El caso Vicentin suma costos políticos y Alberto Fernández se endurece para tratar de amortiguarlos

La intervención y posible expropiación de Vicentin se ha terminado de instalar para el Gobierno como un desafío político que suma sorpresa por la dimensión de su impacto, junto a interrogantes y hasta malestares en la primera línea del oficialismo. Es además un caso de esos que demandan rápidas estrategias públicas para achicar costos porque evitarlos asoma muy difícil. Es lo que parece dictar la experiencia de Alberto Fernández: resolvió endurecer su discurso, buscar un rival, hablar de rescate, defender su decisión como única alternativa –con promesa de limitarse a esta empresa en crisis- y darle ropaje nacional. Es, al mismo tiempo, la admisión de un problema serio, quizá el más potente en términos de imagen sobre la relación de poder con Cristina Fernández de Kirchner.

No es el primer roce que remite al paño del “equilibrio” doméstico, tema que generaba expectativa desde el momento inaugural del acuerdo sobre el armado de la fórmula de presidente y vice. Fueron varios. Y los más sonoros aparecieron cuando ya en cuarentena se fue quebrando el clima formalmente más apacible –con escalada desde el kirchnerismo duro sobre la construcción “sanitaria” con Horacio Rodríguez Larreta y otros jefes provinciales opositores- y se difundieron visitas reservadas de la ex presidente a Olivos.

El caso de Vicentin tuvo en todo sentido una dimensión diferente, en primer lugar porque amplía aquel desafío. Apareció como una iniciativa con sello de CFK y el veloz anuncio presidencial descolocó a integrantes del gabinete. Hubo trascendidos de disgusto por la medida entre referentes como Sergio Massa, malestar por el temblor propio en el entorno del santafesino Omar Perotti y cuestionamiento cuidadoso hasta en sus cercanías, que habría incluido a Gustavo Beliz.

Esos reflejos iniciales alimentan desde ya el mensaje político, pero la medida en sí misma –y el desenlace- tienen proyección más extendida, según se reconoce en círculos oficialistas. De hecho, pega de manera directa en el empresariado -ahora y a futuro-, impactó ampliamente en Santa Fe, generó ruido en franjas urbanas y abre interrogantes sobre la relación con el entramado social vinculado a la producción agropecuaria. Ese conjunto y su posible proyección son un dato central para el PJ e incluso para aliados firmes del Presidente.

El punto es que hasta anoche las sensaciones de incertidumbre no terminaban de ser disipadas a pesar de las declaraciones presidenciales. Alberto Fernández pareció dejar fuera de juego cualquier otra salida que no fuera la expropiación de Vicentin, cuyos desmanejos previos y propuestas de sus directivos en la nueva emergencia restan en lugar su sumar, según destacaban desde el Gobierno. Pero los interrogantes seguían circulando porque esa línea expropiadora fue ratificada cuando se habían dejado trascender chances de otra alternativa y, en el terreno concreto, se había avanzado en salvar el flanco judicial de la intervención. El pedido del Estado al juez, en rigor del Banco Nación, allanaría el camino del interventor.

Pero el refuerzo de la idea de la expropiación habría estado asociado a la evaluación de los costos presuntamente menos malos. Para empezar, evitar que se instalara de entrada la idea de una cesión o marcha atrás presidencial. ¿Está descartada totalmente una fórmula pública y privada, con participación de YPF, renegociación con los grandes acreedores y garantía de pago a productores locales? Nadie se atrevería a jurarlo, aunque en todo caso debería ser consecuencia de la dureza presidencial y no de suspender el proyecto expropiador. Eso, en la visión oficial.

Con todo, un salida desea naturaleza no sepultaría la imagen de disputa interna en el máximo nivel del poder. Tal vez la contendría como antes, con chispazos. Pero la rigidez o intransigencia en la línea de expropiación pondría las cosas en zona de riesgo quizá mayor. Obligaría al Presidente a dar señales que eviten la lectura de subordinación ante la ex presidente.

Eso, sin contar un dato que comenzó a circular apenas asomó la idea de avanzar sobre la situación de Vicentin, cortando de golpe las tratativas del gobierno santafesino, que habrían incluido en la misma mesa a YPF, y las negociaciones de bancos acreedores. En medios empresarios, y también políticos, se destaca que hay por lo menos media docena de empresas importantes en graves dificultades, una de ellas destacada en el sector alimentario. Las promesas de que el caso Vicentin es único no cierran las dudas.

La expropiación, naturalmente, deberá transitar el Congreso. Aun sin conocer el texto, se da por descontada la aprobación del Senado, bajo conducción de CFK y mayoría cómoda del oficialismo. En Diputados, la situación es más compleja. El oficialismo necesita sumar una decena de apoyos si su bloque se mantiene homogéneo y sin ausencias a la hora del recinto. Entre las bancadas considerados aliadas, la señal clara de desaprobación partió del bloque de tres que se referencia en Roberto Lavagna, cuyo cuestionamiento impactó por sobre cualquier crítica en Olivos.

La cuestión es cómo reaccionarán otros legisladores frente a esa señal. Y según crezca o decline el rechazo más allá de la política orgánica. Es un panorama aún incierto, pero nada menor para gobernadores como el cordobés Juan Schiaretti y otros aliados.

Alberto Fernández reaccionó con el armado de un discurso más articulado frente a la posibilidad de quedar “cediendo” frente a los cuestionamientos –y enfrentado a CFK-, pero también para mostrar autoría personal frente a la lectura de las presiones K. Una manera de admitir costos y tratar de amortiguarlos.

La línea fue clara. Aparecerán en el centro los conceptos de rescatar la empresa, espantar la idea de un primer acto de expropiaciones, focalizar las críticas en el endeudamiento de la era Macri –junto a las movidas empresariales- y colocar la bandera del rechazo a la extranjerización en un rubro económico estratégico.

Se verá con el correr de los días. Y también serán determinantes los movimientos de CFK. Un dato para algunos llamativo y no ajeno a esta historia lo constituyó el nuevo cuestionamiento de Sergio Berni a la ministra Sabina Frederic. Dijo que la Provincia no tiene asistencia nacional en materia de Seguridad. Inquietante, en todo sentido.

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