El ciudadano turco detenido durante los incidentes en el Congreso negó haber agredido a la policía y presentó documentos sobre su residencia legal

El ciudadano turco residente en el país que fue detenido durante los incidentes y la represión cuando la Cámara de Diputados trataba la ley de presupuesto negó ayer en la justicia haber cometido cualquier delito y presentó una decena de documentos para que sean analizados.

Se trata de Anil Baran que declaró en indagatoria ante el fiscal penal, contravencional y de faltas de la ciudad de Buenos Aires Federico Tropea. Baran, quien tramita la nacionalización argentina, fue acusado de los delitos de atentado y resistencia a la autoridad. Pero negó la imputación y contó como fueron los hechos.

Relató que el 25 de octubre -un día después de la marcha convocada al Congreso- tenía turno en la embajada de Turquía en Argentina para buscar documentación para el trámite de su nacionalización. Contó que llegó el 23 de octubre a Buenos Aires desde Villa María, Córdoba, donde vive con su esposa argentina. Se fue a La Plata a la casa de un amigo y al día siguiente fue al centro de Buenos Aires a conocer la ciudad.

Explicó que llegó a la estación Constitución del ferrocarril Roca y de allí caminó por la calle Lima cuando a la altura de la calle Humberto Primo la policía comenzó a arrojar gas y aparecieron oficiales en moto y lo detuvieron. El acta policial dice que fue apresado junto a otras 16 personas por tirar piedras pero en las calles Lima y Carlos Calvo. Es la misma zona en la que fueron detenidos dos hermanos venezolanos que también negaron las acusaciones.

Baran agregó que no se resistió a la detención y que quiso mostrarle a la policía su documentación pero no la aceptaron. También dijo que no participó de la marcha, negó haber tirado piedras y señaló que recibió dos impactos de bala de goma.

Su defensa, a cargo de la abogada María del Carmen Verdú, sostuvo que Baran llegó a la estación de Constitución a las 15:32, hora en la que la marcha en el Congreso ya estaba desconcentrada.

El 24 de octubre al mediodía Diputados comenzó a tratar el proyecto de presupuesto 2019 que elaboró el gobierno de Macri. Afuera, organizaciones sociales y partidos de izquierda convocaron a una marcha de protesta que congregó a miles de personas. Un puñado de ellas comenzó a arrojar piedras a la policía que respondió con gases, balas de goma y camiones hidrantes. En la desconcrentración la policía siguió a los manifestantes que fueron detenidos a varias cuadras del Congreso.

La defensa de Baran le aportó a la Fiscalía 13 documentos. Entre ellos los registros de la tarjeta SUBE del turco -que compró y cargó el día que llegó a Buenos Aires-, las planillas de los horarios del ferrocarril Roca, el turno para hacer el trámite en la embajada de Turquía y toda su documentación migratoria. Pidió que sean analizados como prueba para demostrar su inocencia.

Baran vive en Argentina desde el verano de 2016 cuando llegó con visa de turista. Luego se fue a vivir a la ciudad de Córdoba y de allí a Villa María. De profesión economista y casado en octubre del año pasado con una argentina, Baran recibió en julio del 2017 la residencia transitoria y el 29 de agosto pasado la residencia definitiva. Ahora tramitaba su nacionalización.

La defensa también dio copia del DNI definitivo argentino que tiene Baran y certificado de que no tiene antecedentes penales en el país ni en Turquía.

Ayer también debía presentarse en la justicia el ciudadano paraguayo Luis Fretes pero su defensa presentó un certificado médico y su indagatoria se pasó para el miércoles.

Baran, Fretes y los hermanos venezolanos Felipe y Víctor Uleo son los cuatro extranjeros detenidos el 24 de octubre pasado. En total hubo 26 detenidos pero la situación de los extranjeros fue resaltada por funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. Los ministros Rogelio Frigerio (de Interior) y Patricia Bullrich (de Seguridad) anunciaron que los cuatro iban a ser expulsados "lo más rápido posible" del país por haber cometido delitos.

Pero la ley de migraciones establece que para eso se requiere tener una condena penal, por lo que primero debe tramitarse la causa penal. Además, los cuatro tienen la residencia legal en la país.

El fiscal Tropea busca determinar la responsabilidad de cada uno a través de filmaciones e imágenes de cámaras de seguridad que está analizando el Cuerpo de Investigación Judicial (CIJ) del Ministerio Público de la ciudad de Buenos Aires. De allí surgirá si los detenidos -que están todos en libertad- cometieron algún delito.

Fuentes de la investigación adelantaron que además de determinar la eventual responsabilidad de los detenidos buscarán identificar a las personas que sí atacaron a la policía con piedras, rompieron bancos de la Plaza de los Dos Congresos y quemaron tachos de residuos. "La identificación no es una tarea fácil para se intentará dar con quiénes si hayan cometido ilícitos", explicó uno de los investigadores.

Eso ocurrió con la causa penal que instruye el juez federal Sergio Torres por los incidentes y represión que ocurrió en diciembre del año pasado cuando Diputados trató la ley de reforma previsional. De los 69 detenidos por la policía de la ciudad, 58 fueron sobreseídos porque no cometieron ningún delito. Y el magistrado ordenó la detención de otras personas que sí habían, por ejemplo, atacado a la policía. En ese caso, dos policías fueron enviados a juicio por agredir a manifestantes.

Cuando los 26 acusados terminen de declarar, el fiscal Tropea tiene tres meses para resolver si los acusa formalmente de un delito y pide su elevación a juicio oral o si rechaza la acusación. El Código le permite pedir una prórroga en el plazo de tres meses más.