Dos gigantes del sector marítimo ponen la mira en los proyectos portuarios de Panamá

El presidente José Raúl Mulino se reunió en Nueva York con representantes de Blackstone y SSA Marine, dos compañías vinculadas por inversiones en terminales marítimas.

Según la Presidencia, ambas expresaron interés en las oportunidades que abrirán los nuevos puertos y proyectos del Canal de Panamá.

La reunión contó con Uffe Ostergaard, director ejecutivo de SSA Marine, Sebastian Sherman, de Blackstone Infrastructure Group, y Kristan Nevins, responsable de relaciones gubernamentales de Blackstone. Mulino estuvo acompañado por los ministros Felipe Chapman y José Ramón Icaza, además de Kristelle Getzler, directora de la Secretaría Económica de la Presidencia.

Las firmas ya tienen una relación empresarial anterior a este encuentro. En 2019, Blackstone Infrastructure Partners anunció una inversión en Carrix, matriz de SSA Marine. La gestora señaló entonces que el grupo mantenía operaciones en más de 250 ubicaciones portuarias y ferroviarias y participaba en terminales de varios países, incluido Panamá.

La presencia local de SSA Marine corresponde a Manzanillo International Terminal, conocido como MIT, en Colón. Así identifica la compañía a la instalación en su propia lista de operaciones. Es la misma terminal citada en las estadísticas portuarias panameñas; no debe confundirse con el puerto mexicano de Manzanillo, donde SSA Marine también opera.

Esa operación da contexto al interés expresado ante Mulino. Entre enero y agosto de 2026, MIT movilizó aproximadamente 2.16 millones de TEU, el mayor volumen entre las terminales panameñas, con un crecimiento cercano al 19.2% interanual.

También concentró alrededor de 70,900 vehículos, según las cifras de la Autoridad Marítima recogidas en el balance publicado por Infobae.

En conjunto, los puertos de Panamá movilizaron 6.74 millones de TEU hasta agosto, un aumento de 2.8% frente al mismo periodo de 2025. Cerca del 89% correspondió a trasbordo: contenedores que pasan de un buque a otro. La actividad creció de manera desigual entre las terminales durante el año.

El mayor cambio ocurrió en Balboa y Cristóbal, anteriormente operados por Panama Ports Company. La Corte Suprema declaró inconstitucional en enero el contrato ley que sustentaba esa concesión, y el fallo quedó firme al publicarse en febrero. El Gobierno asumió entonces el control de ambas instalaciones para organizar su continuidad operativa.

El Consejo de Gabinete aprobó dos concesiones transitorias de hasta 18 meses: APMT Panamá para Balboa, en el Pacífico, y TIL Panamá para Cristóbal, en el Atlántico. Durante ese plazo, el Gobierno prepara nuevas concesiones permanentes por separado, en lugar de volver a entregar las dos terminales mediante un solo contrato.

La transición coincide con una caída del movimiento en ambos puertos. Balboa registró cerca de 1.57 millones de TEU hasta agosto, un descenso aproximado del 11.1%; Cristóbal manejó unos 642,400 TEU, 23.9% menos. Esos resultados forman parte del panorama comercial que encontrarán los futuros operadores cuando se convoquen las licitaciones.

Hay, además, proyectos para construir terminales nuevas, distintos de las concesiones de Balboa y Cristóbal. La Autoridad del Canal de Panamá desarrolla un proceso de precalificación para Corozal, en el Pacífico, e isla Telfers, en el Atlántico. Las empresas interesadas presentaron documentación para esa etapa, previa a la selección de concesionarios.

Por su parte, el Gobierno trabaja en una futura concesión para isla Margarita, en Colón. Mulino indicó que se prepara el pliego de ese proyecto y que espera convocar una licitación internacional antes de finalizar el año. Así, la cartera reúne puertos existentes bajo transición y propuestas de nueva capacidad en ambos extremos de la ruta canalera.

La Presidencia no especificó cuáles de esos procesos interesan a Blackstone y SSA Marine ni si las compañías presentarán propuestas conjuntamente.

Esa distinción importa porque cada proyecto tendrá sus propios requisitos y calendario. Por ahora, la reunión confirma interés empresarial, mientras cualquier participación concreta dependerá de los procesos que convoquen las autoridades panameñas.