Keiko Fujimori buscaría modificar el Código Penal, la ley contra el crimen organizado y siete normas penales más

La presidenta Keiko Fujimori solicitará facultades para legislar en materia penal, pero, de momento, se desconoce qué es lo que quiere cambiar.

Según el proyecto de facultades legislativas, artículo 2.1 inciso a, el Gobierno solicitará autorización para “legislar en materia de seguridad ciudadana y en materia militar y policial, penal, procesal penal y ejecución penal, con el fin de fortalecer la prevención, investigación, persecución, juzgamiento y sanción de la delincuencia común y la criminalidad organizada, así como las capacidades y mecanismos de coordinación, interoperabilidad y actuación de las entidades competentes en materia de seguridad ciudadana y orden interno”.

Para el abogado penalista Ricardo Elías Puelles, el documento es “genérico” porque se mencionan “todas las etapas de la lucha contra la criminalidad” cuando “el pedido del Ejecutivo debe ser acotado y puntual”. “Podría legislar desde el abigeato hasta el lavado de activos”, dijo Elías Puelles en su cuenta de X.

Efectivamente, de acuerdo con la exposición de motivos, el gobierno de Keiko Fujimori busca modificar nueve normas penales. Estas son:

• El Código Penal (Decreto Legislativo N° 635)
• El Código Procesal Penal (Decreto Legislativo N° 957)
• El Código de Ejecución Penal (Decreto Legislativo N° 654) y sus reglamentos
• La Ley 30077 (Ley contra el Crimen Organizado), norma debilitada por el fujimorismo y aliados en el anterior Parlamento
• El Decreto Legislativo 1106 (lucha contra el lavado de activos)
• El Decreto Legislativo 813 (Ley Penal Tributaria)
• La Ley 28008 (Ley de Delitos Aduaneros) y su reglamento
• La Ley 30096 (Ley de Delitos Informáticos)
• El Decreto Legislativo 1348 (Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes)

Sin embargo, la exposición de motivos adolece del mismo defecto del proyecto de ley de facultades legislativas. No se dice de manera explícita qué se quiere modificar de las nueves normas penales en cuestión. Esto no ocurre, por ejemplo, con otras materias en las que el Ejecutivo busca legislar, como en la materia laboral donde se quiere reducir los feriados.

La exposición de motivos, a lo mucho, menciona cuáles serían las deficiencias: “tipos penales obsoletos, herramientas investigativas insuficientes, falta de coordinación interinstitucional y un código procesal que requiere optimización para fortalecer la intervención conjunta de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público”.

“Resulta imperativo dictar medidas legislativas que atiendan la prevención, investigación, persecución, juzgamiento y sanción de la delincuencia común y la criminalidad organizada, para modificar la legislación penal, procesal penal y ejecución penal, con el fin de combatir la inseguridad ciudadana, y fortalecer las capacidades y mecanismos de coordinación, interoperabilidad y actuación de las entidades competentes en materia de seguridad ciudadana y orden interno”, dice otro párrafo, pero sin mencionar qué se pretende modificar.

Potenciales arbitrariedades

Si la Cámara de Diputados aprueba el proyecto de facultades legislativas sin exigir precisiones sobre las reformas que se pretenden hacer en materia penal, la presidenta Keiko Fujimori podría cambiar a su antojo el Código Penal, el Código Procesal Penal, la ya debilitada Ley contra el Crimen Organizado, la Ley contra el lavado de activos y otros dispositivos legales.