Acceso al agua potable en Perú deberá pasar de 20,7% a 70,5%: las metas de la nueva política nacional al 2050

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó la Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050, una medida con la que el Estado peruano busca acelerar el cierre de brechas históricas en el acceso a agua segura y saneamiento básico en todo el país. La decisión apunta además a la reducción de la pobreza y el desarrollo de miles de comunidades urbanas y rurales.

La nueva estrategia fue presentada como una hoja de ruta de largo plazo para garantizar que más peruanos cuenten con servicios de calidad, especialmente en los territorios más vulnerables. Según el Ejecutivo, el objetivo es que la política permita articular esfuerzos entre ministerios, gobiernos regionales, municipalidades y entidades técnicas, con una visión que llegue hasta el año 2050.

Una política de Estado para ampliar el acceso al agua y al saneamiento

La Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050, impulsada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, fue elaborada bajo la metodología de CEPLAN y con participación de entidades de los tres niveles de gobierno. También incorporó aportes de actores vinculados al sector, lo que permitió construir un documento técnico orientado a ordenar las inversiones, programas y proyectos que hoy se ejecutan de manera dispersa en diferentes partes del país.

Entre sus principales metas figura el aumento del acceso a agua gestionada de manera segura, que deberá pasar de 20.7 % a 70.5 % al 2050. En paralelo, la política plantea elevar el acceso a saneamiento gestionado de manera segura de 34.7 % a 70.2 %, además de incrementar el tratamiento seguro de aguas residuales de 47.1 % a 76.8 %.

El enfoque de la nueva estrategia también apunta a fortalecer la planificación sectorial con criterios de largo plazo. Al integrar en una misma visión a los distintos programas e inversiones vinculados a agua potable y saneamiento, el Estado espera mejorar la eficiencia en el uso de recursos públicos y evitar que las intervenciones se dupliquen o queden aisladas entre sí.

La PCM subrayó que esta iniciativa representa un paso importante hacia un país más inclusivo, donde el crecimiento económico vaya acompañado de mejores condiciones de vida. En esa lógica, el acceso al agua y al saneamiento se presenta como una condición indispensable para reducir enfermedades asociadas a la falta de servicios adecuados, mejorar la productividad de los hogares y ampliar oportunidades en los sectores más postergados.

Qué revela el diagnóstico sobre el agua y el saneamiento en zonas rurales

La aprobación de esta política llega en un contexto en el que persisten serias brechas en las zonas rurales del Perú. Un diagnóstico elaborado por la Sunass, con apoyo del Cuerpo de Paz, ofrece una radiografía detallada de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en 80,720 centros poblados rurales del país, donde la dispersión geográfica y el tamaño reducido de las comunidades complican la provisión continua y de calidad.

El estudio identifica que el 81.5 % de estas localidades tiene hasta 200 habitantes, mientras que más del 72 % se ubica en la sierra, una zona donde la geografía, la distancia y la baja densidad poblacional representan desafíos permanentes para implementar infraestructura y sostener los servicios en el tiempo. Pese a ello, el reporte también muestra avances relevantes: el 68 % de la población rural, equivalente a 7.05 millones de personas, ya cuenta con acceso a agua potable. Además, el 75 % de los sistemas de agua brinda continuidad del servicio durante las 24 horas del día, un dato que refleja esfuerzos importantes en zonas de difícil acceso.

Sin embargo, el mismo diagnóstico deja en evidencia que las brechas siguen siendo profundas, sobre todo en las comunidades más pequeñas. El 64 % de las localidades rurales todavía no dispone de un sistema de agua potable y depende de alternativas como manantiales, pozos, ríos o abastecimiento externo. La situación es más crítica en los centros poblados de entre 1 y 50 habitantes, donde solo el 32 % de la población tiene acceso al servicio, frente a más del 70 % en localidades con más de 500 habitantes.

A ello se suma el reto de la calidad del agua. Según la investigación, el 68 % de los sistemas realiza procesos de cloración, pero solo el 60 % monitorea el cloro residual. Más preocupante aún es que apenas el 55 % logra niveles adecuados de cloro residual para asegurar agua segura para el consumo humano. Este punto evidencia la necesidad de reforzar capacidades técnicas, equipamiento y asistencia a los operadores rurales, especialmente en territorios donde las organizaciones comunales asumen la gestión del servicio con recursos limitados.

En materia de saneamiento, la radiografía tampoco es alentadora. Solo el 29 % de los centros poblados rurales cuenta con algún sistema de saneamiento y, dentro de ese grupo, apenas el 31 % dispone de alcantarillado. Ante ese panorama, las unidades básicas de saneamiento (UBS) se han convertido en la principal alternativa para miles de familias. No obstante, en muchas comunidades todavía persisten prácticas de alto riesgo sanitario, como el uso de pozos ciegos o la disposición de excretas en campo abierto, especialmente en localidades alejadas y dispersas.