¿Perú se quedará sin presidente por 48 horas? Vacío legal y tensiones políticas marcan la sucesión presidencial

La definición del final del mandato de José María Balcázar como presidente de la República ha abierto una nueva controversia jurídica y política en Perú. El exministro y excongresista Juan Sheput afirmó en una reciente entrevista televisiva que el periodo presidencial de Balcázar termina el 26 de julio y no el 28, como se ha sostenido tradicionalmente. Según Sheput, la falta de una norma clara sobre la transición presidencial impide que Balcázar conserve la banda hasta el 28, día en que la entrega correspondería al titular del nuevo Congreso y, eventualmente, al presidente del Senado si se concreta la nueva estructura parlamentaria.

Esta interpretación se inscribe en un contexto de incertidumbre institucional. Sheput sostuvo que, de acuerdo con la normativa vigente, el presidente interino tras la instalación del Congreso sería Miguel Torres, en caso de ser elegido presidente del Legislativo. Este funcionario tendría la responsabilidad de entregar la banda presidencial a quien corresponda en la nueva etapa legislativa. En palabras de Sheput, Balcázar podría acudir el 28 de julio solo como invitado, pero ya fuera del cargo.

El debate surge por la ausencia de una disposición legal explícita que regule este tránsito. Sheput recordó que, tras la crisis de 2000, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo fue modificada para establecer que el presidente del Congreso que asumía la Presidencia de la República debía cesar el 28 de julio. Sin embargo, esa previsión desapareció tras una reforma durante el gobierno aprista, que derogó la norma sin preservar ese artículo, dejando un vacío constitucional y legal.

Un vacío normativo y sus consecuencias en la transición de mando

El origen de este vacío, según Sheput, se encuentra en la derogación de la ley 27508, que regulaba expresamente la duración del mandato del presidente del Congreso en funciones de presidente de la República. La ausencia de una cobertura legal clara genera incertidumbre sobre el momento exacto en que cesa la jefatura de Estado transitoria y quién debe portar la banda presidencial en el acto de transmisión.

Sheput defendió la actuación de María del Carmen Alba en el precedente de Francisco Sagasti, y también consideró válida la posición de Fernando Rospigliosi, aunque cuestionó algunos mensajes suyos por generar confusión. El argumento central es que, al instalarse el nuevo Congreso, el presidente saliente deja de serlo y no puede ingresar al hemiciclo investido como jefe de Estado.

El caso de Valentín Paniagua fue presentado como ejemplo: pudo entregar la banda el 28 de julio porque existía una corrección legal expresa que resolvía la situación. Para Sheput, la diferencia actual reside en que esa cobertura normativa ya no existe, lo que agrava la controversia y expone la fragilidad institucional frente a la ausencia de reglas claras.

Gracia presidencial a Pedro Castillo: un nuevo foco de conflicto

En paralelo al debate sobre la sucesión, Sheput abordó la posibilidad de que José María Balcázar promueva una gracia presidencial para Pedro Castillo, un tema que ha cobrado relevancia en los últimos días. Según el exministro, existe voluntad política de parte de Balcázar para otorgar ese beneficio, hipótesis alimentada por cambios recientes en la Comisión de Gracias Presidenciales y por presiones de sectores vinculados al castillismo.

Durante la entrevista, se mencionó la participación de Tomás Sóldevilla, relacionado con Antauro Humala, como uno de los impulsores de la medida. La presión aumentó después de que un grupo de trabajo de la ONU calificara de arbitraria la detención de Castillo. El experto en derecho penal Gilmar Andía rechazó esta posibilidad, argumentando: “Si yo voy a conceder un indulto, una de las condiciones es el arrepentimiento y la reparación del daño”, requisito que, según su análisis, Castillo no cumple.

Sheput añadió que el ministro de Justicia, Luis Jiménez, no estaría dispuesto a respaldar una decisión de esa naturaleza y advirtió que forzarla podría tener consecuencias penales. Explicó que, aunque el presidente puede iniciar el trámite, la medida debe contar con el aval político del Consejo de Ministros para ser válida. Además, Sheput recordó que Vladimir Cerrón publicó que había sugerido a Balcázar la gracia para Castillo y un salvoconducto para Betssy Chávez, lo que confirma que el asunto dejó de ser solo jurídico y pasó a ser político.

El papel del gabinete y los límites legales frente a la gracia presidencial

De acuerdo con Sheput, si el ministro de Justicia se niega a firmar la resolución, el trámite se detiene. Incluso si se produjera un cambio ministerial de último momento, la maniobra sería contraria al espíritu de la ley, a los precedentes y quedaría expuesta a una eventual revisión judicial. El debate sobre la facultad presidencial para otorgar indultos o gracias se ha intensificado, con voces que insisten en la necesidad de mantener el equilibrio entre poderes y respetar los límites del marco institucional.

El contexto político actual, marcado por la polarización, ha transformado el debate sobre la gracia presidencial en un tema de interés público y mediático. La controversia se suma a otros episodios recientes que han puesto a prueba la fortaleza de los mecanismos de control democrático y la independencia de las instituciones.

La decisión del Tribunal Constitucional sobre Vladimir Cerrón

La entrevista también incluyó la reciente decisión del Tribunal Constitucional de anular la prisión preventiva de 24 meses impuesta a Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. El fallo, adoptado por cuatro de los siete magistrados, permite que Cerrón afronte sus procesos judiciales bajo comparecencia restringida. La resolución dejó en minoría a tres magistrados, entre ellos Pedro Hernández Chávez, quien manifestó su oposición.

Sheput calificó la decisión como un ejemplo más de fallos controvertidos por parte del Tribunal Constitucional. Remarcó que Cerrón, a su juicio, cumplía las condiciones para mantener la prisión preventiva, ya que permaneció prófugo, desafió a la policía y mantuvo su intervención en la vida política. El exministro amplió su crítica al comportamiento reciente del tribunal, al que acusó de acumular decisiones polémicas en casos de alta exposición mediática, entre ellas las que han favorecido a Daniel Urresti y Betssy Chávez.

La resolución sobre Cerrón, junto con el debate sobre la sucesión presidencial y la posible gracia a Castillo, ha elevado la tensión institucional y política en Perú, en un momento en que el país se prepara para una nueva etapa legislativa y la renovación de autoridades.