Gobierno y gobernadores: las PASO y la plata colapsan la relación, pero buscan negociar

Efecto PASO previsible, los gobernadores del PJ renovaron -varios con más fe que antes- su respaldo a Alberto Fernández, sobrepasado pero atento a la cascada de llamadas del interior. Pero una cuestión de caja terminó de poner en crisis el ejercicio de diálogo hasta no hace mucho fluido con el Gobierno. La baja del impuesto a las Ganancias y del IVA para algunos productos esenciales representa, de hecho, un costo compartido involuntariamente y los jefes provinciales actúan en pinza para no ceder fondos. En la Casa Rosada, pusieron a sus funcionarios con más ejercicio en este terreno para conversar con los ministros locales. Tensión con final abierto.

Esta semana terminó con advertencias de combate y también algunos contactos reservados. Y la que viene arrancará con señales explícitas de una partida difícil entre las partes. Los gobernadores peronistas piensan escalonar sus reclamos formales ante la Corte Suprema, con lo cual, si no hay entendimiento alguno, el conflicto terminaría involucrando a la Justicia en un cuadro político y económico extremadamente delicado.

El Gobierno intentará poner en marcha una negociación amplia, pero no colectiva, con los ministros del área de cada provincia. Serían tratativas individuales motorizadas por el Ministerio del Interior, y estarían a cargo de Alejandro Caldarelli y Paulino Caballero, funcionarios de trato permanente con funcionarios de cada distrito.

El peronismo de los jefes territoriales buscó advertir que la pelea política, al menos simbólica, será planteada también en el virtualmente inactivo Congreso. Carlos Caserio, titular del bloque de senadores luego de la salida de Miguel Angel Pichetto, presentó un proyecto que señala de hecho un camino de compensación muy frecuente en otras épocas: los ATN, aportes que maneja el Ejecutivo y que se hicieron famosos a partir del menemismo.

Si son contempladas las cifras que se manejan en uno y otro lado, parecería altamente improbable un acuerdo. Los gobernadores peronistas difundieron distintos cálculos, en aumento. Dicen que la pérdida de ingresos del conjunto de las provincias por esta baja de impuestos coparticipados rondaría entre 40.000 y 50.000 millones de pesos. En cambio, el Gobierno difunde cuentas según las cuales -considerando la poda pero también algunos ingresos extra y el sobrecumplimiento de la coparticipación- esa sangría para las provincias estaría muy por debajo, en torno de los 5.000 millones.

Está a la vista que el manejo de los números es un elemento casi de pelea discursiva. Y no está claro cuánto podría ceder cada parte, si realmente hay intenciones de negociar o de extremar la pelea, con estribaciones judiciales. Más abierta, o al menos con alguna chance de compensación, asoma la pulseada con las provincias petroleras por el esmerilamiento de regalías a causa del congelamiento del precio de combustibles.

La cuestión de baja de ingresos por Ganancias y por IVA dibuja una puesta escena más compleja. El grueso de los gobernadores – no sólo del PJ- se reunió esta semana para cuestionar esa decisión presidencial. Y suscribió un documento con comienzo llamativo: las tres líneas iniciales del punto número uno fueron dedicadas a una aclaración. "En primer lugar, dejamos bien en claro que no estamos en contra de ninguna medida que tenga como objetivo paliar la grave situación que atraviesa la mayoría de los sectores de nuestra sociedad", dice.

En ese terreno había intentado plantear el Gobierno la polémica con los gobernadores. Apuntó a que se trata de medidas excepcionales para amortiguar la crisis y destacó que los esfuerzos del Estado deberían ser compartidos. Algo así había disparado el ministro Dante Sica y después lo hizo el nuevo integrante del gabinete, Hernán Lacunza. Sin embargo, son presentadas como respuestas puntuales y no como una línea de confrontación en continuado. Se verá si el conflicto trepa en intensidad.

Alberto Fernández, destacan en la otra vereda, dio su apoyo al reclamo de los gobernadores –grupo vital en su juego interno-, pero no lo colocó como eje de sus sucesivas exposiciones de estos días. Prefiere hablar de acompañamiento a los gobernadores, porque su agenda está dominada por un cuestionamiento más amplio a Macri, con eje en la economía, pero sin descuidar el ejercicio de equilibrio que le reclama, de hecho, el complejo tránsito hacia octubre y las extremadas reacciones de los mercados.
Una de sus últimas presentaciones resultó significativa en ese sentido. Un eje central fue negar cualquier posibilidad de default para terminar de enmendar una definición suya, interpretada como anticipo de reestructuración de la deuda. No habría alcanzado, para malestar propio, con la aclaración previa encargada a Guillermo Nielsen.

En otras palabras, Alberto Fernández respalda el reclamo de los gobernadores y, a la vez, vería como un elemento de descompresión alguna forma de entendimiento. En esa línea habló con la jerarquía católica argentina, que el martes tiene cita con Mauricio Macri. Son citas salientes de la agenda prevista como actividad de los obispos en época de campaña. Estos encuentros adquirieron un tono diferente por el impacto no sólo político de las PASO, sino además por su consecuencia económica y, por ende, social.

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