En el allanamiento a la casa de Cristina Kirchner en El Calafate, encontraron información que podría provenir de escuchas ilegales

Entre las muchas cosas que se hallaron en el allanamiento ordenado por el juez Claudio Bonadio en la casa de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner en El Calafate, aparecieron varias carpetas con desgrabaciones que podrían provenir de escuchas ilegales.

Fuentes vinculadas a la investigación del caso iniciado a partir de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, confirmaron a Infobae que entre el material encontrado en la casa de la ex presidente –además de la carta original de San Martín a O´Higgins, el prontuario policial de Hipólito Yrigoyen y un bastón presidencial– hay informes cuyo origen puede estar basado en intervenciones telefónicas ilegales.

Un par de esos informes que según los investigadores debe investigarse si provienen de escuchas ilegales, están fechados en abril de 2012. El 16 de abril de aquel año, la presidente de la Nación había enviado al Congreso el proyecto de ley para expropiar YPF y estatizarla.

Una de las desgrabaciones está fechada el 17 de abril de 2012 y aparenta ser la transcripción de una teleconferencia que tuvo el por entonces presidente de Repsol YPF, el español Antonio Brufau. En ese informe tanto Brufau como Miguel Martínez, quien era director económico financiero de la compañía, explicaron la situación en Argentina a varios analistas de bancos privados. Los españoles relataron –en la teleconferencia que duró 62 minutos– la situación política en el país y diversos asuntos vinculados con la operación de la compañía petrolera que en mayo de aquel año sería expropiada.

Entre los papeles de El Calafate apareció otra desgrabación de una teleconferencia protagonizada por un ejecutivo de una empresa petrolera e inversores. En la desgrabación correspondiente al 18 de abril de 2012 se reprodujo una conversación entre Alberto Galvis Melo, representante de British Petroleum en Argentina, empresa que es accionista de la compañía Pan American Energy, y Adam Demark, integrante del fondo de inversión Mason Capital que poseía por entonces un porcentaje de las acciones de British Petroleum.

Otra de las desgrabaciones que estaban en la casa de la senadora nacional por el Frente para la Victoria corresponde al 23 de mayo de 2012. En ella hablan ejecutivos del banco HSBC sobre un proyecto de inversión de la empresa minera Barrick Gold.

Hay otra transcripción de una comunicación, en este caso fechada el 30 de mayo de aquel año, en la que ejecutivos del Citigroup de Argentina hablan con otros ejecutivos de la misma compañía en otros países. Explican cuál es la firma Clorox y se refieren a la estatización de YPF.

No hay registro, por lo menos conocido, acerca de la existencia de causas judiciales en las que algún juez hubiera autorizado las escuchas que, infieren los investigadores del caso de los cuadernos escritos por Centeno, fueron desgrabadas y estaban en El Calafate.

Había también en la casa de la ex presidente un informe de llamados telefónicos realizados por Héctor Germán Benítez, quien fue relacionado con el ex diputado Francisco De Narváez. Antes de las elecciones de 2009 en las que el empresario derrotó a Néstor Kirchner, el candidato opositor quedó envuelto en un caso vinculado al tráfico de efedrina por el que está detenido Mario Segovia. Ese material hallado en El Calafate formaba parte de una causa judicial que tramitaba en un juzgado en lo penal Económico de la Capital.

Entre los papeles que tenía la ex presidente en El Calafate se encontró un listado de cuentas de los accionistas del Grupo Clarín, confeccionada, según explicaron a Infobae los investigadores, en base a la información que existía en la causa judicial iniciada a partir de la denuncia de Hernán Arbizu, quien había sido ejecutivo del banco J.P. Morgan.

Otras fotocopias halladas en El Calafate se refieren a la compañía Glencore, con intereses en Venezuela. Entre lo hallado se encuentra una nota llamada Informe confidencial sobre el Cartel del Aluminio y sus actividades en Venezuela. Adosado a esa nota de febrero de 2007 se halló un informe en cuyo acápite se lee "No difundir" y tiene como objetivo de análisis al empresario argentino –con negocios en Venezuela y Estados Unidos- Roberto Jorge Wellisch. Ese hombre estaba nombrado en varias notas periodísticas del año 2010 cuando se revelaban detalles de la investigación judicial sobre negocios de empresas de maquinaria agrícola con Venezuela. Wellisch estaba relacionado con la intermediaria en el negocio Palmat. En el informe se reseñan varias publicaciones de diarios porteños y algunos datos sobre Wellisch.

Otro de los dossiers encontrados por los agentes de la Policía Federal en El Calafate remite al año 2014. Es un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por entonces a cargo de Ricardo Echegaray, donde se analiza la compra de dólares según diversas variantes: rangos de compra, compradores frecuentes, compradores "compulsivos", adquisiciones por provincia, etc. También se halló un informe de la AFIP sobre la deuda que les reclamaba a algunas de las empresas de medios de comunicación de la Argentina. La AFIP les exigía el pago porque consideraba que no era correcto el haber computado contribuciones patronales como crédito fiscal en el IVA.

En el listado de aquel entonces, que fue encontrado en El Calafate, aparecen el diario La Nación, Perfil, Radio Continental, diario Río Negro y Ámbito Financiero, entre otros.

Lo encontrado en el allanamiento no tiene relación con la investigación surgida a partir de las anotaciones de Centeno. Entonces es probable que Bonadio envíe el material a la Cámara Federal para que otro juez determine si la ex presidente cometió delito por haber tenido en su poder esos informes, algunos de ellos basados en escuchas telefónicas.