Con cautela y por lo bajo, y con Mauricio Macri de gira oficial por Asia, desde el Gobierno no se mostraron sorprendidos por el fallo de la Corte Suprema que obliga al Estado a pagarle a San Luis $15 mil millones en concepto de fondos coparticipables, y aseguraron que ahora buscarán negociar con la administración puntana los plazos del pago.
Así lo aseguraron este mediodía fuentes oficiales después del análisis del fallo de doce carillas firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, la nueva mayoría del tribunal, independiente del PRO. En la mesa judicial que asesora al jefe de Estado, y que el año pasado impulsó a Carlos Rosenkratz como presidente del máximo tribunal en lugar de Lorenzetti, no hubo sorpresas por la resolución de esta mañana.
De hecho, en los pasillos de Tribunales e incluso en los de la Casa de Gobierno, muchos se preguntan si fue atinada la idea del asesor presidencial Fabián Rodríguez Simón de reemplazar de manera intempestiva, antes de que finalice su mandato, a Lorenzetti.
"Vamos a acatar el fallo, como siempre, y vamos a negociar con la Provincia cómo pagarlo y en qué plazos", explicaron a este medio fuentes oficiales. Si bien es cierto que el fallo de la Corte no habla de plazos, fuentes del tribunal resaltaron que la ejecución de la sentencia "tiene sus tiempos jurídicos". "Si esos tiempos no se cumplen, por ejemplo, se embargan los fondos", remarcaron.
En ese sentido, el pésimo vínculo entre la administración de Alberto Rodríguez Saá y la Casa Rosada no es un buen augurio para el Gobierno en la negociación. "Siempre hemos intentado negociar con San Luis, pero nos fue imposible", abundaron fuentes oficiales.
San Luis y La Pampa, otra de las provincias que mantienen una relación tirante con la administración central, fueron las dos jurisdicciones que no adhirieron al pacto fiscal que el Gobierno acordó con los otros 22 distritos.
El fallo de este martes del máximo tribunal dio lugar a la causa original de noviembre del 2015, cuyo reclamo había sido presentado por San Luis, Santa Fe y Córdoba, y en la que Rodríguez Saá reclamaba por retenciones del 15% de la ANSES y del 1,9% por parte de la AFIP. Discriminado, unos $11.500 millones del primer organismo y $3.500 del ente recaudador, que suma los $15 mil millones que ahora deberá devolverle el Estado nacional.
La resolución, de todos modos, dispone que los intereses del reclamo se computen "a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central", es decir, no la tasa activa que pedía la administración provincial y que es mayor que la pasiva.
La negociación se torna, en ese sentido, compleja. Eduardo Mones Ruiz, ministro de Gobierno de San Luis, remarcó que el fallo obliga a que la deuda se cancele de manera inmediata: "Es un fallo muy bueno que demuestra que la provincia de San Luis tenía razón", dijo.
El fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, que patrocinó al gobernador junto a Rodolfo Barra y Beltrán María Fos -Sergio Acevedo y Ricardo Yamone representaron al Estado-, celebró el fallo. "Es un momento muy importante para la provincia. Tras 10 años de litigar, finalmente la Corte Suprema define el monto que adeuda el Estado nacional", recalcó.
El tribunal podría fallar próximamente sobre el reclamo de Santa Fe, que si bien tiene un diálogo más fluido con la Casa Rosada, sigue a la espera de una resolución judicial, que podría implicar unos $45 mil millones.
Para el Gobierno, el fallo de esta mañana no impactaría en el acuerdo alcanzado con el FMI. "Al no hablar de plazos nos permite seguir trabajando con San Luis", subrayaron, esperanzados, desde el oficialismo. Quieren patear el pago lo más adelante posible.
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