La suspensión de la reglamentación de la Ley de Economía del Conocimiento tomó por sorpresa a las empresas del sector, que esperaban contar con beneficios fiscales desde el 1° de enero de este año. La norma, que fue votada por el Congreso y reglamentada por el Gobierno de Mauricio Macri en octubre pasado, se proponía impulsar la actividad de firmas de servicios empresariales, de software e informatica, audiovisuales y de apoyo a la actividad primaria. Según cálculos del desaparecido Ministerio de Producción, en el primer semestre de 2019 el sector se ubicó tercero entre los complejos exportadores, con USD 3.385 millones. A través de beneficios fiscales, buscaba duplicar las exportaciones y el empleo en el sector.
¿Cuáles eran los beneficios previstos en la norma?
Menor costo laboral: Adelanto del Mínimo no Imponible que la reforma tributaria prevé para el 2022; Bono de crédito fiscal transferible equivalente a 1.6 veces las contribuciones que debieran abonarse sobre ese mínimo no imponible. Se puede usar para cancelar tanto IVA como Ganancias.
Menos Impuesto a las Ganancias: Alícuota reducida del 15%; Alivio fiscal para exportaciones; Para los exportadores que hayan abonado o se le hayan retenido impuestos similares al Impuesto a las ganancias en el país destino de la exportación, podrán deducir lo pagado contra el impuesto a las Ganancias.
Fomento a nuevas empresas: Las empresas con una antigüedad menor a 3 años categorizadas como “micro” en el Registro Pyme solo deben ser una actividad elegible acreditando solamente el 70% de facturación sin necesidad de cumplimentar requisitos.
Estabilidad fiscal: Las empresas no podrán ver aumentada su carga tributaria total nacional a partir la inscripción en el Registro y durante toda la vigencia del mismo incluye los derechos de exportación (retenciones a las exportaciones).
¿Qué objetivos se planteaba?
En base al impacto que tuvo la Ley de Promoción del Software, que el Gobierno de Macri estimaba que contribuyó a un aumento del 50% en el empleo en el sector y del 35% en las exportaciones, la meta oficial era duplicar el empleo (215.000 puestos de trabajo) y multiplicar por 2,5 veces las exportaciones del sector, para llegar a USD 15.500 millones luego de rozar los USD 7.000 millones en 2018.
¿Qué costo fiscal que se estimaba?
Según cálculos del Gobierno al momento de la reglamentación de la Ley, en 2020 la aplicación del régimen de economía del conocimiento hubiera implicado un costo de $8.860 millones, en torno al 2% del ahorro que se generó el Gobierno con la Ley de Emergencia económica.
¿Qué requisitos necesitan las empresas para calificar?
Tal como estaba planteado, el mecanismo consistía en acreditar procesos de calidad, inversión de un 3% de la facturación en investigación y desarrollo compensable con un 8% de la masa salarial en capacitación de los empleados, y exportaciones en un 13% de su facturación, excepto para los centros de exportación de servicios a los que se es requiere 70% mínimo de exportación.
¿Cuántas empresas estarían comprendidas?
Según un informe del desaparecido Ministerio de Producción, el nuevo régimen extendería los beneficios que gozaban las empresas bajo la Ley de Promoción del Software, unas 5.000 firmas, a un total de 11.000 empresas.
Entre las principales firmas que se hubieran visto beneficiadas por el nuevo régimen se cuentan empresas de servicios empresariales como JP Morgan, EY Argentina, Aegis y Apex, tecnológicas como Globant, Mercado Libre y Belatrix, audiovisuales como TyC Sports, Pol-ka e ESPN, y otras como Wellfield Services y Sísmica.
¿Por qué el Ministerio de Desarrollo Productivo se opone a la reglamentación vigente?
En la cartera que conduce Matías Kulfas dicen estar de acuerdo con el espíritu de la Ley, pero no con su aplicación. “Más allá de que de estamos a favor, creemos que es necesario delimitar algunas cuestiones que están difusas: cuáles son las empresas que deben acceder a los beneficios, qué tamaño deben tener las mismas”, argumentan.
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