El inicio de la gestión de Laura Fernández como presidenta de Costa Rica ha estado marcado por la aprobación de un ambicioso proyecto de tren eléctrico y por operativos contundentes contra el narcotráfico, según los primeros balances oficiales.
De acuerdo a una nota de la agencia EFE en tan solo una semana, la nueva administración logró que el Congreso aprobara de forma unánime un financiamiento internacional de USD 800 millones destinado a la construcción del tren eléctrico metropolitano.
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El proyecto, que busca aliviar los graves problemas de tráfico en el área central del país, conectará Cartago, San José, Heredia y Alajuela a lo largo de 51 kilómetros y servirá a unas 100,000 personas diarias. Las autoridades estiman que la primera etapa entrará en funcionamiento en 2031.
La presidenta Claudia Fernández, identificada como continuadora política del expresidente Rodrigo Chaves, ha manifestado su voluntad de acercarse a los diferentes poderes del Estado, en contraste con la tensa relación entre el gobierno anterior y el Congreso, detalla EFE. De hecho, la rápida aprobación de este y otros financiamientos marca un cambio en la dinámica política reciente.
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Impulso a la infraestructura y el sector agrícola
Durante la misma jornada legislativa, los diputados dieron luz verde a dos créditos adicionales del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento: uno por USD 140 millones para promover la agricultura sostenible y otro de USD 350 millones enfocado en reconstruir infraestructura dañada por fenómenos climáticos.
En una visita a Cartago, Fernández expresó su gratitud a la Asamblea Legislativa y subrayó la importancia de estos recursos para el desarrollo rural y el fortalecimiento de la economía agrícola. La mandataria ha convocado a la oposición a una reunión en los próximos días, con el propósito de discutir iniciativas legislativas que considera prioritarias.
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Acciones contra el narcotráfico y respuesta a la violencia
La seguridad se ha convertido en otro eje central del arranque del nuevo gobierno. Las fuerzas policiales informaron la incautación de 2,520 kilos de marihuana y 2,264 kilos de cocaína en dos operativos marítimos en el Pacífico, así como la confiscación de 560 kilos de cocaína en un contenedor con destino a Bélgica.
En paralelo, la administración enfrenta el dolor por la muerte del oficial de policía Gerson Rosales, asesinado durante un operativo en Limón. La presidenta Fernández acudió personalmente a expresar sus condolencias a la familia, calificando al agente como un héroe y mostrando una reacción conmovida ante los medios.
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Como parte de su estrategia de mano dura, el gobierno anunció un decreto que endurece los requisitos para la reducción de condenas de presos, reforzando el compromiso presidencial de combatir el crimen organizado.
La presidenta ha citado a los máximos representantes del Poder Judicial y de los organismos de investigación para una reunión que tendrá lugar en breve. El objetivo es plantear reformas y coordinar una cruzada interinstitucional contra el avance del crimen organizado, una problemática que, en palabras de Michael Soto, director del OIJ, ha posicionado a Costa Rica como centro logístico de tráfico de drogas entre Sudamérica, Estados Unidos y Europa.
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