El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, pidió disculpas este martes a los abogados penalistas “que se sintieron afectados” por sus declaraciones sobre el Código Procesal Penal, después de afirmar que algunas de sus normas fueron elaboradas por abogados litigantes pensando en sus clientes delincuentes.
“Yo he pedido disculpas a todos aquellos (...) que se han sentido legítimamente heridos con mis palabras, que fueron muy mal expresadas”, afirmó al ser consultado sobre sus declaraciones tras presentarse en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
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Explicó que sus dichos se debieron, en parte, a que no es “político”, sino “un académico” que suele decir lo que piensa “sin pasarlas por el filtro de la corrección”.
Sostuvo, sin embargo, que tanto el Código Penal como el Código Procesal Penal “no han cumplido el rol, la finalidad por las cuales fueron establecidas” y defendió la necesidad de revisar su funcionamiento.

Como ejemplo, mencionó la existencia de un porcentaje de internos que permanecen en prisión sin una sentencia condenatoria y señaló que algunos podrían ser inocentes, al estar amparados por la presunción de inocencia.
“¿Es necesario reformar? Sí, por supuesto. No hay ley perfecta, todo es perfectible”, declaró. Las disculpas se producen después de que Álvarez cuestionara días atrás el funcionamiento del Código Procesal Penal de 2004 durante una intervención ante la Comisión de Constitución de la misma cámara baja.
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En esa sesión, el funcionario afirmó que los procedimientos jurídicos eran inadecuados porque habían sido “redactados por abogados litigantes pensando en sus clientes” y cuestionó la cantidad de audiencias que contempla el sistema.
También sostuvo que determinadas actuaciones pueden demorar meses y dificultar la conclusión de los procesos judiciales y la obtención de condenas, lo que generó una ola de críticas de juristas como Carlos Rivera, César Nakazaki y Humberto Abanto, quienes cuestionaron su conocimiento especializado sobre la materia penal.
El propio Álvarez aclaró en esta jornada que es constitucionalista y que no es especialista en Derecho Procesal Penal, por lo que consideró que corresponde a los técnicos determinar qué artículos deben ser modificados.
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“Soy constitucionalista y, como bien lo ha señalado el juez San Martín, no sé Derecho Procesal Penal y haría mal en señalar un determinado artículo”, manifestó.

Agregó que su cartera ya designó un comité para revisar las leyes en materia penal aprobadas por el anterior Congreso y anunció que, si el Ejecutivo obtiene facultades legislativas delegadas, se conformará otro grupo técnico para evaluar posibles modificaciones al Código Procesal Penal.
El objetivo, explicó, será establecer cambios “de una manera ordenada y técnica” para acelerar los procesos judiciales.
Álvarez también sostuvo que una reforma tramitada mediante un proyecto de ley ordinario tendría que pasar por las comisiones de Justicia y Constitución, además de las cámaras de Diputados y Senado, y advirtió que algunas materias penales pueden adquirir contenido o interés político durante su discusión parlamentaria.
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La frase del titular del portafolio, calificada de “desafortunada” por la presidenta Keiko Fujimori, generó cuestionamientos al Ejecutivo cuando busca que el Parlamento le otorgue facultades legislativas para aprobar medidas y reformas en materias como seguridad y justicia.
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