Un grupo de trabajo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ratificó sus cuestionamientos por la "detención arbitraria" de Milagro Sala. Además, planteó objeciones sobre el decreto para expulsar a los extranjeros que delinquen.
Luego de una semana de evaluación, reuniones con autoridades y visitas a diferentes cárceles de la Argentina, el grupo de trabajo sobre Detención Arbitraria expresó que "sigue vigente" su evaluación sobre la situación de la líder de la Tupac Amaru en Jujuy y transmitió al Poder Ejecutivo sus consejos para abordar el tema.
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En una conferencia de prensa de la que participó Infobae, los delegados de este equipo de la ONU, Elina Steinerte y Roland Adjovi, explicaron que antes de evaluar la situación se reunieron en Jujuy con las autoridades políticas y judiciales y con Milagro Sala. Luego de ello, ratificaron el informe emitido el año pasado, que ahora será elevado al consejo de derechos humanos de la ONU.
"Confiamos y no dudamos de la buena voluntad del gobierno argentino de escuchar nuestra recomendación, ya que fue el propio Gobierno el que nos invitó a esta visita", dijo Adjovi.
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Al mismo tiempo, los delegados que visitaron el país plantearon un duro cuestionamiento al Decreto 70/2017 que permite la detención y expulsión de inmigrantes que hayan cometido delitos. "La detención de inmigrantes debe ser excepcional y puede justificarse únicamente si persigue un fin legítimo. Es proporcional, además de necesaria, y cuenta con el control judicial apropiado", evaluaron los funcionarios de la ONU.
El grupo de trabajo lamentó la adopción de ese decreto y pidió a la Casa Rosada que revise su implementación. Según pudo saber Infobae, tanto del Ministerio de Justicia como el del Interior y Seguridad explicaron a los delegados de la ONU que ese decreto solo se aplica para detener inmigrantes delincuentes.
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En otro tramo del informe, se manifestó la "extrema preocupación" por la selectividad del sistema de justicia penal de la Argentina en relación con las personas de orígenes socioeconómicos vulnerables y quienes participan en protestas sociales.
El grupo de trabajo recorrió las provincias de Buenos aires, Chubut, Jujuy y la ciudad de Buenos Aires. Se reunió a lo largo de esta visita con autoridades policiales, políticas, judiciales y ONG de derechos humanos.
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