Exagentes policiales que extorsionaban y amenazaban con capturas del régimen de excepción fueron condenados en El Salvador

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a los exagentes de la Policía Nacional Civil, Armando Alonso Meléndez Rodríguez y Raúl Alonso Pérez Cruz, y a la civil Yesenia Elizabeth Meléndez, por extorsión agravada, según Centros Judiciales El Salvador. Las penas fueron de 26, 18 y 16 años de prisión, respectivamente.

De acuerdo con la investigación citada por Centros Judiciales de El Salvador, los tres imputados actuaron de forma organizada para exigir y cobrar dinero ilícito con amenazas vinculadas al Régimen de Excepción.

Según el relato del caso difundido por Centros Judiciales, la víctima denunció que a mediados de octubre de 2022, tras concretar un negocio por más de USD 700.000, comenzó a recibir amenazas de los policías destacados en Santa Tecla, quienes le exigían pagos mensuales de entre USD 2.000 y USD 5.000 para evitar su captura. Por temor a ser detenido, entregó dinero de manera periódica hasta julio de 2023.

Además de la condena por extorsión agravada, Armando Alonso Meléndez Rodríguez recibió una sentencia por cohecho propio y deberá pagar USD 33.500 como responsabilidad civil, mientras que Pérez Cruz y Yesenia Elizabeth Meléndez fueron absueltos en el ámbito civil, según Centros Judiciales.

En El Salvador, la extorsión dejó de regirse por el Código Penal ordinario y pasó a castigarse bajo la Ley Especial contra ese delito, un marco que fija para la modalidad agravada penas de 15 a 20 años de prisión y extiende ese mismo castigo incluso a la proposición o conspiración para cometerla, aunque la amenaza o el cobro no lleguen a consumarse.

La norma establece primero una pena de 10 a 15 años para la extorsión en su modalidad básica. Cuando se verifica alguna de las circunstancias agravantes previstas en el artículo 3, la ley ordena aumentar la pena máxima hasta en una tercera parte, con lo que la condena pasa al rango de 15 a 20 años de cárcel.

Ese endurecimiento penal forma parte de reformas orientadas a castigar con mayor severidad a las estructuras criminales. Bajo ese esquema, planear, proponer o conspirar para ejecutar una extorsión agravada recibe la misma sanción que la modalidad consumada: de 15 a 20 años de prisión.

La ley agrava la extorsión por participación de grupos, uso de armas y afectación de servicios

La Ley Especial contra el Delito de Extorsión define varias causales que elevan la gravedad del hecho. Entre las más frecuentes en los tribunales salvadoreños figura la participación de dos o más personas, así como la intervención de miembros de pandillas u organizaciones ilícitas.

La víctima también influye en la calificación penal. La conducta se agrava cuando el afectado es un funcionario público, un policía, un empleado municipal o un militar en ejercicio de sus funciones.

El procesamiento judicial de este delito en El Salvador responde a un esquema de cero tolerancia. La investigación puede iniciar de oficio si la Fiscalía General de la República ya dispone de indicios, sin que sea indispensable que la víctima mantenga activa la denuncia.

La sanción no se limita a la cárcel. Los condenados suelen enfrentar procesos de Extinción de Dominio, mediante los cuales el Estado confisca de forma definitiva bienes, vehículos o dinero cuando se demuestra que fueron obtenidos a partir del negocio de la extorsión.