Inversión privada en cárceles del Perú: la nueva propuesta del gobierno de Keiko Fujimori

De acuerdo al gobierno de turno, el Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción Social en el Perú atraviesa una severa crisis caracterizada por la sobrepoblación e infraestructura insuficiente. Al mes de diciembre de 2025, los 69 establecimientos penitenciarios del país albergaban a 103.757 personas privadas de libertad, a pesar de contar con una capacidad proyectada para solo 41.764 internos. Esta brecha representa un nivel de sobrepoblación del 148% y un hacinamiento del 128%, lo que ha llevado al Tribunal Constitucional a declarar un estado de cosas inconstitucional y fijar el año 2030 como plazo límite para revertir este diagnóstico.

Ante este escenario, el Poder Ejecutivo solicitó al Congreso de la República la delegación de facultades legislativas por un plazo de 120 días calendario en materia de seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad y fortalecimiento penitenciario. La iniciativa legislativa se enmarca en las directrices del Plan de Gobierno 2026-2031 de Fuerza Popular, centrándose en la modernización de los penales y en la incorporación del capital privado para financiar, construir y operar la infraestructura carcelaria del país.

Un marco normativo para las asociaciones público-privadas en los penales

La propuesta gubernamental plantea actualizar y normar de manera integral la participación e inversión privada en la gestión carcelaria del país. El objetivo central consiste en adecuar los mecanismos contractuales de Asociaciones Público-Privadas (APP) y otras modalidades de inversión para la construcción, administración, mantenimiento y operación de los servicios dentro del sistema de internamiento.

Con esta medida, el Ejecutivo busca descentralizar la asignación de competencias relacionadas con la contratación de infraestructura penitenciaria, la supervisión de servicios penitenciarios y la ejecución de obras carcelarias. Además de atender el déficit de plazas, el plan aspira a mejorar los estándares de seguridad y optimizar la provisión de alimentación, capacitación laboral y servicios de resocialización para los internos, reduciendo la reincidencia delictiva.

Reorganización institucional y participación de las Fuerzas Armadas

El proyecto de delegación de facultades contempla una reestructuración profunda del marco institucional que regula el Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción Social. La reforma abarca cambios sustanciales en la dirección, regulación y control de los establecimientos penitenciarios y centros juveniles, buscando corregir que el 78% de la población penitenciaria corresponda a reos primarios sin una adecuada clasificación interna.

De manera complementaria y excepcional, la propuesta autoriza la participación temporal de las Fuerzas Armadas en la vigilancia externa, control, supervisión y apoyo operativo de los penales, ajustándose al marco constitucional. Asimismo, la iniciativa prevé modificaciones al Código Penal, el Código Procesal Penal y el Código de Ejecución Penal para articular la intervención privada y del orden público en el control territorial de la delincuencia.

Cambios legislativos para respaldar la reforma carcelaria

Para viabilizar el nuevo modelo de gestión, el gobierno proyecta adecuar la legislación de APP aplicable al sector penitenciario y la estructura de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización. La intención es evitar que los recintos carcelarios continúen operando como centros de coordinación para delitos como la extorsión, el sicariato y el crimen organizado.

El Ejecutivo sostiene que la vía ordinaria del debate parlamentario demanda plazos prolongados incompatibles con la urgencia del hacinamiento. En ese sentido, recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional señala que la delegación legislativa “es el resultado institucional del ejercicio de la competencia de ejercer función legislativa con que la Constitución ha investido al Poder Ejecutivo”, lo que permitirá implementar decretos legislativos oportunos.