Este martes, mediante la Acordada 44/2018, se le recortaron facultades que tenía delegadas el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. La norma -entre otras resoluciones- sustituyó dos artículos del Reglamento para la Justicia Nacional estableciendo que las decisiones correspondientes al ejercicio de la superintendencia se adoptarán con el voto de tres ministros y la misma mayoría será exigible para designar y aceptar las renuncias de funcionarios y empleados. La acordada estipula además que de la misma forma será decidido el otorgamiento y la renovación de los contratos del personal del máximo tribunal y de los restantes tribunales del Poder Judicial de la Nación.

Los ministros Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti fundaron la resolución en el artículo 113 de la Constitución Nacional que dice que "la Corte Suprema dictará su reglamento interior y nombrará a sus empleados". Esas facultades que tiene el pleno del cuerpo -es decir todos los ministros- como cabeza del Poder Judicial habían sido delegadas en la figura del Presidente a través de una Acordada del año 1961 y de otra de 1990. Durante los 11 años en los que fue presidente del tribunal, Lorenzetti ejerció esas facultades delegadas con decisiones para las que previamente se buscaba el consenso con el resto de los ministros.

Esta situación se modificó cuando asumieron las nuevas autoridades de la Corte tras el golpe a Lorenzetti. El nuevo presidente Rosenkrantz dispuso el nombramiento de varios funcionarios sin hacer la consulta con los otros jueces. Así designó a un ex funcionario de la AFIP para que se encargue de los temas tributarios en su vocalía, al ex número dos de la Procuración del Tesoro, un organismo que asesora al Poder Ejecutivo, y a un ex empleado del Consejo de la Magistratura, entre otros. Estos nuevos nombramientos para desempeñar funciones en el ámbito de la Corte Suprema tienen como denominador común su vinculación con el oficialismo, ya sea por su pertenencia al PRO o por haber estado prestando servicios para el Poder Ejecutivo.

La reacción interna no tardó en llegar y -como viene contando Infobae– generó un gran malestar que desencadenó en el dictado de la Acordada que le recortó facultades delegadas al presidente del tribunal. Al descontento de los ministros por los nombramientos inconsultos se sumó la intención de Rosenkrantz de hacer valer más su voto en cuestiones de organización interna del tribunal. Este temperamento incluso quedó plasmado en uno de los considerandos de su disidencia en el que dice que "no son legalmente admisibles reglas de funcionamiento en las que uno o más ministros adopten, sin el concurso de la voluntad del Presidente, decisiones que impliquen disposiciones del crédito presupuestario". O sea, según la consideración de los otros jueces, una especie de voto calificado.

Toda esta situación motivó que los otros ministros decidieran hace unos 15 días sacar la Acordada para que el Presidente devuelva al pleno las facultades delegadas y que están establecidas por el art. 113 de la Constitución Nacional. Es así que desde hace un par de semanas venía circulando por las vocalías la resolución que se dictó este martes para que fuera analizada por los jueces. De hecho, Elena Highton de Nolasco firmó la Acordada y pocas horas después tachó su firma.

Este martes, el acuerdo en el que se dictó el fallo del caso Blanco que benefició a los jubilados comenzó a las 10 de mañana. Una vez terminado el acuerdo -a eso de las 11- Lorenzetti, Maqueda y Rosatti le manifestaron a Rosenkrantz que querían que se registrara la Acordada. "Denme una hora que quiero plantear una disidencia", les respondió el presidente del máximo tribunal según pudo saber Infobae.

Los otros tres ministros aceptaron y quedaron en que se encontrarían a las 12 en el Salón de Acuerdos para protocolizar y registrar la Acordada con la inclusión de la disidencia. A la hora pactada Lorenzetti, Maqueda y Rosatti fueron al Salón de acuerdos pero Rosenkrantz no apareció nunca en la reunión. En ese ínterin, entre las 11 y las 12, -de acuerdo con la información que recolectó Infobae– el presidente de la Corte ordenó a la oficina encargada de registrar las Acordadas que no protocolizara nada hasta que él enviara su disidencia, todo bajo apercibimiento de sumariar a quien no cumpliera con lo indicado. Finalmente la Acordada en cuestión se registró a las 13:30.

Con este recorte de facultades delegadas al presidente que vuelven al pleno de la Corte, el poder del ministro Carlos Rosenkrantz quedó limitado a funciones protocolares.

A raíz de la decisión de la jueza Elena Highton de Nolasco de tachar su firma de la Acordada, en el acuerdo de la semana que viene Ricardo Lorenzetti pedirá que se investigue si la ministra recibió algún tipo de presión -y si fue interna o externa- para que retirara su rúbrica.

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