Aprueban crédito suplementario de hasta S/9.596 millones, sin presupuesto para gratificaciones CAS

A altas horas de la noche, ya en la madrugada del 1 de julio, se aprobó el dictamen del crédito suplementario en la Comisión de Presupuesto y Cuenta general del Congreso de la República. Así, la serie de medidas quedará en manos de la Comisión Permanente para su pase al Ejecutivo y que este promulgue y ejecute la medida que originalmente le solicitó al parlamento.

Como se sabe, este presupuesto está enfocado en financiar inversiones públicas y también incluía un apartado controversial para los trabajadores CAS: se intentaba pagar la gratificación aprobada con la Ley 32563 al 10% del monto ya legal. Esto, sin embargo, fue retirado a pedido de congresistas.

Pero la Ley del crédito suplementario tampoco asegura una manera de financiamiento de esta medida, promulgada por el mismo Ejecutivo, el que es un pedido de los sindicatos CAS. Así, su gratificación sigue en el limbo, ya habiendo empezado el mes en que debería pagarse.

Aprueban crédito suplementario

La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, presidida por el congresista Alejandro Soto Reyes, aprobó por mayoría el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 14799/2025-PE, que plantea la Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de inversiones públicas orientadas al cierre de brechas, la continuidad de los servicios del Estado y garantizar la transición democrática; y dicta otras medidas. Este dictamen fue aprobado con 28 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones.

“El documento aprueba la emisión interna de bonos que, en una o más colocaciones, puede efectuar el Gobierno Nacional hasta por la suma de S/1.260 millones de soles, destinada al financiamiento de Proyectos de Inversión, Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición (IOARR) e Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI) a cargo de diversas entidades del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales”, resume la Comisión.

Asimismo, el predictamen aprobado incorpora recursos vía crédito suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026, hasta por la suma de S/4.160 millones 277 mil 816, con cargo a las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales.

Con este dictamen, también se busca regular vías de excepción financiera para garantizar la atención inmediata de emergencias como el Fenómeno El Niño y riesgo de desastres agrarios, destrabar inversiones críticas subnacionales y de remediación ambiental, estructurar institucionalmente entidades de salud como el Instituto Nacional de Oftalmología (INO) y asegurar el cumplimiento de compromisos operativos urgentes tales como el pago de docentes del sector defensa y la financiación del megaproyecto como Chavimochic.

Los CAS en el limbo

A pesar de que se sacó el apartado que limitaba la gratificación de los CAS, con relación a este pago progresivo de los beneficios para los servidores bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057 (Contratación Administrativa de Servicio-CAS), Soto Reyes recordó que existe una ley y que esta tiene que respetarse.

“Por eso la Comisión de Presupuestos sigue trabajando bajo el compromiso expreso de que en los próximos días se haga llegar una propuesta específica, técnicamente viable, fiscalmente responsable y políticamente sólida, que recoja la legítima defensa de los trabajadores CAS sin comprometer la caja fiscal ni generar expectativas que el Estado no pueda cumplir”, subrayó el titular del grupo de trabajo.

Sobre esto, el ministro Acuña Namihas, sostuvo que el MEF también está de acuerdo en seguir evaluando la mejor alternativa que permita que se encuentre una solución para el personal CAS, teniendo en cuenta, “que no podemos vulnerar la caja fiscal, que es básicamente el esfuerzo más grande que hemos hecho hasta ahora por parte del Estado en mantener las cifras de manera transparente y sostenibles para que cualquiera sea la Administración que asuma encuentre un orden fiscal que le permita seguir generando desarrollo”.