Juez que encarceló a Keiko Fujimori considera que su suspensión es un castigo político y denuncia que perdió protección policial

El juez Richard Concepción Carhuancho, quien en octubre de 2018 ordenó la detención preliminar por 10 días de la actual presidenta electa Keiko Fujimori a solicitud de la Fiscalía y posteriormente dictó 36 meses de prisión preventiva por el archivado caso Cócteles, afirmó este lunes que su suspensión responde a motivaciones políticas.

En diálogo con el pódcast conducido por el periodista César Hildebrandt, director de Hildebrandt en sus trece, Carhuancho expresó que la sanción impuesta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no tiene fundamentos jurídicos.

“Yo lo tengo claro”, respondió cuando el entrevistador le señaló que “está pagando lo que hizo” justo cuando la lideresa de Fuerza Popular alcanza la jefatura de Estado tras tres intentos fallidos.

“La ley de carrera judicial me permite dictar clases en entidades privadas no universitarias. Es decir, estaba dentro de la excepción. Además, muchos magistrados de todos los niveles, fiscales y jueces, también enseñan en estas entidades no universitarias, incluso han postulado para ser nombrados jueces. A ellos no les pasó nada. En mi caso, sí, prácticamente aplicaron toda la batería disciplinaria para suspenderme”, aseguró.

El juez reiteró que su decisión de dictar prisión preventiva contra Fujimori fue confirmada por distintas instancias judiciales. “Yo tomé esa decisión de dictar mandato de prisión preventiva. Pero solamente se focaliza, se pone el reflector en mi persona, pero se olvida que mi decisión fue confirmada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones”, afirmó.

“Es más, llegó hasta la Corte Suprema en casación y cinco magistrados de la Corte Suprema también dijeron: ‘Está bien todo esto’”, remarcó.

El 4 de enero de 2019, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la medida cautelar y, posteriormente, el 12 de septiembre de ese mismo año, la Corte Suprema revisó el caso en casación, mantuvo la medida, pero redujo su duración de 36 a 18 meses mediante un voto dirimente.

En abril de 2020, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundado un hábeas corpus y la electa mandataria recuperó su libertad.

Carhuancho también señaló que enfrenta otros dos procesos ante la JNJ, uno de ellos motivado por una denuncia del actual titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi.

“Él manifestó en su oportunidad: ‘Vamos a barrer con el poder judicial’. Yo quisiera saber en verdad, y eso creo que es un derecho legítimo mío, quisiera saber cuál va a ser la escoba con la cual se va a barrer, por lo menos para poder estar advertido”, comentó.

Respecto a su seguridad personal, el magistrado denunció que le retiraron la protección policial a comienzos de año por “cortesía” del comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, y que hasta el momento no ha recibido respuesta, pese a haber solicitado formalmente la ampliación del resguardo.

“Yo no busco victimizarme, solo busco defender mis derechos y protegerme de cualquier riesgo. No se olvide que he llevado casos de criminalidad organizada relacionados con tráfico ilícito de drogas, sicariato, casos muy importantes que no quisiera detallar para no levantar el polvo en eso, pero ahí están documentados”, manifestó.