La oportunidad para fortalecer la pesca peruana

El inicio de este nuevo gobierno trae consigo un proyecto de ley que delega facultades legislativas en diversas materias. Entre ellas destaca una de especial relevancia frente a la coyuntura marcada por el Fenómeno de El Niño, el desarrollo productivo e innovación. Este ámbito abre la posibilidad de dictar medidas orientadas a fortalecer y modernizar el marco normativo de las actividades pesqueras y acuícolas, garantizando productividad, sostenibilidad y formalización en un sector que, pese a los ciclos climáticos, continúa siendo un motor económico y social para el país.

Según un estudio elaborado por Apoyo Consultoría en 2025, la pesca industrial aportó alrededor del 2,1 % al PBI nacional y generó más de 250 mil empleos directos, con un efecto multiplicador que se refleja en sectores como transporte, logística y servicios. PRODUCE, en sus reportes oficiales1, confirmó que por cada S/ 100 producidos por la actividad pesquera se originan cerca de S/ 80 adicionales en actividades conexas, lo que evidencia su capacidad de dinamizar la economía.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) confirmó que en los primeros meses de 2026 la producción pesquera se contrajo más del 70 % debido a la suspensión anticipada de la temporada de anchoveta, impactando también en la manufactura y otros sectores vinculados2.

Hoy, con el Fenómeno de El Niño reduciendo la actividad y poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo, la necesidad de adoptar medidas legislativas urgentes trasciende cualquier interés gremial y se convierte en una prioridad nacional para proteger el empleo y nuestra economía.

En este contexto, los derechos de pesca, entendidos como la contraprestación económica que pagan los titulares de permisos de pesca por el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, no deben concebirse únicamente como un mecanismo de recaudación. La Ley General de Pesca reconoce que los recursos hidrobiológicos constituyen patrimonio de la Nación y que su aprovechamiento debe realizarse conforme a medidas de ordenamiento sustentadas en evidencia científica y en factores biológicos, económicos y sociales.

En consecuencia, resulta coherente que, especialmente en períodos de alta variabilidad ambiental como el actual, una parte significativa de estos recursos se destine a fortalecer la investigación científica marina. Financiar estudios oceanográficos, hidroacústicos, biológicos, entre otras, permitirá generar la información necesaria para adoptar decisiones de manejo oportunas y técnicamente sustentadas, así como mejorar la capacidad del país para anticipar y responder a los cambios en el ecosistema marino y en la dinámica de las poblaciones hidrobiológicas.

Con esos recursos adicionales, el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) podrá continuar realizando investigaciones científicas actualizadas sobre la dinámica del ecosistema marino y la distribución de la anchoveta, realizando monitoreos bio-oceanográficos para evaluar el impacto del Fenómeno de El Niño Costero 2026-2027, lo que permite ajustar las políticas de manejo pesquero de manera adaptativa y en tiempo real.

En ese contexto, la delegación de facultades debe permitir orientar parte de los derechos de pesca al financiamiento de fondos de investigación y monitoreo que permitan anticipar los efectos de fenómenos climáticos y diseñar respuestas oportunas. En un país donde los ciclos de El Niño son recurrentes, la ciencia no puede ser un lujo, sino un pilar de la política pública.

Otro aspecto importante para el sector pesquero es la zona sur del país, que durante años ha enfrentado limitaciones para el desarrollo de su actividad. Hoy, el proyecto de delegación de facultades abre la posibilidad de impulsar la pesca artesanal mediante un Fondo para el Desarrollo de la Pesca Artesanal, financiado con aportes voluntarios y contraprestaciones, sin demandar recursos del Tesoro Público. Reactivar la actividad pesquera en el sur significa generar empleo, fortalecer las cadenas productivas y promover el desarrollo regional.

La pesca artesanal en el sur no solo es fuente de ingresos, sino también de identidad cultural y cohesión social. Su fortalecimiento requiere infraestructura de desembarque y frío, acceso a mercados y mecanismos de articulación con la industria. La delegación de facultades representa una oportunidad para impulsar políticas diferenciadas que contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades pesqueras del sur.

Medidas frente a El Niño: fortalecer la resiliencia del sector

La suspensión de la primera temporada de pesca de anchoveta en la zona norte-centro durante 2026 evidenció la vulnerabilidad de la actividad frente a eventos climáticos extremos. Ante fenómenos recurrentes como El Niño, resulta necesario impulsar mecanismos que fortalezcan la resiliencia del sector, promuevan la diversificación de la pesca hacia especies de oportunidad, es decir, de especies que usualmente no están disponibles a la pesca, y que lo estarán en tanto duren las condiciones cálidas. Aprovechar esa mayor oferta de especies de alto valor implica, ahora, impulsar la mejora de la infraestructura de frío para la pesca artesanal para que esté alcance un óptimo aprovechamiento de la oportunidad que representa El Niño 2026-27.

La respuesta al Niño no puede limitarse a suspender temporadas o ajustar cuotas de captura. Se requiere un enfoque integral que combine sostenibilidad, competitividad e innovación, con instrumentos que mitiguen los impactos económicos y sociales sobre la cadena pesquera.

El debate sobre la delegación de facultades trasciende el ámbito pesquero. Lo que está en juego es la posibilidad de construir una política pesquera moderna, transparente y basada en evidencia. Apostar por la ciencia, fortalecer la pesca artesanal y mejorar la capacidad de respuesta frente a los efectos del cambio climático es apostar por el crecimiento sostenible del Perú.

La pesca es mucho más que cifras de producción o exportación. Es una actividad que sostiene el empleo, dinamiza las economías regionales y contribuye a la seguridad alimentaria. Modernizar su marco normativo es reconocer que el desarrollo del Perú también depende de una gestión responsable y sostenible de su riqueza marina.