Franco Vidal se declara “loco contra el sistema” y ataca a la prensa tras revelarse gasto de S/ 34 millones en fiestas y eventos

El alcalde streamer de Ate, Franco Vidal, publicó este miércoles un mensaje en su cuenta de Facebook en el que arremetió contra la prensa tras la difusión de un reportaje que reveló que su gestión destinó cerca de S/ 34,9 millones a contrataciones para celebraciones, inauguraciones y actividades recreativas y deportivas durante 2024 y 2025.

“Ahora sí se dan cuenta de la verdadera cara de la prensa peruana. Ellos manipulan todos los reportajes a su manera. Persisten en embrutecer a la población, pero el pueblo peruano ya despertó”, afirmó en un video en el que aparece jugando Jenga mientras retira piezas con las palabras “rating” y “publicidad estatal”.

Vidal exhortó a sus simpatizantes a dejar de consumir programas periodísticos como una forma de afectar sus ingresos por publicidad. “¿Qué pasaría si dejamos de ver programas ‘mermeleros’? Le bajamos el rating. ¿Y qué pasa si le bajamos el rating? No hay vistas. ¿Y qué pasa si no hay vistas? No hay dinero”, sostuvo.

El burgomaestre también se presentó como una figura ajena a los mecanismos tradicionales de exposición mediática y lanzó una advertencia en tono desafiante contra el sistema de medios.

“Pero ¿qué pasaría si hay un loco contra este sistema que no necesite de la prensa ni su dinero? Se acaba el juego”, expresó antes de cerrar su intervención con un golpe frente a la cámara.

El último fin de semana, el programa Cuarto Poder reveló, con base en información de la Contraloría General de la República, presuntas irregularidades en algunos de estos desembolsos. Entre los hallazgos figuran servicios que no se habrían ejecutado y pagos que carecerían de documentación para acreditar su prestación.

De acuerdo con el órgano de control, solo en 2024 se comprometieron alrededor de S/ 25 millones mediante contrataciones menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT) mientras que en 2025 el monto se aproximó a los S/ 10 millones.

Uno de los casos observados involucra a Miguel Ruelas Quillatupa, quien pasó de postular a una plaza de chofer de serenazgo a convertirse en proveedor recurrente de la comuna. Desde mayo de 2024 recibió órdenes de servicio por S/ 918.725 para suministrar baños portátiles, vender arreglos florales, alquilar mobiliario y brindar alimentación.

La Contraloría advirtió que varias de estas prestaciones no se habrían realizado, pese a que las áreas correspondientes emitieron su conformidad y autorizaron los pagos.

Entre los desembolsos cuestionados figuran ocho servicios contratados para el aniversario de Ate y un desfile de exalumnos: cinco vinculados con la primera celebración y tres con la segunda. Según el informe, ninguno habría sido prestado, aunque la municipalidad aprobó los pagos. El hecho ocasionó un perjuicio económico de S/ 61.500.

El mismo empresario también participó en las contrataciones para el Festival de Box Amateur y Exhibición de Artes Marciales, realizado el 4 de mayo de 2024 en el complejo Ollantaytambo. La comuna desembolsó S/ 3.800 por el alquiler de baños, mesas y sillas, pese a que el recinto ya contaba con servicios higiénicos y graderías.

Los auditores cuestionaron, además, que no existieran documentos que acreditaran el traslado de los bienes ni la efectiva prestación de los servicios.

Las observaciones no se circunscribieron a los contratos con Ruelas Quillatupa. El reporte también identificó cuestionamientos sobre la justificación de determinados gastos destinados a actividades municipales y la experiencia de algunos proveedores seleccionados.

Gerald Flores, gerente regional de Control de Lima Metropolitana, indicó que la Contraloría recomendó al procurador anticorrupción iniciar acciones legales contra los presuntos responsables y remitir el caso a la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios.

El padre del burgomaestre, Manuel Vidal Camargo (Avanza País), obtuvo recientemente un amplio triunfo electoral como parte de una fórmula en la que ocupó el segundo lugar, lo que le asegura continuidad política en la jurisdicción.