Tras la polémica por el protocolo sobre el aborto no punible, el Gobierno oficializó la renuncia de Adolfo Rubinstein y le envió un mensaje

Con un reconocimiento a “los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo”, el Gobierno le aceptó este martes la renuncia al -ahora- ex secretario de Salud Adolfo Rubinstein, quien abandona el Gabinete luego de la polémica que se generó en torno a la resolución que él había firmado para actualizar el protocolo para el aborto no punible, medida que luego fue derogada. La salida del funcionario se hizo efectiva a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 787/2019.

En el documento lleva la firma del presidente Mauricio Macri y de la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, las mismas autoridades nacionales que días atrás ordenaron anular las nuevas normas para garantizar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

En ese momento, el Ejecutivo señaló que Rubinstein había actuado “sin consultar la opinión de sus superiores jerárquicos" y violando la Ley de Procedimientos Administrativos, que establece una serie de pasos "esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico” para tomar ese tipo de decisiones.

“Acéptase, a partir del 25 de noviembre de 2019, la renuncia presentada por el Dr. Adolfo Luis Rubinstein (D.N.I. N° 12.046.579), al cargo de Secretario de Gobierno de la Secretaría de Gobierno de Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social”, señala el primer artículo del Decreto 787/2019, publicado este martes.

En un segundo párrafo, se le agradece “al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo", que ocupa desde agosto del 2017, cuando fue designado al frente de su cartera en reemplazo de Jorge Lemus.

La salida de Rubinstein comenzó a gestarse a partir de la decisión del Gobierno de derogar la resolución que firmó él para actualizar el protocolo para el aborto no punible que, entre otras cosas, establecía que “todas las personas con capacidad de gestar (es decir: mujeres, niñas, adolescentes, varones trans y personas que no se identifican con ningún género) tienen derecho de acceder a la interrupción legal del embarazo cuando este se encuadre en alguna de las causales que la ley establece para solicitar la práctica: que represente un peligro para la vida o la salud, o que sea producto de una violación”.

Además, el texto señalaba que “entre los 13 y los 16 años las personas adolescentes pueden dar su consentimiento autónomamente para las prácticas de ILE cuando esta práctica no implique un riesgo grave para su salud o su vida”, mientras que los menores de esa edad “podrán brindar su consentimiento con el acompañamiento de sus progenitores o personas que ejerzan, formal o informalmente, roles de cuidado”.

Además, la norma aclaraba que “la objeción de conciencia no debe traducirse en obstrucción a la práctica contemplada en la normativa legal y de la que el Estado es responsable de garantizar” y “las demoras innecesarias, el brindar información falsa o negarse a llevar a cabo el tratamiento constituyen actos que pueden ser sancionados administrativa, civil y/o penalmente”.

La publicación de estas nuevas pautas generó polémica en diferentes sectores políticos y sociales: mientras un sector del radicalismo salió a respaldar al funcionario, el Gobierno cuestionó la medida y anunció que sería anulada porque no había sido consensuada.

“La derogación del protocolo en el día de la fecha, me obliga a renunciar indeclinablemente a mi cargo ya que durante toda mi gestión tuve como una de mis máximas prioridades la ampliación de los derechos", explicó Rubinstein en una carta que le envió a Macri pocas horas después de que el Gobierno derogara la resolución que él había firmado.

Además, la aplicación de este protocolo fue uno de los reclamos en las marchas que se realizaron este martes en la Ciudad de Buenos Aires para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. También motivó la presentación de un amparo colectivo presentado por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que busca dar marcha atrás con la derogación.

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