e incluye un complejo de seis cabañas.

La chacra El Gran Chaparral tiene una superficie de 90 hectáreas. En ese lugar la Justicia secuestró una flota de autos de alta gama -valuados en dos millones de dólares-, armas y USD 400.000 en una caja fuerte empotrada.

En el acuerdo con la Fiscalía, Balcedo debió entregar USD 4.000.000 en efectivo, y avalar los decomisos del chalet “Sounión” y de varios autos de alta gama. El total de los bienes decomisado ronda los casi USD 5 millones.

Como ya informó este medio a principios de octubre pasado, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, le había solicitado a la jueza uruguaya María Helena Mainard que no acceda a la devolución de los más de dos millones de dólares reclamados por el matrimonio Balcedo, dinero que, según su investigación, habría sido producto de maniobras corruptas realizadas en la Argentina.

“Dado los efectos directos y negativos que ocasiona sobre las medidas de resguardo adoptadas en autos, es que solicito el dictado de medidas jurisdiccionales tendientes a suspender la medida de devolución y levantamiento de cautelares sobre las cuentas bancarias”, dice el escrito enviado por Kreplak y advierte que “en caso de no adoptarse medidas cautelares idóneas en tiempo hábil, la sentencia recaída en el Uruguay implicaría que los condenados en aquel país recuperasen una porción sustancial del dinero que, según la hipótesis seguida en Argentina, resultaría fruto o provecho de los delitos precedentes del lavado de activos -particularmente, la defraudación por administración infiel al Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (”SOEME”)- y, a la vez, instrumento comisivo del delito de lavado de activos”.

El juez federal de La Plata, en una causa que ya fue elevada a juicio oral -aún no se fijó fecha- ya determinó que la “asociación ilícita” liderada por Balcedo desvío de casi 600 millones de pesos que correspondían a los aportes de los afiliados al SOEME entre 2012 y 2018. La cifra, se destaca en el expediente, representa más del 75% de los ingresos recibidos por parte de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires (DGE).

El gremialista y su mujer, son dos de las principales personas imputadas en la causa de Kreplek, pero hasta ahora no pudieron ser indagados por la negativa de la jueza uruguaya de autorizar la extradición de la pareja.

El tramo principal de esa causa es por el cual fueron procesados la mayoría de los cómplices de Balcedo. Por ejemplo, la presunta “defraudación y administración infiel en contra el sindicato SOEME y lavado de dinero” ya fue elevada a juicio oral.

Allí serán juzgados, entre otros, la madre de Balcedo, Myriam Renée Chávez -quien se quedó a cargo del Diario Hoy hasta su cierre en 2018-; Mauricio Yebra, su mano derecha y quien cobraba los cheques; varios empleados del SOEME; y Sergio Omar Martínez, titular de la empresa El Chaqueñito SA, mediante la cual fueron comprados la mayoría de los autos de lujo secuestrados en Uruguay.

Las imputaciones contra Balcedo y Fiege no progresaron al no poder ser indagados, que es principal medio de defensa que tienen los acusados.

Desde la justicia se recuerda que “el pedido de extradición se hizo inmediatamente después de su detención” y que “fue concedido en todas las instancias en Uruguay, pero la concreción de la extradición se supeditó a la finalización de la causa en ese país o al agotamiento de la pena”.

Lo insólito de esta causa es que podría ocurrir que se resuelva el destino de los cómplices de Balcedo en la asociación ilícita, pero no así el del jefe de la presunta red delictiva.

En los pasillos de tribunales entienden que “como esos hechos ya están probados en el expediente, y no se requieren más medidas de prueba, si se lo pudiera indagar, al menos de forma virtual, se podría adelantar este paso y después sí, ya extraditado a la Argentina, enfrentar el juicio oral como el resto de los procesados”.

Según pudo saber Infobae, en el año 2019 el juzgado federal de La Plata solicitó la aplicación de la figura del “convenio bilateral de cooperación en materia penal entre la Argentina y Uruguay” que establece que se puede realizar una “entrega transitoria” del detenido, por ejemplo, para ser indagado, y que después volviese para cumplir la pena o las requisitorias judiciales en aquel país.

Sin embargo, el requerimiento fue rechazado en primera y segunda instancia.

En el mes de septiembre pasado, Kreplak solicitó que se habilite el juzgado en sede diplomática, siempre sujeto a la posibilidad de viajar en base a las restricciones sanitarias, y ahí poder recibirle la declaración indagatoria. Sin embargo, hasta ahora, este requerimiento, como el de videoconferencia, aun no fue respondido; una actitud, en principio, “incomprensible”.

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