
“No podemos seguir teniendo ocho presidentes en diez años. No se puede construir un país de esa manera”. Con esa frase, María Antonieta Gonzáles, abogada constitucionalista, resumió el estado de la democracia peruana tras una primera vuelta electoral en la que los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta —Keiko Fujimori y Roberto Sánchez— sumaron apenas el 30% de los votos válidos.
Para Gonzáles, el resultado no es extraño, sino la expresión de una crisis de representación que se profundiza elección tras elección.
Crisis de representación
Para Gonzáles, los números de la primera vuelta son inequívocos: ninguno de los 36 candidatos superó el 20% de los votos válidos, y los dos finalistas no alcanzaron juntos el 32%. “Estamos frente a una crisis de representación”, afirmó, y señaló que el resultado de Keiko Fujimori, quien ‘ganó’ en la primera vuelta, es “uno de los respaldos más bajos para un primer lugar en historia reciente”, en comparación con las elecciones de 2011, 2016 y 2021.
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La tendencia, advirtió, va en retroceso. A ese dato se suma que los votos blancos y nulos superaron el 16% de los votos emitidos, una cifra mayor a la obtenida por Keiko Fujimori. “Hay un rechazo al establishment político que actualmente se ha presentado”, sostuvo.
La raíz del problema, para la constitucionalista, está en la fragilidad de los partidos. Más del 70% de la ciudadanía no se siente representada, y Perú registra uno de los índices más bajos de confianza en los políticos de toda América Latina, de acuerdo con diversos estudios, como el Barómetro de las Américas. “El sistema de partidos al día de hoy no está siendo representativo para la ciudadanía”, planteó.
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Gonzáles también advirtió sobre las consecuencias de desconocer el voto de determinados sectores territoriales y de clase. Esa práctica, dijo, “genera una deslegitimación respecto de la ciudadanía del otro”, algo que calificó de “muy peligroso si es que estamos realmente queriendo construir país”.
Señaló además que el debate público se concentra en la seguridad y la corrupción, pero deja fuera derechos fundamentales que ningún candidato ha colocado en el centro de su propuesta. La brecha económica y la fractura entre la costa y el mundo rural andino, concluyó, han generado “una grieta mucho más profunda de la que desde Lima muchas veces podemos ver”.
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El miedo como herramienta electoral
Para María Antonieta Gonzáles, lo que ocurre en esta segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez es, en parte, una continuación de la de 2021. “Todos las elecciones siempre, tanto los candidatos como los medios y algunos grupos, la ciudadanía juegan mucho con los miedos pasados”, señaló. Calificó esa práctica de “problema democrático”: “Cuando el miedo articula el discurso en contra de un candidato, el debate deja de centrarse en las ideas y se convierte en una defensa frente a lo que el adversario dice que el otro representa”.
El paralelo con 2021 tiene, sin embargo, matices. Roberto Sánchez, aunque lleva sombrero y recoge el apoyo de quienes respaldaron a Pedro Castillo, es limeño, psicólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A juicio de la constitucionalista, ello reduce el nivel de temor que generó Castillo en ciertos sectores.
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Lo que sí se repite, afirmó Gonzáles, es la descalificación del elector por su origen, por su nivel educativo o por su lugar de procedencia, una práctica que “termina desconociendo los derechos políticos que tenemos todas y todos”. En 2021, recordó, Castillo representaba a una mayoría que se sentía invisibilizada. Hoy, quienes apoyan a Sánchez Palomino son en gran medida personas que consideran que fue Castillo quien sufrió un golpe, y no al revés. “Es lo que la gran mayoría piensa, sobre todo en la zona del mundo andino y rural”, precisó.
El traslado del voto castillista hacia Sánchez fue determinante para que este pasara a la segunda vuelta. Esto porque en la elección general anterior Juntos por el Perú solo pudo acceder a unos pocos escaños en el Congreso, mientras que ahora es la segunda minoría del nuevo Parlamento.
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Fallas logísticas y las lecciones
María Antonieta Gonzáles reconoció que en toda elección hay fallas logísticas, pero advirtió que las de esta primera vuelta fueron “más visibles porque se desarrollaron principalmente en Lima”. Aun así, estas no tuvieron impacto en la legitimidad del proceso: los observadores electorales certificaron que la elección fue transparente y que los resultados reflejan el voto ciudadano. “Nos guste o no, esos son los resultados y hay que aprender también desde la postura democrática a reconocerlos”, afirmó.

Lo que más le preocupa no son las fallas operativas de la ONPE, sino el uso político que se hace de ellas. Antes de que se desarrollara la primera vuelta, señaló, ya circulaba el relato del fraude. “Ni siquiera se habían desarrollado y ya habían empezado a instalar el relato del fraude”, dijo. Advirtió que esa práctica no es nueva: se repite desde las últimas elecciones y tiene dos consecuencias concretas. La primera, que se normaliza. La segunda, que actúa como “un potencial desestabilizador”.
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La responsabilidad, para Gonzáles, no recae únicamente en los organismos electorales. “El problema no solamente ha sido la ONPE y el Jurado, también son los partidos políticos y los candidatos”, sostuvo. Deslegitimar el resultado adverso, insistió, solo profundiza la división en un país que ya acumula suficientes problemas sociales, económicos, de seguridad y de derechos humanos. De cara a la segunda vuelta, expresó su esperanza de que tanto Keiko Fujimori y Roberto Sánchez “aprendan a respetar” los resultados.
Los desafíos del próximo presidente
Frente a un Congreso bicameral en el que Fuerza Popular es la primera minoría, Gonzáles fue directa: “Todo puede pasar”. Lo que espera, dijo, es “un poco de madurez” de parte de ambos candidatos y la apertura hacia un gabinete de gobernabilidad. La nueva dinámica parlamentaria, con una Cámara de Diputados y un Senado que deberá confirmar las decisiones, hace que los consensos no sean una opción sino una condición. “De lo contrario, nunca se va a poder lograr hacer nada”, advirtió.
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Para la constitucionalista, el ganador de la segunda vuelta no puede darse el lujo de ignorar al otro sector. Ambos candidatos representan a grupos reales de la ciudadanía, y esos grupos deben tener espacio en los mecanismos de gobernabilidad. En ese punto, señaló que Roberto Sánchez ha sabido capitalizar mejor el apoyo de otros grupos que Keiko Fujimori. Muestra de ello es que diversos candidatos expresaron su respaldo al primero desde hace semanas, mientras que Fujimori recién buscó aliados en la última.
Pero más allá del resultado, lo que el país necesita, subrayó, es que quien gane sepa ceder y escuchar: “No podemos seguir teniendo ocho presidentes en diez años. No se puede construir un país de esa manera”.
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La agenda que espera al próximo mandatario es, a su juicio, tan urgente como compleja. Mencionó un fenómeno de El Niño que se anticipa severo, una recesión económica mundial, el asesinato sistemático de defensores ambientales, una crisis climática, y el desfinanciamiento del programa Beca 18. A eso se suman los problemas estructurales de corrupción y seguridad ciudadana, y las llamadas leyes procrimen que la campaña colocó en el debate.
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