El Gobierno envía al Congreso un proyecto para derogar los impuestos internos en las tarifas de los servicios públicos

Mientras la oposición ratificó la convocatoria a una sesión especial para mañana en la Cámara de Diputados, para discutir distintas iniciativas destinadas a retrotraer el valor de las tarifas, el Gobierno tiene listo su proyecto para derogar los impuestos internos en las tarifas de los servicios públicos.

Según pudo saber Infobae, la iniciativa será presentada por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y alcanzará a todas las provincias y municipios del país.

Según el texto del proyecto, "las facturas de los servicios públicos esenciales deberán contener exclusivamente los cargos por el consumo realizado por el usuario, incluyendo solo el impuesto al IVA e Ingresos Brutos, si correspondiera" y "no se podrá incorporar en la facturación cualquier otro cargo, tasa o concepto" a los mencionados.

La puntada final sobre cada artículo del proyecto se terminó de definir este mediodía en la Casa Rosada, durante la reunión de coordinación de la que participaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el jefe del bloque del Pro en la Cámara Baja, Nicolás Massot, y la vicepresidente Gabriela Michetti, entre otros.

El Poder Ejecutivo busca así "garantizar el derecho constitucional de los usuarios y consumidores a recibir una información adecuada, veraz y precisa", con respecto al consumo en los servicios de energía, gas y agua.

El artículo 3° del proyecto hace referencia a los alcances de la ley. "Están obligados al cumplimiento de la presente ley los entes distribuidores o quienes fueren los sujetos responsables de la facturación por el cobro de la prestación de servicios públicos, sean estos entes públicos o privados, independientemente de la figura jurídica que posean, y el alcance territorial de la prestación del servicio".

Asimismo, el proyecto aclara que los entes tanto públicos como privados deberán adecuar sus facturas en un plazo máximo de 30 días desde la promulgación de la ley. Además, se invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a realizar las adecuaciones normativas necesarias para su cumplimiento.

Finalmente, el proyecto incluye sanciones para los casos en que se verifiquen incumplimientos a la normativa. Así, quienes infrinjan la ley serán apercibidos, multados (se les aplicará una multa económica en 10 a 10.000 veces el monto facturado indebidamente), y hasta podrían perder la concesión.

El objetivo del Gobierno con la presentación de este proyecto es retomar la iniciativa en un tema que había sido acaparado por la oposición, que se preparaba para intentar impulsar mañana un par de proyectos que proponían congelar los aumentos y atarlos a la suba de los salarios, por un lado, y retrotraer los montos de las tarifas a comienzos de 2017, por otro.

En ese sentido, de acuerdo con el proyecto al que accedió Infobae, el Gobierno apunta a que ni los gobernadores ni los intendentes opositores puedan evitar avanzar en la reducción de la incidencia de distintos impuestos en el costo final de los servicios, lo que debería llevar a un aumento menos pronunciado que el pautado por el calendario impulsado por el ministro Aranguren.

Por otro lado, se trata de una forma de intentar ordenar las facturas de los servicios públicos a nivel provincial y municipal, liquidaciones a las que solían estar adheridos otros servicios como el ABL u otras tasas municipales.

El proyecto de ley:

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