
El ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, aseguró que no está “arrepentido” por haber publicado la reglamentación del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), aunque reconoció que no anticipó la repercusión política que tendría la medida.
Rubinstein renunció a su cargo hace diez días cuando el presidente Mauricio Macri lo cuestionó por haber tomado una “decisión unilateral” y derogó la normativa a través de un decreto.
Según explicó, el protocolo era una guía de actuación destinada a los médicos y los equipos de salud para darles certezas de protección en la realización de los procedimientos que deben llevar adelante para garantizar los derechos que están consagrados en el Código Penal y que fueron refrendados por un fallo de la Corte Suprema.
“Lo que había antes era solamente un documento colgado en la web que no tenía ningún valor jurídico, ninguna entidad normativa. Eso tenía que ver con la heterogeneidad de las respuestas de las provincias; donde había algunas que lo cumplían y otras que no; médicos y equipos de salud que estaban indefensos ante los procedimientos que tenían que hacer; jueces que se metían”, explicó en una entrevista con Radio Con Vos.
En esa línea, aclaró que “lo que se les da (con el protocolo de ILE) es certezas de cómo tienen que proceder frente a los casos que están exceptuados en el Código Penal, donde se puede interrumpir legalmente el embarazo”. Por ejemplo, ante una violación.

Desde el punto de vista político, reconoció que no le avisó previamente al Presidente ni a otro ministro porque es algo que ya habían hablado "muchas veces”.
“Obviamente que yo había hablado con muchos funcionarios de que esto iba a salir. Por supuesto que habíamos acordado que era difícil que salga antes de las elecciones. Pero mi posición era absolutamente clara al respecto: había que formalizar eso que era un documento, había que darle entidad jurídica”, detalló Rubinstein.
El ex titular de Salud se mostró enfático en que “no se ampliaron derechos, excepto los que están consagrados en el Código Penal”. “Se le dio entidad jurídica a algo que se venía haciendo; es el cumplimiento de la ley”, concluyó.
En su carta de renuncia dirigida el Presidente, el médico argumentó que la derogación del protocolo lo obligaba a renunciar indeclinablemente a su cargo debido a que durante toda su gestión tuvo como una de sus “máximas prioridades la ampliación de los derechos de las mujeres".
Debido a la cercanía con el traspaso de mando, el gobierno actual nunca designó a un sucesor y la Secretaría quedó a cargo de su equipo.
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