Magaly Medina en la mira del gobierno: Ministro de Justicia pide información al INPE e investigará su caso tras el video de Jefferson Farfán

El enfrentamiento mediático entre Magaly Medina y Jefferson Farfán por el presunto incumplimiento del servicio comunitario de la conductora escaló al ámbito del gobierno. Luis Enrique Jiménez Borja, ministro de Justicia, confirmó que su despacho solicitó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que investigue el caso y que pidió información para conocer la realidad de lo ocurrido, en el primer pronunciamiento oficial del Ejecutivo sobre la controversia.

“Nosotros hemos pedido que se investigue, hemos solicitado información para conocer más sobre la realidad de este caso”, declaró Jiménez Borja, según recogió el medio Exitosa.

El ministro precisó además que su cartera no tiene injerencia sobre la parroquia Nuestra Señora de Loreto, el recinto religioso de Surco donde Medina debía cumplir con las jornadas ordenadas por la justicia, razón por la que el pedido se canalizó directamente hacia el INPE.

“Acá hay una parroquia donde nosotros no tenemos ninguna injerencia, así que hemos solicitado información para poder conocer un poco más la realidad de este caso”, agregó el titular del sector.

La polémica que llegó al gobierno

La declaración del ministro se produce días después de que Farfán difundiera, el lunes 6 de julio, un video de 22 minutos en su canal de YouTube en el que su equipo sostiene haber realizado un seguimiento a seis de las ocho jornadas en que Medina debía presentarse en la parroquia.

El material, titulado ‘Magaly Jesús al descubierto’, afirma que la conductora solo estuvo presente durante seis minutos el 8 de abril, pese a que los documentos validados por el INPE y la parroquia consignan jornadas de hasta 10 horas. El video también señala que el horario de ingreso registrado en las planillas, las 8:30 a. m., no coincide con la hora de apertura del recinto religioso, que sería las 9:00 a. m.

Medina rechazó las acusaciones desde un primer momento y sostuvo que los documentos presentados ante las autoridades fueron debidamente validados. La conductora explicó que su visita de seis minutos correspondió a una gestión distinta al cumplimiento de la condena y que, en los días en que no se presentó, justificó su ausencia ante el INPE y la parroquia.

Además, reveló en su programa Magaly TV: La Firme que el Poder Judicial declaró inadmisibles las imágenes presentadas por Farfán, debido a que el proceso se encuentra en etapa de ejecución de sentencia y no en etapa de presentación de pruebas.

El INPE como único fiscalizador y los límites institucionales

En paralelo al pronunciamiento del ministro, Wilfredo Pedraza, exjefe del INPE, aclaró que la supervisión del servicio comunitario corresponde exclusivamente a esa institución y que la información vinculada a una condena tiene carácter reservado.

“Esta es una condena impuesta por un juez y la única autoridad encargada de supervisar es el INPE. Lo que no se puede es publicar información de esa pena así por así, porque es información reservada”, señaló el exfuncionario, en declaraciones presentadas por la propia Medina en su espacio televisivo.

La conductora también leyó en su programa una comunicación oficial del INPE dirigida a Farfán, en la que la institución le precisó que no tiene facultad para solicitar un seguimiento especial de su caso. Medina afirmó que el juzgado, a su vez, habría solicitado al exfutbolista respetar las disposiciones de la autoridad competente.

“Esta no es de ahorita. Él viene quejándose, diciéndole al juzgado qué es lo que tiene que hacer”, señaló la periodista al referirse a los reclamos del exdeportista. El documento institucional del INPE mostrado por Medina en su programa da cuenta de que el área de Medio Libre de esa entidad atiende a más de 15000 sentenciados y 500 liberados, con apenas cuatro abogados a cargo del seguimiento de los casos.

La conductora utilizó ese dato para cuestionar la presión que, según ella, el exfutbolista ejerce sobre la institución: “El INPE tiene para supervisar esas labores solo cuatro abogados. Y los cuatro están detrás mío porque el señor Farfán así lo ordena”, afirmó.

La condena de Medina corresponde a dos años y ocho meses de pena privativa de libertad, sujeta a reducción por el cumplimiento de 138 jornadas de servicio comunitario. La conductora anunció acciones legales contra Farfán por lo que considera una campaña difamatoria y presentó denuncias ante la División de Extorsiones de la Policía Nacional del Perú (PNP), la Fiscalía de la Nación y el INPE por presuntas amenazas contra su vida y la de su abogado, en mensajes que, según ella, mencionaban el nombre del exfutbolista.