ONU exige a Perú que cumpla con informar sobre el caso de Pedro Castillo

Comité de Derechos Humanos otorgó al Estado un nuevo plazo hasta septiembre próximo para que entregue un reporte sobre el cumplimiento de las garantías de un juicio justo contra el exmandatario por el fallido golpe de Estado

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La Justicia de Perú prorroga un año la prisión preventiva de Pedro Castillo por caso de corrupción
La Justicia de Perú prorroga un año la prisión preventiva de Pedro Castillo por caso de corrupción

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido un recordatorio oficial al Estado peruano, otorgándole un nuevo plazo para presentar un informe que debe detallar, entre otros puntos, el cumplimiento de las garantías de un juicio justo en el proceso penal contra el expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

A través de una misiva fechada el pasado 29 de junio, firmada por la relatora especial para el Seguimiento de las Observaciones Finales Yvonne Donders, la ONU advirtió que Perú no cumplió con entregar la documentación exigida para la fecha límite original, el 24 de marzo de 2026.

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“El Comité ha observado que aún no se ha proporcionado la información solicitada y ha decidido enviar un recordatorio al Estado parte. El Comité agradecería recibir la información antes mencionada a más tardar el 24 de septiembre de 2026“, se lee en el documento.

Carta oficial de la ONU con logo y texto en inglés, fechada el 29 de junio de 2026. Un párrafo está resaltado en amarillo, con firma y destinatario al final
El Comité de Derechos Humanos de la ONU envía una carta a la Misión Permanente de Perú en Ginebra, estableciendo un plazo hasta el 24 de septiembre de 2026 para la entrega de información.

El documento de recordatorio fue remitido a la Misión Permanente del Perú en Ginebra, representada por el excanciller Elmer Schialer.

El requerimiento de la ONU tiene su origen en un informe que emitió el Comité de Derechos Humanos en marzo de 2023. En dicho documento, el Comité expresó su preocupación por la crisis política y social desatada tras los hechos del 7 de diciembre de 2022.

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En el párrafo 37 de dicho informe, el organismo internacional exigió a Perú velar por que los procesos de vacancia presidencial respetaran los principios básicos del debido proceso y garantizaran un adecuado sistema de contrapoderes. Además, se exigió al Estado peruano “garantizar que el proceso penal seguido contra Pedro Castillo, actualmente en prisión provisional, se desarrolle con pleno cumplimiento de las garantías propias del derecho a un juicio justo”. Las medidas tomadas al respecto son las que Perú omitió reportar en marzo de este año.

Fragmento de un informe oficial con texto en español sobre la crisis política en Perú, derecho a juicio imparcial y mención a Pedro Castillo
El informe de la ONU sobre Perú de marzo de 2023 formula recomendaciones clave ante la crisis política y social, incluyendo el proceso de vacancia presidencial y el juicio a Pedro Castillo.

Más omisiones del Estado peruano

Cabe destacar que el ultimátum de la ONU no solo abarca el caso de Castillo Terrones. El informe pendiente también debe dar cuenta sobre la implementación de las recomendaciones contenidas en el párrafo 27 del informe de marzo de 2023, referidas al uso de la fuerza por parte de las autoridades en el contexto de manifestaciones, y el párrafo 43, que exige garantizar los derechos, tierras y recursos de las minorías y comunidades indígenas.

La ONU ha solicitado al gobierno peruano que su respuesta se centre exclusivamente en las medidas específicas adoptadas desde la emisión de las observaciones en 2023. La respuesta no podrá exceder las 3.500 palabras.

Debido al próximo cambio de mando, lo más probable es que sea el Gobierno de Keiko Fujimori el que decida si responda o no el recordatorio del organismo internacional.

Pedro Castillo en prisión

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó la apelación de la defensa de Pedro Castillo y ratificó la ampliación de su prisión preventiva por 12 meses, con vencimiento el 8 de marzo de 2027.

El tribunal fundamentó la medida en el riesgo de fuga —su familia reside en México y ese gobierno estaría dispuesto a concederle asilo—, la complejidad de la investigación y la magnitud de la presunta red criminal, que involucra a más de 90 personas, incluidos exministros, en casos de corrupción en Petroperú, Provías Nacional y el Ministerio de Vivienda.

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