
La Corte Suprema de Justicia confirmó que la pesca industrial no puede realizarse en las Áreas Naturales Protegidas del Perú, al declarar infundada la demanda de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) contra el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), en una decisión que cierra un prolongado proceso judicial y refuerza el marco legal de protección ambiental.
La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema ratificó la sentencia emitida el 30 de mayo de 2024 por la Segunda Sala Constitucional de Lima, que rechazó la acción popular interpuesta por la SNP contra el literal c) del artículo 6.2 de la Directiva N.° 006-2021-SERNANP-DGANP.
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Dicha norma prohíbe la extracción a mayor escala de recursos hidrobiológicos —marinos o continentales— en todas las Áreas Naturales Protegidas del país, sin distinción de categoría.
El gremio pesquero sostenía que la ley permitía actividades extractivas en zonas de uso directo y que la directiva restringía indebidamente ese derecho. También argumentó que la norma no se había publicado correctamente y que contradecía disposiciones ambientales posteriores, como el decreto que autorizó pesca a gran escala en la Reserva Nacional Dorsal de Nasca.

¿Qué resolvió el Poder Judicial?
La Segunda Sala Constitucional de Lima rechazó la demanda el 30 de mayo de 2024, y la SNP apeló. Ahora, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema confirmó ese fallo, cerrando definitivamente el proceso.
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El tribunal concluyó que:
- La prohibición de pesca industrial en áreas protegidas existe desde 2001, en el reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas.
- La directiva del Sernanp no crea una nueva prohibición, sino que reafirma una norma ya vigente.
- La ley prioriza el uso de recursos por poblaciones locales y bajo planes de manejo, no la extracción a gran escala.
- La conservación del medio ambiente prevalece sobre los intereses económicos, según la Constitución.
Además, los jueces señalaron que la publicación de la directiva fue válida y que no se vulneró el principio de seguridad jurídica.

¿Por qué la SNP perdió el caso?
La Corte consideró que la SNP interpretó de manera incorrecta la Ley de Áreas Naturales Protegidas. Aunque la norma permite actividades económicas en algunas zonas, estas deben ser sostenibles, reguladas y orientadas principalmente a las comunidades locales, no a la pesca industrial.
También descartó que el caso de la Dorsal de Nasca pueda usarse como precedente general, al tratarse de una situación específica.

Un fallo que cierra el debate legal
Con esta decisión, la Corte Suprema deja sin efecto cualquier intento legal de permitir la pesca industrial dentro de parques, reservas y otras áreas protegidas del país. La sentencia es definitiva e inimpugnable.
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El fallo refuerza el rol del Sernanp como autoridad encargada de proteger estos espacios y confirma que las Áreas Naturales Protegidas deben mantenerse como zonas de conservación, investigación y uso sostenible, no como espacios de explotación a gran escala.

Impacto para el Perú
Las áreas naturales protegidas cumplen una función clave para la biodiversidad, la pesca artesanal y la seguridad alimentaria. La decisión judicial busca asegurar que estos ecosistemas sigan siendo reservas naturales para las futuras generaciones.
Con este fallo, la justicia peruana prioriza la protección ambiental frente a los intereses de la pesca industrial, en un contexto de creciente presión sobre los recursos marinos del país.
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SNP reitera respeto al proceso y espera conocer el fallo oficial
La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) aclaró que, hasta el momento, no ha recibido notificación oficial sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la República relacionado con el proceso judicial que involucra al sector. La organización, precisó que no emitirá opinión alguna sin acceder primero al contenido íntegro de la resolución, señalando que cualquier postura prematura atentaría contra las reglas de corrección y respeto institucional.
La SNP reiteró su posición de respeto absoluto al Estado de Derecho y subrayó que evaluará el fallo judicial con la debida responsabilidad una vez que este sea notificado y conocido en su totalidad. Según el comunicado difundido a la prensa, la entidad se comprometió a acatar las decisiones del Poder Judicial en el marco del ordenamiento jurídico nacional, enfatizando su disposición a actuar conforme a ley.
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En el documento, la Sociedad Nacional de Pesquería puntualizó que el proceso en cuestión se limita a un debate de carácter normativo sobre la jerarquía y validez de disposiciones administrativas, sin que ello implique cuestionamientos sobre la actividad pesquera responsable. Además, la organización reafirmó el papel de la pesca industrial formal como sector clave para la economía y el empleo en el país, insistiendo en su cumplimiento de la normativa ambiental y los estándares de sostenibilidad vigentes.
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