
El abogado Wilfredo Robles, defensor de Pedro Castillo, planteó que el Estado peruano adopte oficialmente las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, en las que se indica que se tendría que proceder a la liberación del expresidente.
Según el representante legal, “lo ideal sería que el Estado peruano, a través de su más alto representante, que es el doctor Balcázar, emita un decreto supremo acatando las recomendaciones”, indicó a Exitosa.
Pese a que las recomendaciones del grupo de trabajo no son vinculantes y no obligan al Perú a ser acatadas, tal como lo explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado, Robles insistió en que el documento sí contiene un pedido directo dirigido al gobierno peruano. “El informe, la decisión, le pide al gobierno, le hace una petición”, afirmó, y aceptó la posibilidad de que la respuesta estatal podría ser negativa.
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“Lo ideal dentro del respeto del derecho internacional de los derechos humanos sería que lo acate, que acoja esas recomendaciones y las aplique”, sostuvo en declaraciones al medio radial.

El futuro de Pedro Castillo
Consultado sobre qué haría Castillo en caso de recuperar la libertad y si viajaría a México, Robles evitó adelantar definiciones. “Yo estrictamente lo que he sido llamado para asumir la defensa, yo no puedo trazarle o tampoco soy quien ingiere en su actividad política”, dijo.
El letrado describió el perfil político del expresidente y apuntó a la reacción que genera en parte del espectro partidario. “Él desde ya ha sido, puedo observar que está consagrado como un líder social, por mucho que incomode a ciertos sectores, no solo de la derecha”, afirmó.
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Cancillería aclaró alcances del informe de la ONU
La Cancillería se pronunció sobre la opinión emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU respecto al expresidente Pedro Castillo, luego de que este organismo calificara de “arbitraria” su detención y recomendara al Estado peruano disponer su liberación inmediata, además de otorgarle una indemnización y otras medidas de reparación.
La reacción del Ejecutivo surge después de la difusión del dictamen del grupo de expertos de Naciones Unidas, que sostiene que la privación de libertad del exmandatario vulneró la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El documento también plantea investigar las circunstancias de su detención y adoptar medidas frente a las presuntas violaciones de derechos.
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Mientras la defensa dePedro Castilloy algunos de sus aliados consideran que el Estado debe acatar la recomendación del organismo internacional, laCancilleríaremarcó que este tipo de opiniones no modifica las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales.
En su comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas es un Procedimiento Especial del Consejo de Derechos Humanos integrado por profesionales independientes.
Según indicó la entidad, estos expertos actúan dentro del mandato otorgado por dicho órgano para “examinar comunicaciones individuales y formular opiniones y recomendaciones dirigidas a los Estados”, por lo que su labor consiste en supervisar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
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La Cancillería difundió esta aclaración luego de que el grupo emitiera una opinión favorable al expresidente Pedro Castillo, quien cumple una condena de primera instancia por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
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