Piden que la causa por el espionaje del Instituto Patria pase a Comodoro Py

La defensa del ex jefe de la AFI hizo este planteo ante la jueza María Capuchetti. Una presentación similar había hecho Majdalani y no prosperó

Gustavo Arribas y Silvia Majdalani
Gustavo Arribas y Silvia Majdalani

Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, los jefes de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri, reclamaron que la causa por la vigilancia en el Instituto Patria deje los tribunales de Lomas de Zamora, donde los citaron a indagatoria la semana próxima acusados de haber avalado el espionaje ilegal a Cristina Kirchner en 2018. Los ex funcionarios de Cambiemos buscan que la causa pase a ser tramitada en Comodoro Py porque los hechos ocurrieron en la Capital Federal. Como esa causa ya se unificó al expediente por el llamado “espionaje M”, un caso no podría pasar sin el otro, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

Justamente, hoy fracasó un intento para que la causa por el espionaje que tramita en Lomas de Zamora pasara a los tribunales porteños a raíz de la fallida bomba que le pusieron al ex funcionario de Defensa Juan José Vila.

Mientras tanto, en Lomas de Zamora, declararon Alan Ruiz, el ex director de Operaciones Especiales de la AFI; y también Martín Terra, el ex marido de Analía Maiorana -actual mujer de Diego Santilli, uno de los querellantes- que estuvo “rebelde” el tiempo en que el ex juez del caso, Federico Villena, ordenó su detención, indicaron a Infobae las fuentes consultadas.

El caso por el espionaje ilegal durante el macrismo fue creciendo en el último mes con un desfile de políticos, encabezados por Cristina Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta que se convirtieron en querellantes. Una veintena de agentes de la AFI fue detenidos y el escándalo escaló a un allanamiento al secretario privado de Mauricio Macri, Dario Nieto, por supuestos informes que habría recibido de la funcionaria de Cambiemos Susana Martinengo, una mujer que trabajaba en la Casa Rosada y recibía a varios de los espías imputados. Ahora, Martinengo tiene arresto domiciliario, al igual que otros espías que justificaron su accionar en las órdenes que, decían, recibían de sus superiores.

Pero el sábado los fiscales Cecilia Incardona y Sergio Eyherabide pidieron la indagatoria de Majdalani y Arribas, junto al procesamiento de Alan Ruiz, el jefe de los agentes investigados que concentraban su actividad en los chats del grupo “SuperMarioBross”. Lo hicieron puntualmente por el espionaje que se hizo sobre Cristina Kirchner entre julio y agosto de 2018 en el Instituto Patria y en la casa de la hoy vicepresidenta. El juez ordenó el martes su indagatorias.

En ese contexto, la defensa de Majdalani acudió a los tribunales de Comodoro Py para que el juez Marcelo Martínez de Giorgi le pida a su colega de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé la causa por el Instituto Patria. Es que Martinez de Giorgi tuvo la causa cuando el auto de la AFI y los ex directivos de la AFI fueron sobreseídos, luego del informe que presentó la central de espías diciendo que esas tareas estaban enmarcadas en una causa judicial para prevenir hechos terroristas que se tramitaba en Lomas de Zamora. Justamente, la sospecha de la actual AFI es que se armó una cobertura legal para justificar esas vigilancias como si fueran legales cuando no lo eran. Tal como informó el martes Infobae, ante el pedido de Majdalani, el juez Martinez de Giorgi le dijo que no: el caso ya estaba cerrado.

Por su parte, la defensa de Arribas se presentó este miércoles en los tribunales de Retiro. El abogado Alejandro Pérez Chada planteó en la oficina de sorteos de la Cámara Federal que abrieran un nuevo expediente. Y reclamó tramitar la inhibitoria de Lomas de Zamora para seguir actuando en la causa del espionaje. Según se sostiene en esa presentación, los hechos del Instituto Patria por los que se acusa a su cliente ocurrieron en la Capital Federal y por lo tanto es Comodoro Py el que debería investigarlo.

La juez María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Stornelli
La juez María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Stornelli

El tema cayó en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien corrió vista al fiscal Carlos Stornelli para que dictamine. El fiscal dictaminó que antes de dar su opinión se debía “certificar” las causas, es decir, estudiar qué investigó Martínez De Giorgi y que se analiza en los tribunales federales bonaerenses antes de tomar cualquier decisión, precisaron las fuentes.

“Esto es algo que lo tienen que definirse en Lomas de Zamora”, deslizó un funcionario de los tribunales de Retiro al ser consultada por Infobae por esta presentación. La defensa, en tanto, apuesta su suerte a Retiro, pensando que en el conurbano no tienen chances. Según se explicó, este tipo de pedidos se tiene que hacer en la jurisdicción donde tramita la causa (Lomas) o en la que se reclama que vaya (Py).

Lo que juega en contra son los tiempos. “Esto no es un trámite inmediato, lleva tiempo”, comentó una fuente judicial. Es porque eso que, hasta ahora, siguen en pie las indagatorias que dispuso el juez Augé sobre Arribas y Majdalalani y también sobre el director de Contraingeligencia Martín Coste.

En la resolución judicial, a Coste lo citaron para este viernes feriado, a Majdalani para el domingo y a Arribas para el lunes. Aunque en los tribunales de Lomas de Zamora hablaron de un error material que se iba a corregir y apuntaron a declaraciones de Arribas y Majdalani se iban a cambiar para el lunes y martes, lo cierto es que en el expediente no había nada modificado. La declaración de Coste se mantenía el viernes. Al día de hoy, los ex funcionarios tienen que prepararse para declarar en los días en que los citaron, precisaron las fuentes consultadas por este medio.

