Alimentos con sobreprecios: un fiscal avanza con una investigación preliminar y le tomó declaración a un productor

El fiscal Sergio Rodriguez, titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, avanza con una investigación preliminar para definir si realiza una denuncia penal por la millonaria compra de alimentos en el Ministerio de Desarrollo Social. En las últimas horas, el fiscal le tomó declaración testimonial a un productor que vendió el aceite de la marca “Indigo” a la empresa Copacabana en un valor cercano a los $96, tal como adelantó Infobae, muy lejos de los $159 que iba a pagar el Estado en la polémica compra.

“Nosotros le vendimos a Copacabana a casi 96 pesos, con impuestos incluidos, la botella de 1,5 litros de aceite mezcla de la marca Indigo”, reveló el viernes pasado a este medio Martín Tanoni, gerente comercial de Tanoni Hermanos, una empresa familiar que tiene más de 50 años y produce tres marcas de aceite, entre otros productos.

La operación con la empresa Copacabana nunca se concretó porque el presidente Alberto Fernández frenó la millonaria compra de alimentos ante las denuncias periodísticas y ahora busca confeccionar un sistema para que el Estado le pueda comprar en forma directa a los productores de alimentos.

Copacabana SA, de la familia Assisa, le iba a vender al Estado un total de 340 mil unidades de ese mismo aceite a $158,67. Un 64% de ganancia solo por actuar como intermediario y asumir los costos de venderle al Estado.

Según el artículo 3 de la resolución 156, en total se iban a pagar más de 164 millones para la compra de aceites entre tres empresas. Sol Ganadera tenía previsto vender 340 mil unidades de “aceite comestible mezcla, en presentaciones de 1,5 litros, marca INDIGO” a $157,80, Copacabana iba a vender la misma cantidad de unidades a $158,67, y la empresa Teylem, una de las empresas del clan Lusardi, ofrecía el mismo producto a $166,58 por lo que iba a cobrar un total de $56.637.200.

Luego de la entrevista con este medio, Tanoni fue contactado por el fiscal Rodríguez, quien le tomó una declaración por video conferencia, pudo saber este medio.

El titular de la PIA lleva adelante una investigación preliminar por una presentación de la abogada Silvina Martínez contra funcionarios del ministerio de Desarrollo Social a quienes acusó de los delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes y fraude a la administración.

Rodriguez está reuniendo elementos y pruebas para definir si avanza con una denuncia penal concreta sobre la compra fallida de alimentos.

Martínez ampliará hoy la denuncia que hizo hace una semana sumando seis licitaciones públicas recientes de alimentos donde los precios pagados fueron superiores a los denominados precios máximos. “No estamos frente a unos cuantos casos aislados. Estamos en presencia de una evidente cartelización”, dijo anoche en el programa La Cornisa.

Ante la magnitud del escándalo, el “Grupo L”, dueño de dos de las empresas beneficiadas en la compra de alimentos, hizo llegar una nota a sus empleados y a otras empresas del rubro afirmando que “los precios ofrecidos y aprobados por el Ministerio (de Desarrollo Social) en las licitaciones están en algunos casos por encima del promedio de los precios testigo de la SIGEN, en otros en niveles parecidos y en dos casos por debajo de ese valor”.

Además, el grupo que lidera Víctor Lusardi asegura en esa carta, a la que tuvo acceso Infobae, que el costo de los productos está condicionado por “un contexto de escasez que dificulta la obtención de grandes cantidades” y además incluye “el costo de financiar al Estado, que habitualmente paga en plazos no inferiores a los seis meses”.

El escándalo de los alimentos expuso el negocio de las empresas proveedoras del Estado, que viene funcionado con distintos gobiernos en las últimas dos décadas.

En términos políticos, la compra fallida de alimentos provocó la renuncia de Gonzalo Calvo, un ex funcionario de Almirante Brown que estaba a cargo de la Secretaría de Asistencia Crítica, y otras 14 personas que dependían de su área. Pero todavía están en la mira Laura Alonso, a cargo de la Secretaría de Inclusión Social, y la abogada Cecilia María Lavot, responsable de la Secretaría de Gestión Administrativa.