El Niño y el hambre que no queremos mirar

Cuando se habla del Fenómeno El Niño, el país imagina lluvias intensas, huaicos, carreteras interrumpidas, puentes destruidos y viviendas inundadas. Pero hay una consecuencia que casi siempre aparece tarde en la discusión pública: el impacto de los desastres naturales sobre la alimentación. No solo sobre la producción agrícola, sino sobre la mesa diaria de millones de familias.

La reciente alerta de CONVEAGRO debería encender todas las alarmas. Ya que nos advierte que las pérdidas por el Fenómeno El Niño Costero podrían superar los 3 mil millones de dólares y afectar a más de nueve millones de personas. Además, se advierte una posible reducción de hasta el 50 % en la producción nacional de alimentos. No es una cifra menor ni un problema sectorial. Estamos hablando de papa, arroz, maíz, menestras, cebolla, palta, fresa, mango y otros alimentos que no son simplemente “cultivos”: son parte de la alimentación cotidiana del país.

El problema es que en el Perú solemos mirar el agro como si estuviera lejos de la ciudad. Como si lo que pasa en el campo se quedara en el campo. Pero basta que una carretera se bloquee, que una cosecha se pierda o que un productor no pueda recuperarse, para que el impacto llegue rápidamente a los mercados, a las ollas comunes, a los comedores populares y a los hogares que ya vienen ajustando sus compras desde hace años.

Y ese es el punto central, El Niño no golpea a un país alimentariamente estable, golpea a un país donde la inseguridad alimentaria ya es una realidad, ya que según la medición oficial más reciente del INEI, en el año 2025 la inseguridad alimentaria moderada o severa afectó al 30,5 % de la población peruana. Es decir, tres de cada diez peruanos tuvieron dificultades para acceder a alimentos en cantidad o calidad suficiente. La situación es aún más dura en el área rural, donde la prevalencia llega al 35.4 %. Y en regiones como Loreto y Puno, los niveles son todavía más críticos.

A ello se suma otro dato que debería estar en el centro de cualquier debate serio sobre desarrollo, millones de peruanos no pueden costear una dieta saludable. Esto significa que muchas familias no solo están comiendo menos, sino también peor. No necesariamente porque no sepan qué comer, sino porque los ingresos no alcanzan, los precios suben y los alimentos frescos y nutritivos se vuelven cada vez menos accesibles.

Entonces, cuando se proyecta una caída fuerte en la producción de alimentos, no estamos hablando únicamente de pérdidas económicas para el agro. Estamos hablando de un riesgo directo para el derecho a la alimentación. Porque si cae la producción, suben los precios. Si suben los precios, las familias más pobres reducen cantidad, calidad o diversidad de alimentos. Y cuando eso ocurre, quienes primero pagan el costo son los niños, las gestantes, los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas y las familias que viven de lo que pueden conseguir en el día.

Por eso resulta preocupante que el país siga actuando como si la emergencia climática fuera una sorpresa. Ya que no lo es, porque sabemos que el Perú es altamente vulnerable a eventos extremos. Sabemos que las lluvias intensas afectan infraestructura, cultivos y abastecimiento. Sabemos que las sequías golpean al sur andino, a la ganadería y a los pequeños productores. Sabemos también que la agricultura familiar sostiene una parte fundamental de la alimentación nacional. Sin embargo, seguimos respondiendo tarde, fragmentados y muchas veces con medidas pensadas más para la foto que para la transformación real.

Un país serio no debería esperar a que se pierdan cosechas para hablar de créditos, asistencia técnica o seguros agrarios. No debería esperar a que suban los precios para pensar en reservas estratégicas de alimentos. No debería esperar a que los productores quiebren para recién preguntarse cómo sostener la agricultura familiar. Y no debería separar la política agraria de la política alimentaria, como si producir alimentos y garantizar que la población pueda acceder a ellos fueran asuntos distintos.

La agenda planteada por los gremios agrarios es concreta: financiamiento oportuno, reestructuración de deudas, bonos de subsistencia, mantenimiento de infraestructura hídrica, asistencia técnica, semillas, paquetes tecnológicos, fortalecimiento de Agrobanco y una política de resiliencia climática. Pero estas medidas no deberían ser leídas solo como demandas del sector agrario. Deberían entenderse como parte de una política nacional de seguridad alimentaria.

Porque proteger al pequeño productor también es proteger al consumidor. Cuidar los canales de riego también es cuidar el abastecimiento de los mercados. Fortalecer la agricultura familiar también es garantizar que los alimentos frescos sigan llegando a las mesas. Y prevenir la pérdida de cultivos también es prevenir hambre, anemia, malnutrición y mayor dependencia de alimentos importados.

El Perú necesita dejar de administrar crisis y empezar a gobernar riesgos. Eso implica mirar la alimentación como un asunto estratégico, no asistencial. Implica reconocer que la seguridad alimentaria no se resuelve solo con programas sociales, sino con producción sostenible, infraestructura, compras públicas, mercados eficientes, protección social, educación alimentaria y decisiones políticas oportunas.

El próximo Fenómeno El Niño no debería encontrarnos improvisando. Mucho menos debería encontrarnos discutiendo recién, cómo alimentar al país. Porque cuando el campo pierde, no pierde solo el agricultor. Pierde la familia que compra menos verduras. Pierde la madre que estira el presupuesto para completar el menú. Pierde la olla común que ya no puede sostener la misma cantidad de raciones. Pierde el niño que reemplaza alimentos nutritivos por productos baratos, llenadores y de baja calidad. Pierde el país entero.

La verdadera pregunta no es cuánto nos costará El Niño. La pregunta es ¿Cuánto más nos costará seguir sin una política alimentaria a la altura de nuestra vulnerabilidad climática y social? Y creo que esta pregunta aún esta lejos de responderse en Perú.