El juez federal Ernesto Kreplak firmó este viernes un oficio para que la Justicia de Uruguay le informe los detalles del acuerdo que celebró con el sindicalista Marcelo Balcedo, quien admitió varios delitos a cambio de no volver a la cárcel y de esa manera logró demorar la extradición a la Argentina. A más de dos años y medio de su detención, el ex titular del SOEME (Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad) todavía no pudo ser indagado por el juez argentino, ni siquiera a través de videoconferencia. Kreplak cuestionó que el sindicalista incluya en el acuerdo bienes que deberían estar embargados. Y sostuvo que eso implicaría “un grave incumplimiento del Tratado Bilateral de Cooperación Internacional que rige a ambos países”.
Según informaron los medios uruguayos, Balcedo y su esposa Paola Fiege llegaron a un acuerdo con Fiscalía y evitaron volver a la cárcel, donde estuvo apenas siete meses y 21 días. El sindicalista fue condenado a cuatro y ocho meses por un delito de lavado de activos, uno de contrabando y otro por tráfico de armas. El resto de la pena podrá cumplirla con la modalidad de libertad vigilada.
A Fiege se le imputaron los mismos delitos pero en calidad de “asistencia” al delito de lavado de activos, que tiene una pena de tres años de prisión.
A cambio, deberán poner en garantía una serie de bienes y además el Estado uruguayo les decomisa cerca de ocho millones de dólares, un chalet ubicado en Maldonado, y cuatro autos de alta gama.
A lo largo del proceso, Kreplak recordó reclamó varias veces que se apliquen medidas cautelares sobre los bienes que están en Uruguay y nunca obtuvo respuesta. Ante la falta de datos concretos, el juez pidió ahora que la Justicia de ese país identifique los bienes que forman parte del juicio abreviado.
“Estima el suscripto que lo contrario implicaría un grave incumplimiento del Tratado Bilateral de Cooperación Internacional que rige a ambos países, lo cual resulta extremadamente preocupante en orden al cumplimiento del mandato de asegurar la actuación de la ley penal sustantiva, que ordena todo proceso penal y en miras a lo cual esta jurisdicción ha realizado todos los esfuerzos conducentes”, dice el oficio enviado ayer a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de la Cancillería y al que tuvo acceso Infobae.
En la Argentina, Balcedo todavía no pudo ser indagado. Sin embargo, la causa que derivó en su detención está a un paso del juicio oral. En esa causa ya se probó un desvío de casi $600 millones que correspondían a los aportes de los afiliados, sólo entre 2012 y 2018. La cifra representa más del 75% de los ingresos recibidos por parte de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires (DGE).
En ese juicio oral serán juzgados la madre de Balcedo, Myriam Renée Chávez; el ex número dos del sindicalista, Mauricio Yebra; y varios empleados del SOEME.
En la lista de procesados también aparece Sergio Omar Martínez, titular de la empresa El Chaqueñito SA, mediante la cual fueron comprados decenas de autos de lujo. Varios de ellos fueron hallados en “El Gran Chaparral” cuando Balcedo fue detenido.
Gran parte de la fortuna terminó en la compra de autos, inmuebles y embarcaciones. Pero también se detectó que el dinero fue a las cuentas del diario Hoy y Radio Red 92, los medios de la familia Balcedo.
Balcedo y Fiege fueron detenidos el 4 de enero de 2018 en su mansión de Playa Verde durante un operativo conjunto con las fuerzas de seguridad uruguayas e Interpol. Durante el procedimiento, se incautaron más de USD 7 millones guardados en cofres de seguridad y 14 autos de lujo, entre otros bienes.
Cuando la justicia uruguaya les otorgó la prisión domiciliaria, la Cancillería argentina realizó una serie de presentaciones para “garantizar que los bienes que habrían sido obtenidos ilícitamente por Marcelo Balcedo y Paola Marina Fiege, como resultado de actividades delictivas perpetradas en nuestro país, sean restituidos oportunamente en el marco de lo que disponen los convenios internacionales vigentes entre Argentina y Uruguay”.
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