
Representantes de seis bancadas presentaron el Proyecto de Ley 0823-2026-2031-CD, que incorpora en la legislación una prohibición expresa de la pesca industrial dentro de todas las Áreas Naturales Protegidas (ANP).
La iniciativa busca elevar a rango de ley una restricción que ya figura en el reglamento de la Ley de ANP, y recoge la demanda de organizaciones de pescadores, científicos, universidades y colectivos ambientales, que promueven una protección más sólida para las reservas marinas del país.
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La propuesta fue presentada el 11 de noviembre y tiene como autora a la diputada Rossana Alayza Maccera, del Partido del Buen Gobierno. El documento cuenta con coautores de las bancadas Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras, Juntos por el Perú, Ahora Nación, Fuerza Popular y Renovación Popular.
Los firmantes del proyecto pertenecen a seis bancadas
El proyecto propone incorporar el artículo 27-A en la Ley 26834, Ley de ANP. El texto establecería que las actividades de pesca industrial no podrán desarrollarse dentro de las ANP, tanto en los espacios marinos como en los continentales.
La iniciativa fue suscrita por 15 parlamentarios, agrupados de la siguiente forma:
- Partido del Buen Gobierno (PBG): Rossana Alayza Maccera, Lila Marianela Prado Vallejos, Nora María Llaque Linares, Carmen Georgina Duarte Patiño de Pezet, Jessica Benítez Barrionuevo, Fernando García Huby y Romina Uribe Saenz.
- Partido Cívico Obras: Víctor Eduardo Piñán Mamani y Jeenny Cristina Samanez Gonzales Vigil.
- Juntos por el Perú (JPP): Ernesto Alonzo Zunini Yerren y Giannina Avendaño Vilca.
- Ahora Nación (AN): Ángel Renato Meneses Crispín.
- Fuerza Popular (FP): Carlos Alberto Zegarra Sánchez.
- Renovación Popular (RP): Carlos Alberto Yalta Sotelo y Norma Martina Yarrow Lumbreras.
La participación de representantes de seis agrupaciones políticas constituye una señal poco habitual en un Congreso atravesado por diferencias entre bloques. Los impulsores de la propuesta sostienen que la conservación de las reservas marinas puede reunir respaldos de sectores con posiciones distintas en otros asuntos de la agenda parlamentaria.
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La prohibición ya existe en el reglamento desde 2001
La pesca industrial está prohibida en las áreas naturales protegidas desde 2001. El artículo 112.5 del Reglamento de la Ley 26834 establece esa restricción para los espacios bajo protección estatal, incluidos aquellos ubicados en el mar y en la franja marino-costera.
Los autores del proyecto consideran que esa disposición requiere mayor respaldo normativo. Al estar incluida en un reglamento, sostienen que puede quedar expuesta a cuestionamientos administrativos o judiciales.

La modificación planteada busca que la prohibición forme parte de la ley y tenga un alcance expreso para todo el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe).
La discusión adquirió relevancia tras una demanda presentada por la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), gremio que cuestionó la restricción para desarrollar actividades industriales dentro de zonas protegidas. Uno de los casos involucró a la Reserva Nacional de Paracas, en la región Ica.
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La controversia llegó a la Corte Suprema, que ratificó la validez de la prohibición. El máximo tribunal respaldó la compatibilidad de la norma con los fines de conservación previstos en la legislación peruana.
Pese a ese antecedente judicial, el nuevo proyecto plantea que la protección debe quedar definida sin margen para interpretaciones. El objetivo es que las reservas naturales tengan una garantía legal frente a eventuales cambios regulatorios o nuevos litigios.
Pescadores artesanales, científicos y organizaciones apoyan la iniciativa
La propuesta retoma un debate que quedó pendiente durante el anterior periodo parlamentario. La Comisión de Ambiente aprobó entonces un dictamen que reunía los proyectos de ley 5666, 6668 y 7157, vinculados con la prohibición de la pesca industrial en espacios protegidos. Sin embargo, el texto no llegó al Pleno del Congreso.
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La iniciativa vuelve ahora con una base política más amplia y con el respaldo de sectores que reclaman mayor protección para el mar peruano. Una movilización ciudadana reunió más de 300 mil firmas en defensa de las reservas marinas.

Investigadores, organizaciones ambientales, universidades y comités de gestión de áreas protegidas también expresaron su apoyo. Entre las instituciones que acompañaron la causa figura la Universidad Científica del Sur, además de colectivos vinculados a la conservación de los ecosistemas costeros.
Los gremios de pesca artesanal consideran que la discusión trasciende el ámbito ambiental. Para ellos, el mantenimiento de zonas de refugio y reproducción resulta determinante para preservar los recursos de los que depende su actividad.
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Los pescadores artesanales también alzaron su voz de protesta
Cerca de 100 mil pescadores artesanales de distintas regiones del litoral peruano se sumaron a los pedidos para blindar estas áreas. La Federación Integrada de Pescadores Artesanales del Perú (Fiupap), organizaciones de la Macro Sur y agrupaciones locales respaldaron la prohibición.
José Hernández, pescador y presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Paracas, sostuvo que la protección de estos espacios tiene consecuencias directas sobre el empleo y la alimentación.

“Proteger Paracas y nuestras reservas marinas no es un capricho ecologista; es garantizar el sustento directo y el plato de comida de millones de familias peruanas”, afirmó.
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Hernández advirtió que la entrada de embarcaciones industriales a zonas de reproducción puede reducir la disponibilidad futura de especies. Entre los recursos mencionados por pescadores y organizaciones se encuentran la bonita, el jurel, la caballa y el pejerrey.
Las reservas marinas cumplen funciones de reproducción y alimentación
Las áreas naturales protegidas cumplen una función de conservación sobre ecosistemas que albergan especies de importancia ecológica, pesquera y alimentaria. En el caso de las marinas, estos espacios ofrecen refugio, alimentación y zonas de reproducción para peces, aves, mamíferos y otras especies.
La discusión legislativa coincide con un escenario de mayor presión sobre los recursos hidrobiológicos. Fenómenos climáticos como El Niño alteran la temperatura del mar, la disponibilidad de nutrientes y la distribución de especies, con efectos sobre la pesca artesanal e industrial.
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Los promotores del proyecto sostienen que las reservas pueden contribuir a la recuperación de poblaciones de peces si mantienen condiciones adecuadas de conservación y vigilancia. Bajo esa premisa, impedir la pesca industrial dentro de estas zonas permitiría preservar áreas destinadas a la reproducción y al desarrollo de especies.
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