
El exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, explicó este martes que el organismo puede sancionar a la Parroquia Nuestra Señora de Loreto de Surco, administrada por el Obispado Castrense del Perú y donde Magaly Medina cumple trabajo comunitario, si no se verifica de manera adecuada el cumplimiento de esa labor.
En diálogo con el portal de investigación Epicentro TV, Llaque señaló que, si se confirma un incumplimiento, la entidad penitenciaria también tiene la facultad de comunicarlo al Poder Judicial para que tome una decisión, aunque no mencionó directamente el caso de la conductora.
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Llaque precisó que, cuando un juez transforma una condena en prestación de servicios a la comunidad, el INPE asigna a la persona a una unidad beneficiaria, que puede ser una escuela, una organización social o una iglesia.
“La persona se registra en el INPE. Una vez que el INPE recibe la condena impuesta por el juez, el INPE decide cuál es la unidad beneficiaria que, de acuerdo con el perfil de la persona, puede recibir esta prestación de servicios a la comunidad”, refirió.

La institución beneficiaria debe certificar la asistencia y las horas cumplidas, mientras que el organismo penitenciario mantiene la facultad permanente de supervisión. “El INPE siempre tiene la facultad de supervisión, no a veces, siempre. Lo que digo es que a veces no tiene la capacidad, que es otro tema”, enfatizó.
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Si se detecta alguna irregularidad, el organismo puede sancionar a la unidad beneficiaria y retirarla del listado de instituciones autorizadas. “Y según el contenido de la información, la traslada también al juez, porque es el juez el que decide qué va a pasar con el condenado”, manifestó.
“El INPE administrativamente lo que va a hacer es evaluar si la unidad beneficiaria le engañó o no. Si le engañó, el INPE la va a retirar como unidad beneficiaria. Y si cuenta con una información que de hecho afecta al cumplimiento de la pena, la remite al juzgado para que el juzgado tome la decisión que corresponda”, aseveró.
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Llaque advirtió que no todos los casos concluyen con la revocatoria automática de la pena en libertad. “El juez lo que va a pedir es primero explicaciones. Si esas explicaciones lo satisfacen, tomará la decisión que corresponda y si no lo satisface, también”, añadió.

Las declaraciones surgen luego de que el futbolista Jefferson Farfán difundiera imágenes donde cuestiona la manera en la que la conductora, quien actualmente desempeña labores vinculadas a la organización de archivos internos del recinto religioso, habría cumplido la sanción de trabajo comunitario impuesta tras un proceso judicial.
Defensa
“Farfán tendría que volver a nacer para llegarle a los talones de alguno de mis investigadores. Yo le he ofrecido públicamente explicarle cómo se hace. Lo que pasa es que los periodistas verificamos información antes de lanzar un reportaje. Su video es difamante y mentiroso hecho por novatos que él manda”, declaró Medina a Infobae Perú.
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La figura televisiva agregó que los encargados del reportaje “estuvieron buscando en los jardines de la parroquia tratando de encontrarme barriendo o limpiando los baños, lo que además no tiene nada de malo. Yo lo hago en mi casa porque me gusta una casa limpia y olorosa”.
También indicó que ha instruido a su defensa para “iniciar las acciones legales correspondientes después de ese pseudo reportaje mentiroso”.
145 mil soles entregados
Magaly Medina arremetió en su programa contra Jefferson Farfán, revelando que ya le ha pagado 145 mil soles por concepto de reparación civil. La conductora de Magaly TV, La Firme cuestionó duramente los recientes intentos del exfutbolista por fiscalizar el cumplimiento de su condena, específicamente el servicio comunitario que realiza en una parroquia. La periodista calificó la actitud de Farfán como un intento de mediatizar el caso para mantenerse vigente y buscar la atención del público, asegurando que ella viene cumpliendo con todas las disposiciones de la justicia.
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Durante su descargo, la conductora restó validez a un reportaje difundido por el exseleccionado en el que se insinuaban irregularidades en su asistencia y control a cargo del INPE. Al respecto, Medina señaló que el Poder Judicial rechazó incorporar dichos videos al expediente al no precisarse su origen. Además, criticó que Farfán pretenda actuar como un “juez de ejecución de sentencia” sin tener las facultades ni la profesión para hacerlo, afirmando que incluso la institución penitenciaria habría expresado su incomodidad ante los constantes requerimientos del exjugador.
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