La decisión económica detrás del voto

En esta segunda vuelta, el voto no solo definirá una conducción política, sino también el tipo de reglas económicas que el país mantendrá o modificará en los próximos años. Desde una perspectiva económica, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, representan dos posiciones claramente opuestas.

Fuerza Popular propone mantener la estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal y la inversión privada. Su programa económico respetaría los aspectos considerados en la Constitución Política del Perú de 1993. Ese marco mantiene el modelo de economía social de mercado, con autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), libertad de inversión privada y pleno respeto a la libertad contractual.

Juntos por el Perú, en cambio, plantea un enfoque estatista, centrado en una mayor redistribución de la riqueza y en la llamada soberanía económica, con un fortalecimiento considerable de la función redistributiva del Estado. Esto probablemente implicaría nuevos impuestos directos y/o un mayor gasto público para cerrar brechas sociales por una vía que podría resultar poco sostenible.

Además, Juntos por el Perú propone desconocer la autonomía del BCRP y disponer de un porcentaje de las reservas internacionales netas, que son el ahorro del país. También plantea revisar contratos mineros y desconocer los contratos ley contemplados en la Constitución. Incluso ha planteado una nueva reforma agraria y, al hablar de la refundación de la nación, propone cambiar la Constitución.

Durante las últimas tres décadas, el principal motor del crecimiento económico nacional ha sido la inversión privada, que es cuatro veces mayor que la inversión pública. A ello se suman las exportaciones tradicionales y no tradicionales impulsadas por la apertura al comercio mundial. Estas exportaciones han permitido acumular, al año 2026, 100 mil millones de dólares en reservas internacionales netas. Ese nivel de reservas es una garantía para mantener bajo el riesgo país y acceder a menores costos financieros.

Cambiar la Constitución pone en riesgo logros económicos de los últimos 30 años: inflación dentro del rango meta —salvo algunos años con shocks negativos de oferta—, tipo de cambio estable, deuda pública cercana al 30% del PBI, déficit fiscal controlado y alto nivel de reservas. Todo ello permitió reducir la pobreza de 54% en 2002 a 20.2% en 2019, y la pobreza extrema a menos de 6%.

Fuerza Popular, por otro lado, debería priorizar la seguridad ciudadana, controlar las mafias del oro que operan a través del Reinfo y enfrentar la tala de árboles. Asimismo, debe preservar los equilibrios macroeconómicos: fiscal, monetario y de deuda pública.

Todos queremos lo mejor para el país. En esta segunda vuelta, corresponde pedir prudencia y veracidad en las propuestas, transparencia y compromiso con el crecimiento económico y con el desarrollo integral y solidario del Perú. Ese compromiso debe asumirse pensando siempre en el bien común y en la construcción de una sociedad más humana.