Los legisladores de Cambiemos reclamaron hoy que el Gobierno deje sin efecto la suspensión de la aplicación de la ley de Economía del Conocimiento que, entre otros aspectos, iba a garantizar beneficios impositivos a las empresas informáticas que, en 2019, generaron ingresos por 3.600 millones de dólares.
La norma fue sancionada en mayo del 2019 y reglamentada por el Gobierno de Mauricio Macri en octubre pasado, con la idea de promover más de 215 mil puestos de trabajo de calidad y un flujo de capital de 15 mil millones de dólares en exportación en el corto plazo. "Se trata de una contradicción más de Alberto Fernández, que dijo que la ley era un acierto y la suspendió”, advirtió el diputado nacional Luis Petri.
Para el dirigente radical, que presentó hoy un proyecto de resolución en el Congreso junto a otros parlamentarios de la oposición, el sector empresario que comprende la economía del conocimiento, que abarca la actividad de compañías como Mercado Libre, Accenture, Globant, Exxon, Deloitte o INVAP, "es uno de los más dinámicos y que mayor empleo de calidad genera y ahora irá en retroceso”.
“Una medida como la publicada supone la ausencia de reglas claras y por consiguiente una parálisis en las inversiones previstas en el marco de la ley y la huida de empresas radicadas en el país por falta de ventajas competitivas respecto de la región”, se argumentó en el texto de la iniciativa. “Asimismo -se agregó-, tendrá consecuencias negativas, no solo en la generación de nuevos empleos, sino también en la pérdida de puestos de trabajo existentes que se desenrollaron al amparo de la ley de promoción del software desde el 2003”.
Ante las críticas, el Gobierno defendió la suspensión de la normativa por “inconsistencias en su implementación”. "Estamos absolutamente convencidos de la importancia del sector de la economía del conocimiento y su aporte al desarrollo del país, por eso trabajamos para que los cambios estén orientados a incrementar los beneficios para las pymes y que estén disponibles en el corto plazo”, se puntualizó desde el Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas.
En este sentido, se agregó que desde el inicio de la gestión se “mantuvo un diálogo permanente con las empresas del sector” y que "las modificaciones no están orientadas a penalizar a las empresas sino a profundizar el impulso a las pymes del sector”. También explicaron que, cuando se definan, estas modificaciones serán retroactivas al primero de enero, de manera que no quedará ningún período sin el beneficio de la ley.
Por su lado, las empresas del sector reconocieron haber ingresado en un “limbo” que pone en duda muchos proyectos a causa de la incertidumbre en el marco regulatorio. “No vemos una intención de bloquear la ley, pero muchos proyectos entrarán en un impasse”, advirtió a Infobae Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon, la cámara que nuclea a estas compañías.
La ley de Economía del Conocimiento plantea como beneficios un menor costo de cargas patronales e impuesto a las ganancias, estabilidad fiscal, alivio fiscal para las exportaciones, fomento a las nuevas empresas.
En sintonía con el freno que aplicó el Gobierno a esta normativa, el dirigente Juan Grabois celebró la resolución del Ministerio de Desarrollo Productivo, al considerar que “los que más tienen deben pagar más impuestos”.
“Para poner a la Argentina de pie no podemos seguir subsidiando a las grandes corporaciones. Para cerrar la grieta, hay que redistribuir la riqueza. Los que más tienen, deben pagar más impuestos. Aplaudo la medida”, afirmó a través de las redes.
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