Alan Ruiz, junto a su abogado al llegar a los tribunales de Lomas de Zamora (Maximiliano Luna)
Alan Ruiz, junto a su abogado al llegar a los tribunales de Lomas de Zamora (Maximiliano Luna)

El que estuvo este miércoles en Lomas de Zamora fue Alan Ruiz, el ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI que estuvo detenido durante dos semanas en la causa por la vigilancia al Instituto Patria y fue liberado el martes. Fue interrogado por los seguimientos y vigilancias que se hicieron sobre políticos, jueces, periodistas, religiosos y dirigentes sociales, en el expediente que nació en el juzgado de Villena. “Estoy tranquilo y quiero declarar”, dijo apenas llegó en un breve cruce con la prensa, acompañado por su abogado Leandro Emsani. Habló durante más de cinco horas y buscó justificar la legalidad de todas las tareas que se hicieron.

Mientras esto se definía, Arribas y Majdalani recibieron una nueva imputación en los tribunales de Retiro, según indicaron a Infobae fuentes judiciales. El fiscal Ramiro González impulsó una denuncia contra los ex directivos de la AFI de Mauricio Macri por haber vendido 290 armas de la agencia a un precio menor al del mercado a 73 agentes. La presentación la había hecho días atrás la interventora de la ex SIDE Cristina Caamaño. “Se trato de una ‘oportunidad única’ en la que agentes en servicio podían adquirir a precios por debajo de los del mercado, armamento de fuego apto para el disparo”, dijo Caamaño al citar las resoluciones en las que se fundó aquella decisión.

El caso recayó en el juez Daniel Rafecas y el fiscal Federico Delgado, quien se excusó de intervenir. El caso pasó entonces a manos del fiscal González, que ahora impulsó la investigación y ordenó las primeras medidas: hacer una tasación de las armas vendidas, citar a expertos en armamento y consultar a la Agencia Nacional de Materiales Controlados si la AFI estaba facultaba para vender artillería.

Arribas y Majdalani tienen otras dos denuncias que radicó Caamaño en los tribunales de Retiro: la de los mails de polítios y periodistas que se encontraron en un disco rígido -causa en la que fue imputado también Mauricio Macri-, y la del “fichaje” en redes y preferencias políticas que se le hizo a más de 400 periodistas que se acreditaron para la Cumbre del G20, en 2018, y contra académicos, empresarios y organizaciones sociales que participaron de la XI Conferencia Ministerial de la OMC.

El caso Vila

(Defensa)
(Defensa)

El juez federal Sebastián Ramos rechazó este miércoles el pedido del fiscal Guillermo Marijuan en donde se promovía que la causa por el espionaje ilegal a políticos, jueces, gremialistas, periodistas y dirigentes sociales que se instruye en Lomas de Zamora pase a los tribunales de Comodoro Py 2002, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

El juez formalizó la decisión que surgía del fallo de la Cámara Federal para rechazar un pedido del ex juez del caso, Federico Villena, con el fin de absorber el capítulo por el atentado que buscó hacerse contra el ex funcionario de Defensa del macrismo José Vila. Sin embargo, el juez analizó el pedido de Marijuan en donde se promovía que se le pidiera al juez de Lomas de Zamora la remisión de todo el expediente.

Marijuan había dicho que no había dudas de que la causa que se inició en el juzgado de Villena estaba “estrictamente ligado con los sucesos que aquí se investigan, particularmente con el hallazgo de un artefacto explosivo dirigido contra José Luis Vila”. Y sostuvo: “Está claro que el desarrollo de ese proceso judicial posee estricta motivación en el hecho cometido contra Vila e investigado en el marco de estos actuados”.

Sin embargo, el juez Ramos rechazó ese pedido. Se basó en los mismos fundamentos del fallo que firmó el camarista Mariano Llorens, cuando se pronunció sobre el caso Vila. “Con relación a las formulaciones efectuadas por el Sr. Fiscal en la presentación que antecede y de acuerdo a lo sostenido por la Sala I de la Excma. Cámara Federal en el pronunciamiento al que se aludiera en párrafos anteriores, las hipótesis delictivas que conforman los objetos de análisis de ambas causas ( ésta y aquella nro. 14149/2020 del Juzgado Federal de Lomas de Zamora) constituyen dos hechos escindibles”, recordó el juez.

“Frente a los efectos que el acusador pretende atribuirle a la vinculación de ambas pesquisas, esto es, que se requiera al titular de aquella sede judicial provincial que se inhiba de seguir entendiendo en la totalidad de la causa 14149/2020, tomando en consideración los lineamientos trazados por el Superior, corresponde no hacer lugar a dicha petición”, añadió Ramos. La resolución le deja poco margen al propio Marijuan para apelar, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

De esta manera, en Comodoro Py seguirá tramitando la causa por el atentado de Vila -con la incorporación de los dichos del narcontraficante Sergio “Verdura” Rodriguez, que contó como le pidieron que llevara el paquete bomba a la casa del ex funcionario de Defensa-, mientras que, al menos por esta investigación, no se buscará atraer el expediente de Lomas de Zamora hasta los tribunales de Retiro.


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