Los planes de Keiko Fujimori en seguridad ciudadana y lo que se avanzó en sus primeros 100 días

A 100 días de iniciado el gobierno de Keiko Fujimori, la seguridad ciudadana sigue pendiente como una de las principales demandas de la población. La extorsión, los asesinatos de conductores y trabajadores del transporte, la expansión de la minería ilegal y la actividad de organizaciones criminales mantienen la presión sobre el Ejecutivo, que llegó al poder con un plan centrado en el “orden”.

El programa de Fuerza Popular fijó cuatro compromisos para ese período: iniciar las operaciones de un C5i en Lima y Callao, fortalecer las Unidades de Flagrancia Express en Lima, Piura y Trujillo, ejecutar una intervención militar y policial en Tumbes y emitir decretos de urgencia para financiar 1.000 patrulleros inteligentes, 10.000 cámaras interconectadas y la modernización de 200 comisarías.

El balance disponible muestra medidas anunciadas, normas aprobadas y acciones en trámite, pero también vacíos de información sobre su ejecución. Para las víctimas de extorsión y violencia, la diferencia entre una promesa, un decreto o una estrategia ya desplegada se traduce en una pregunta concreta: cuándo habrá resultados positivos en las calles, las rutas de transporte y los barrios más afectados por el crimen.

Las promesas de los primeros 100 días

El plan de gobierno planteó que Lima y Callao debían contar con un Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, conocido como C5i. La propuesta incluía videovigilancia, mapas del delito, información en tiempo real y herramientas para coordinar la atención de emergencias, con una posterior expansión a otras ciudades.

Sin embargo, Gob360.pe, una plataforma ciudadana independiente que monitorea compromisos de campaña, indicó que no encontró documentos publicados por el Gobierno que acrediten el inicio de operaciones del C5i en ambas jurisdicciones. La plataforma también señaló que no halló información oficial sobre la ejecución de la promesa de financiar patrulleros, cámaras y comisarías mediante decretos de urgencia.

Alonso Núñez del Prado, director ejecutivo del Observatorio de Cumplimiento de Planes de Gobierno, afirmó en RPP que el Ministerio del Interior, a cargo de César Astudillo, presentó una propuesta de decreto con una inversión de 1.195 millones, pero sostuvo que ese documento no demuestra que la norma haya sido emitida ni que se hayan concretado las tres metas previstas.

Tumbes y las Unidades de Flagrancia

La intervención militar y policial en Tumbes era otra de las metas incluidas en el plan. El objetivo era reforzar el control fronterizo y reducir la presencia del crimen organizado en una zona marcada por el tránsito de personas, mercancías y actividades ilegales.

El Decreto Supremo N.° 133-2026-PCM prorrogó el estado de emergencia en Zarumilla y Tumbes, con la Policía Nacional del Perú a cargo del orden interno y el apoyo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la medida es solo una ampliación de una emergencia que estaba vigente antes del 28 de julio, fecha en que Keiko Fujimori asumió el Gobierno.

Núñez del Prado coincidió en que la medida registra algún desarrollo, pero la consideró una continuación de decisiones anteriores. El representante del observatorio también mencionó que existen disposiciones vinculadas al expediente judicial electrónico, aunque aclaró que no prueban el fortalecimiento prometido de las Unidades de Flagrancia Express en Lima, Piura y Trujillo.

La discusión sobre la estrategia de seguridad

Rubén Vargas, exministro del Interior, consideró que 100 días es un período insuficiente para exigir resultados frente a la criminalidad, pero advirtió que el problema no se limita a los indicadores. “Es cierto que cien días es poco para pedir resultados, pero el gran problema que tenemos, además de resultados, es que no hay una estrategia”, afirmó en diálogo con Infobae Perú.

Para Vargas, la principal deuda de la gestión es la falta de un plan integral contra el crimen organizado y las economías ilegales. “Todavía no tenemos una estrategia contra el crimen organizado predatorio”, sostuvo. El exministro cuestionó que la respuesta frente a la extorsión se reduzca a medidas aisladas y que el Gobierno aún no haya explicado cómo convertirá los cinco ejes de seguridad presentados ante el Congreso en acciones operativas contra los homicidios, el narcotráfico, la minería ilegal y el cobro de cupos.

También señaló la necesidad de impulsar una reforma de la Policía Nacional del Perú ante problemas de estructura, formación, captación de cuadros y corrupción. No obstante, reconoció que la presidenta muestra disposición para encontrar una salida a la crisis de seguridad, aunque consideró que requiere respaldo técnico y estratégico para definir una ruta.

Carlos Basombrío, también exministro del Interior, destacó las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la amenaza del fenómeno El Niño y consideró que la prevención había sido relegada por administraciones anteriores. Sin embargo, advirtió que la gestión de Keiko Fujimori mantiene una “gran deuda en seguridad ciudadana” y cuestionó que su respuesta se apoye principalmente en estados de emergencia y comandos unificados. “Eso no es una política de seguridad”, afirmó al referirse a la continuidad de estas medidas.

El exministro también cuestionó lo que consideró una falta de empatía del Ejecutivo frente a los asesinatos y ataques contra transportistas. “No he visto una sola palabra de la presidenta” dirigida a las víctimas, afirmó, y añadió que una expresión pública de solidaridad con los familiares constituiría un primer gesto ante una situación que calificó como grave.

Basombrío valoró las acciones para bloquear señales de telefonía en los penales y el anuncio de una reforma policial que contempla reducir de 18 a 10 las escuelas de formación. Sin embargo, insistió en que estas decisiones deben ejecutarse y sostenerse en el tiempo: “La reforma de la Policía es indispensable si queremos avanzar en la lucha contra el crimen”, sostuvo en Perú 21.

Añadió brevemente que el Gobierno busca referencias en experiencias internacionales como las de El Salvador, pero consideró que las decisiones deben responder a la dimensión territorial y criminal propia del Perú.

Sobre la gestión del Ministerio del Interior

Rubén Vargas atribuyó al sector Interior de César Astudillo la responsabilidad de presentar una estrategia contra el crimen organizado. “El responsable de que no se tenga la estrategia es precisamente el sector Interior”, afirmó al cuestionar la falta de un plan operativo contra la extorsión, el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas.

Carlos Basombrío tuvo una evaluación distinta sobre el titular del sector. Consideró que “no es el problema” y señaló que aún se está familiarizando con la función. Además, destacó al comandante general de la Policía Nacional del Perú, a quien calificó como “honesto” e “inteligente”, y sostuvo que su designación representa una oportunidad para mejorar la conducción institucional y remover a jefes cuestionados.