Accomarca: a mitad de camino de la justicia

A 41 años de la masacre de 69 personas cometida por el Ejército en Accomarca, durante el gobierno de Alan García, el presidente de la Asociación de Víctimas, Francisco Ochoa, ha dicho esta semana que están “a mitad de camino” para que se cumpla la sentencia que lograron en 2016 y pidió al Ministerio Público que no los abandone porque falta buscar e identificar a decenas de víctimas. Los deudos accomarquinos acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque luego de la masacre del 14 de agosto de 1985, militares asesinaron a otros nueve comuneros testigos de los hechos, y el Estado no responde por el paradero de esos restos, pese a que fueron llevados al cementerio de Huamanga. Tampoco hubo una investigación ni sanción a los responsables. La CIDH tiene pendiente emitir un informe en el que decida si envía el caso a la Corte IDH.

Cuatro patrullas del Ejército engañaron a la población de Accomarca y la llevaron a una supuesta asamblea en el paraje de Lloccllapampa, una explanada de chacras en la parte baja de la comunidad. Allí los tacharon falsamente de terroristas, los encerraron en una cabaña, les dispararon y lanzaron explosivos. La casa se incendió, y según contaron los sobrevivientes, quienes se acercaron a tratar de apagar el fuego, también fueron asesinados. De las víctimas, la mayoría eran mujeres, y al menos 24 menores de edad.

“No buscamos venganza, sino memoria, justicia, verdad y dignidad, exigimos que se cumplan las sentencias y no haya privilegios para nadie. Los familiares de Accomarca tienen derecho a una reparación integral y digna”, dijo Ochoa en un panel en el auditorio Alberto Andrade del Congreso.

El abogado de las víctimas de Accomarca, Carlos Rivera, confirma que la sentencia dictada hace una década -y confinada por la Corte Suprema en 2018- no ha sido cumplida respecto del pago de reparaciones. La demora se debe en parte a que los jueces no incluyeron al Ministerio de Defensa como tercero civilmente responsable. Pasaron años hasta que lograron que añadan esa precisión y ahora esperan que se cumpla.

El contexto político para que logren la justicia que le falta es muy adverso. “Accomarca interpela al Perú de hoy”, hizo notar la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Tania Pariona. Para la excongresista ayacuchana, la masacre de 1985 es una evidencia de lo que ocurre cuando el Estado pierde de vista su obligación de proteger la vida de las personas, pero también los obstáculos para que se cumpla la sentencia atañen a un cambio en el poder político respecto de las violaciones a los derechos humanos, más visible desde 2020.

“Han aprobado un paquete de cuatro leyes altamente gravosas, lesivas, a favor de la impunidad: la de prescripción de crímenes de lesa humanidad, la amnistía a militares y policías que actuaron entre 1980-2000, la que tergiversar la definición de delitos de lesa humanidad, y la que permite que el fuero militar-policial lleve procesos como Accomarca y otros”, precisó Pariona aludiendo al Congreso y al fujimorismo que promovió dichas normas.

Pariona se solidarizó con las víctimas de Accomarca en rechazo a las leyes de impunidad y la ley APCI que dificulta la defensa legal que realizan las ONG al patrocinar a víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado.

La representante de la CNDDHH dijo que ese paquete legal se ha vuelto “una amenaza a la independencia judicial”, dado que el principal parlamentario fujimorista que impulsó y promulgó esa legislación, Fernando Rospigliosi, está denunciando penalmente a jueces por no aplicarlas.

El jueves, los presidentes de las cortes superiores de justicia firmaron un comunicado de dos páginas en el que piden a los políticos cesar la instrumentalización de las entidades de justicia para perseguir a los jueces por sus decisiones jurisdiccionales y respetar la autonomía de los magistrados. Son seis los jueces que al respetar la Constitución y los tratados internacionales no aplican las ‘Leyes Rospigliosi’, por ello el parlamentario los ha denunciados este año ante la Junta Nacional de Justicia, y los ataca y hostiga mediáticamente, con su propia voz, pero también los ataques reverberan de modo hostil y desinformador en Willax y Expreso.

“Estas leyes representan al gobierno de turno y atentan contra el estado de Derecho: ninguna democracia se puede construir con impunidad”, planteó Pariona en el panel frente a las víctimas de Accomarca, una localidad vecina a Cayara, donde ella nació.

Una de las normas promulgadas por el pacto corrupto creado por el anterior Congreso, alianza vigente en las principales entidades del Estado- también ha afectado el cumplimiento de la sentencia del caso Accomarca. Una modificación al Código Penal promulgada en 2024 permitió que el sentenciado Wilfredo Mori Orzo, a quien la policía nunca capturó, pudiera continuar en su casa. La norma dispone que los mayores de 80 años condenados por delitos cumplan la pena en su domicilio. Mori era el oficial del Ejército de mayor jerarquía en la línea de mando de la operación Huancayoc, que se tradujo en la masacre y en las operaciones posteriores de eliminación de testigos. El abogado Rivera señala que el militar estuvo siempre en su casa y allí permanece.

En 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchó en audiencia a Celestino Baldeón, el histórico dirigente de las víctimas de Accomarca, quien desde entonces planteó que el Ministerio Público tiene pendiente realizar pruebas de ADN y continuar tareas de búsqueda. En 2022, la fiscalía y el Ministerio de Justiciaentregaron a sus deudos los restos de 42 personas, en diligencias y una ceremonia respetuosa de restitución. Sin embargo, Baldeón comentó a los comisionados que varias familias se sintieron defraudadas por recibir osarios sin restos identificados.